Unos la aplauden, otros la critican. La firma del gobernador de Florida, Charlie Crist, que pone en vigor una ley destinada a imponen nuevas restricciones a las agencias que gestionan los viajes y envíos de mercancías y bienes a Cuba ha desatado posiciones encontrada en la comunidad cubana del sur de Florida.

La nueva ley requiere a las agencias de viajes más documentos y aumentar las cuotas para los “vendedores de viajes” que venden boletos de viaje hacia países que aparecen en la lista de terroristas.

Autorizadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., las nuevas regulaciones estatales, que entrarán en vigor a partir del 1 de julio, podrían encarecer el costo de los servicios prestados y la organización de viajes a Cuba, según el periódico.

Las nuevas medidas establecen que las agencias ubicadas en Florida deberán depositar bonos por valor de entre 100.000 y 200.000 dólares como requisito para efectuar cualquier operación de envíos a la isla.

Asimismo, las agencias tendrán que pagar honorarios de 2.500 dólares e informar al Gobierno estatal sobre el monto de sus operaciones, el número de viajeros y de las mercancías que se envian a Cuba.

Se trata de un proyecto que incrementa las regulaciones impuestas en 2004 por el presidente Bush, con el objetivo de limitar las visitas y el envío de remesas familiares a la isla.

Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Miami, que se reserva el derecho de llevar el caso ante los tribunales, “básicamente esta ley viola la Constitución estadounidense al poner los intereses del Estado por encima de los del Gobierno federal”.

El proyecto que ahora se convierte en ley (CS/SB1310) fue patrocinado por el representante David Rivera, republicano por Miami y por el senador Carey Baker, republicano por Eustis.

Hace apenas dos semanas, alrededor de 100 personas viajaron desde Miami a ...