MADRID.- La repentina muerte de la senadora española Rita Barberá, que había sido encausada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo de dinero y expulsada de su formación como consecuencia de ello, reabrió en España el debate sobre la corrupción y sobre el trato a los imputados por este tipo de delitos.

El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, en el que Barberá militó durante casi 40 años, sugirió este viernes una "revisión" del acuerdo que firmó con la formación liberal Ciudadanos, por el que ésta apoyó al líder conservador en su investidura como jefe del Gobierno a cambio de una serie de medidas, algunas de ellas contra la corrupción.

El documento recoge que todo dirigente político imputado por este tipo de conductas debe abandonar su cargo público, una línea roja del partido liberal de Albert Rivera en la negociación con el PP. Apenas dos semanas después de la firma del pacto, Barberá fue encausada por el Supremo y presionada para abandonar su partido.

Ahora, este punto del acuerdo suscita dudas en el PP y en el Gobierno, ya que de algún modo se relaciona el trágico final de la senadora, que murió de un infarto el miércoles, con su situación tras haber sido apartada de la formación con la que gobernó durante 24 años la ciudad de Valencia, la tercera más poblada de España.

"Ciudadanos exigió que cualquiera que fuera acusado tuviera que dejar su posición o escaño. Yo creo que el fallecimiento doloroso de Rita Barberá debe hacernos reflexionar sobre ello", dijo el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien recordó el derecho de las personas "a la presunción de inocencia".

En la misma línea se manifestó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quien abogó por "dar una vuelta" al pacto con Ciudadanos. "Hay que hacer una profunda reflexión sobre todo lo que ha sucedido y sobre si vamos por el camino adecuado y correcto", dijo en una entrevista en la televisión pública española.

Desde el Gobierno propusieron consensuar con el resto de partidos el trato que se da a los imputados por corrupción, pero Ciudadanos se mostró firme en su postura y advirtió de las consecuencias "políticas" del posible incumplimiento del acuerdo sellado con los populares.

"Hay un pacto firmado, nosotros hemos cumplido nuestra parte al votar sí en la investidura (de Rajoy) y si el PP decide incumplirlo en cualquiera de sus puntos, ya sea económico o en lucha contra la corrupción, se habrá roto ese pacto", destacó el vicesecretario de la formación liberal, José Manuel Villegas.

La corrupción es actualmente uno de los problemas que más preocupan a los españoles y, desde hace años, el que más perjudica al PP. Rajoy llegó a decir que había hecho más daño a su partido que la crisis económica con la que tuvo que lidiar al llegar al Gobierno en 2011.

Dañada su imagen, y con una victoria electoral en minoría que no le permitía gobernar, las sospechas sobre algunos miembros del PP y los casos de corrupción vinculados a sus siglas, se convirtieron en el principal escollo del conservador para sumar apoyos a su investidura.

En ese contexto, el partido no tuvo más remedio que aceptar algunas de las exigencias de Ciudadanos, convertido en adalid de la lucha contra la corrupción, tras haber aprobado antes un puñado de medidas que algunos tildaron de tibias e insuficientes.

Aunque en un principio el Partido Popular trató de "blindar" a Rita Barberá con su escaño en el Senado, cuando surgieron las primeras sospechas en torno a una posible trama de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia el partido terminó finalmente dando la espalda a la exalcaldesa, que murió en soledad tras años de triunfos electorales y baños de masas.

FUENTE: dpa

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