Las medidas anunciadas el pasado lunes por la Casa Blanca sobre Cuba me han abierto algunas interrogantes cuyas respuestas esperan el paso de los días por venir. Las comparto con ustedes con el ánimo de añadir elementos al análisis de la realidad política que viven Washington y La Habana.

Ante todo aplaudo la decisión de permitir, sin límites de tiempo o frecuencia, los viajes y el envío de remesas familiares de cubanoamericanos a Cuba. Lo hago con el mismo espíritu con el que me opuse en su momento a las restricciones impuestas en el 2004.

Reitero ahora, como he dicho en otras ocasiones, que ya es tiempo que en materia inmigratoria los cubanos sean tratados como el resto de los caribeños y latinoamericanos. Vale decir, eliminar el privilegio de la Ley de Ajuste y también de las 20,000 visas anuales que se otorgan anualmente a los cubanos. Son dos privilegios que marchan juntos. No sería un trato igualitario eliminar la Ley de Ajuste y mantener para los cubanos un privilegio que los distingue del resto de los caribeños y latinoamericanos. Quede abierto ese privilegio para los refugiados políticos y la reunificación familiar, como establecen las leyes migratorias de Estados Unidos.

Las medidas relacionadas con las telecomunicaciones y los servicios de radio y televisión por satélite de Estados Unidos, merecen algunas consideraciones.

Lo primero es recordar que las compañías norteamericanas de telecomunicaciones mantienen negocios con ETECSA (empresa mixta cubana) para el servicio de llamadas telefónicas directas a Cuba desde 1992.

Así lo autorizó la llamada Ley Torricelli. Hasta entonces, y desde 1964, llamar por teléfono a Cuba desde Estados Unidos era toda una odisea. Durante todo ese período de 28 años, los pagos que correspondían a la empresa estatal cubana, fueron depositados en una cuenta congelada del Chase Manhattan Bank, bajo la custodia de AT & T, cumpliendo las regulaciones del embargo.

Fueron esos los fondos que sirvieron para compensar a los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate, que murieron víctimas de los Migs cubanos en aguas internacionales del Estrecho de la Florida, el 24 de febrero de 1996.

Esa decisión inicial del juez Lawrence King, de la corte federal de Miami, abrió un complejo proceso legal, comercial y político, cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días y que es imposible resumir en este comentario por razones de espacio.

El 20 de octubre del 2000, el gobierno cubano aprobó el Decreto Ley 213, que impuso, como represalia ...