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La crisis política en España tiene un futuro incierto. Aunque el Gobierno español haya tomado las riendas de Cataluña, una vez que su ya expresidente Carles Puigdemont aprobara la declaración unilateral de independencia, el estado aún no las tiene todas consigo.

Puigdemont cometió un gran error declarando la independencia catalana de forma unilateral y sin un apoyo verdadero de la sociedad que quiere representar. Hoy sus fotos y retratos ya fueron retiradas de la mayoría de las instituciones públicas. Sin embargo, la herida sigue abierta y los ánimos caldeados por mucho que el domingo más de un millón de personas haya salido a las calles a apoyar las medidas impuestas por el Gobierno central. Todo se ha precipitado y en poco menos de dos meses habrá elecciones.

Los españoles, incluyendo también a los catalanes, aún están perplejos desde la llamada inconstitucional a la independencia y la intervención de Cataluña por parte del estado. No se sabe qué podría pasar ante la destitución en pleno del Gobierno de la Generalitat, la disolución de su Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas (regionales) para el próximo 21 de diciembre. Son medidas implementadas de un plumazo y con grandilocuencia, acompañadas de la firme intervención de las fuerzas de seguridad catalanas, los mozos de Escuadra (Policía catalana).

El golpe sobre la mesa dado por Mariano Rajoy fue estremecedor al aplicar el artículo 155 siguiendo un riguroso protocolo legal pero profundamente burocrático. Una medida técnica sin precedentes en ningún país o región. Un Gobierno central tomando por completo el mando de una de sus regiones. Los políticos, organismos y empresas españolas, la prensa especializada y las instituciones europeas y presidentes de varios países han tildado la medida de necesaria, pero también instan a la mesura institucional. Debe explicarse que, en paralelo, existe consenso entre la mayoría de los partidos democráticos españoles en que Rajoy ha llegado hasta este precipicio por no atender las buenas prácticas políticas del diálogo. La fracasada reforma del Estatut y la fuerte crisis económica no justifican el abrazo al independentismo de una parte de la ciudadanía de Cataluña porque, al fin y al cabo, la crisis económica cabalga aún por todo el país.

El Gobierno español apagó la llama independentista a base de echar más leña al fuego y ahogarlo. Ya lo había advertido Rajoy, “cuanto peor, mejor”. Ahora, sin las principales funciones del Parlament y descabezado el ejecutivo, el nuevo poder constituyente no podrá prefigurarse en pos de una Cataluña escindida del territorio al que democrática y constitucionalmente pertenece.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, desde su puesto activo de senador socialista, dijo que Rajoy no era el más indicado para convocar las elecciones autonómicas de Cataluña en diciembre. Carles Puigdemont debió convocarlas con la misma firmeza con que citó a un referéndum estrambótico e ilegal sin el mínimo de garantías de transparencia. Después, entre titubeos y presiones internas y externas, siguió adelante con una agenda independentista, que ya tenía el final de sus horas contadas, y a sabiendas de que tal acción traería consigo las presiones actuales, su destitución y la de todo su ejecutivo, además del empeoramiento de la ya crítica situación política y administrativa a la que aboca a un país entero.

Los partidos constitucionalistas se han aferrado a la convocatoria de elecciones del próximo 21 de diciembre como el último asidero para devolver a Cataluña a un estatus verdaderamente democrático. La aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central y la declaración de independencia por parte de la Generalitat ha significado un choque de trenes entre el Estado español y el Gobierno catalán. Un choque sin el respaldo que la lógica política exige, pues ambos podrían haber evitado este momento sentándose a una mesa de diálogo.

Hubo una solución política acorde a los intereses y el independentismo no la aprovechó al parapetarse en el empecinamiento de unos apoyos que se han demostrado exiguos en las últimas horas. La última encuesta aplicada con total legitimidad y rigor reveló esta semana que sólo el 29% de catalanes quiere la independencia de Cataluña como única opción, mientras que el 46% de la población se manifiesta a favor de que Cataluña siga formando parte de España pero con nuevas y garantizadas competencias en exclusiva. Por otro lado solo el 19% desea que Cataluña siga formando parte de España tal como estaba hasta el pasado viernes.

La encuesta demuestra que la convocatoria de elecciones para devolver la normalidad institucional a Cataluña era la opción preferida por la mayoría de los catalanes antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, optara por la activación formal del artículo 155 de la Constitución. Significa que los propios votantes de diciembre ya estaban convencidos de llegar al mismo final del Gobierno, pero sin las medidas traumáticas por las que ahora deben atravesar.

Ante esta situación, uno de los escenarios posibles es que la aplicación del artículo 155 tendrá serios problemas para su puesta en práctica y requerirá un esfuerzo de diálogo y pedagogía suficientes para que los catalanes protagonicen una elecciones serenas en menos de dos meses. Las elecciones podrían ser la oportunidad para que todos opinen libre y democráticamente, devolver el autogobierno y las instituciones autonómicas al conjunto de los catalanes.

La desobediencia civil es un factor que podría pesar en los días futuros, pero según se vio durante las efímeras celebraciones independentistas se esperan actuaciones pacíficas de resistencia que podrían terminar en hartazgo o revival. Serán acciones pacíficas con las que el estado debería ser prudente, pues cualquier error volvería a encender la llama.

Otro escenario bien distinto sería aquel en que el estado español no sepa actuar quirúrgicamente, no hile fino, y termine provocando un conjunto de acciones que sumen más votos a los independentistas el próximo 21 de diciembre, entonces esta sería el cuento de nunca acabar.

El Gobierno español optó por la vía rápida e hizo lo que democráticamente exigía la mayoría de los ciudadanos españoles, parar un proceso ilegal e ilegítimo.

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