Como en toda nación democrática, independientemente de la posición que ocupe, el ciudadano tiene la obligación de respetar la ley fundamental de la nación. Ese principio de insoslayable cumplimiento ciudadano, pretendió violarlo quien ocupaba la presidencia de la república.

El Tribunal Supremo de Justicia había declarado inconstitucional un referéndum ordenado por el mandatario pero éste, desconociendo la decisión del más alto tribunal de la nación, pretendió realizar el referéndum que ahora calificaba como encuesta de opinión pública.

Desobedecía el Presidente Manuel Zelaya Rosales no sólo la decisión del Tribunal Supremo al que le compete el conocimiento y la resolución en materia de inconstitucionalidad sino actuaba también en desacato a las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que fueron ratificadas por la Corte de Apelaciones confirmando la ilegalidad del proceso de consulta y los actos relacionados con la encuesta sobre cuya ilegalidad se había pronunciado también la Fiscalía General de la República que tiene la representación legal del estado.

Afectado por la crítica el ahora ex-mandatario ordenó la remoción del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Coronel Romeo Vázquez Velázquez y el decomiso en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña del material electoral que allí se mantenía por instrucciones del Tribunal Supremo Electoral.

Todos sabían que con la inconstitucional convocatoria a un referéndum, Zelaya perseguía soslayar la terminante redacción del Artículo 4 de aquella Constitución que textualmente expresa: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”; es decir pretender continuar en el poder es, en Honduras, una traición a la patria.

La ciudadanía, los legisladores, las clases económicas, y los militares se sentían incómodos con la arbitraria determinación de la persona que en aquel momento ocupaba la presidencia de la ...