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MIAMI.- Ponerle fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia resultó más complejo de lo que se esperaba. Cuatro años de negociaciones en La Habana no bastaron y luego de un primer acuerdo, que debió ser revisado tras los resultados negativos de un plebiscito, hoy existe un segundo pacto con las FARC al que todavía le falta un camino por recorrer antes de convertirse en realidad.

El Gobierno de Colombia firmó el jueves pasado el renegociado acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América, en un intento por soslayar el revés sufrido en el plebiscito celebrado el 2 de octubre anterior, pero todavía nadie se declara “vencedor” a la espera de que el Congreso ratifique el trato logrado con los negociadores del movimiento rebelde.

No pasaron 24 horas cuando el acuerdo fue llevado al Congreso, de mayoría oficialista, donde no solo debe aprobarse el texto final sino también marcar las pautas para iniciar el proceso de implementación del mismo, en medio de señalamientos provenientes de la oposición que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El debate en relación al tema de la paz en el órgano legislativo de los colombianos comienza el martes próximo en ambas cámaras, será abierto y televisado, y contará con la participación no solo de congresistas, sino también de víctimas y opositores. Por ende el sendero que aún falta algunos observadores no lo creen “fácil” para el Gobierno.

Uribe, aunque reconoció que hubo mejoras en comparación con el texto inicial, destaca que aún resta cambiar “aspectos sustanciales” y lanzó una idea parecida a la de la realización de un plebiscito, pero esta vez sería a través de un referéndum que revise ciertos puntos del acuerdo final con las FARC sobre los que tiene algunos reparos.

Para el exmandatario, “el país dijo paz, sí, pero sin impunidad. Y aquí continuamos con impunidad total”, dijo en una entrevista en RCN Televisión.

El principal señalamiento de la oposición que ejerce el Centro Democrático (CD), organización política orientada por Uribe, es que el documento revisado sigue permitiendo la posibilidad de que guerrilleros culpables de delitos atroces puedan presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.

Colombianos celebran la paz

Pero pese a los malos augurios de un sector de la sociedad colombiana, en torno a los alcances de la agenda negociada en Cuba, una gran mayoría del país celebró el segundo acuerdo con las FARC.

En una ceremonia sencilla en Bogotá, el Gobierno colombiano y representantes de la organización guerrillera suscribieron el nuevo acuerdo con el que se pretende poner fin a un conflicto interno que ha dejado más de 250.000 muertos en ambos bandos.

El nuevo acuerdo contiene alrededor de 190 ajustes, entre modificaciones y precisiones solicitadas de manera directa e indirecta por quienes votaron por el “No”, y se firmó 53 días después del plebiscito cuyo resultado desfavorable al Gobierno esperaban pocos analistas políticos.

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', se mostró complacido con los alcances del acuerdo definitivo y se aventuró a decir que la guerrilla apoyará para las elecciones de 2018 al candidato presidencial que garantice la vigencia del proceso de paz.

Frente a un nutrido grupo de periodistas internacionales, 'Timochenko' subrayó que el proceso de paz “es un proyecto a largo plazo”. Y acotó: “Consolidar la paz, después de más de 50 años de confrontación, no se va a lograr en unos meses ni en unos años”.

El renegociado acuerdo de paz, consignado en un documento de 310 páginas, es el resultado de nuevas reuniones entre los negociadores de ambos bandos para incluir las 500 propuestas provenientes de distintos sectores sociales y partidos políticos.

“No somos narcotraficantes”

Después de la firma del segundo acuerdo, el comentario de ‘Timochenko’ que más caló entre los colombianos que siguen con detenimiento el avance del proceso de paz, es uno que echa por tierra la relación de esa guerrilla con el narcotráfico.

Según el líder guerrillero, si las FARC fuera “un grupo de narcotraficantes”, habría desaparecido “hace mucho rato”.

Al ser interrogado acerca de cuántos recursos le quedan a las FARC para mantenerse en guerra, si el acuerdo fuese negado por el Congreso, ‘Timochenko’ reconoció que no lo sabe con precisión y que “toca hacer cuentas”.

El tema es de singular importancia porque con esos bienes los guerrilleros deberán reparar a las víctimas del conflicto, según recoge el acuerdo de paz celebrado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC.

Críticas al acuerdo

Una de las revistas de mayor penetración entre los colombianos (Revista Semana) asegura en su último número que una de las organizaciones internacionales más prestigiosas en materia de Derechos Humanos, “bajó del cielo al infierno el acuerdo de paz que suscribieron el Gobierno y las FARC”.

Según ese medio, un ajuste incluido a última hora en el documento final volvió a despertar la inconformidad del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien deploró que el Gobierno haya propiciado la eliminación de un punto del pacto para beneficiar a altos oficiales del Ejército.

Acorde con Vivanco, “el Gobierno derechamente eliminó un párrafo entero del nuevo acuerdo (…) [y esto] responde a las presiones de los altos mandos del Ejército y de ACORE, quienes temen que oficiales activos y retirados puedan ser llamados a rendir cuenta por atrocidades, como los más de tres mil casos de ‘falsos positivos’”.

El escándalo de los “falsos positivos” en Colombia es como se conoce a las revelaciones hechas a finales de 2008 sobre el involucramiento de miembros del Ejército en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate con los grupos alzados en armas.

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