Arizona apela dictamen sobre su ley migratoria

primera vez que ambas partes “pelean”: muchos estados ya han demandado al Gobierno federal por la puesta en marcha de la reforma de salud, parte de la cual afecta los poderes estatales.

La SB1070 afronta siete demandas, incluyendo la que entabló el Departamento de Justicia con el argumento de que Arizona se atribuye tareas de inmigración que recaen sobre el Gobierno federal.

La Constitución establece en la Décima Enmienda cuáles son los poderes que pertenecen exclusivamente a cada uno de los 50 estados, que gozan de cierta soberanía para algunos asuntos, al tiempo que la “supremacía” de la ley federal sobre las estatales.

Bolton, y varios expertos legales, creen que la Administración Obama ganará el argumento de que las tareas policiales de inmigración recaen únicamente en el Gobierno federal.

El principal autor de la ley, el legislador estatal republicano Russell Pearce, confía en que Arizona ganará el caso.

Randy Pullen, presidente del Partido Republicano de Arizona, considera “irónico” que el Gobierno de Obama acuse al estado de usurpar la autoridad federal “cuando aparentemente el Gobierno ha atropellado la décima enmienda desde el principio”.

La SB1070 entró en vigor hoy, pero sin los elementos más polémicos que le insertó legislatura estatal.

La policía de Arizona no podrá investigar el estatus migratorio de las personas arrestadas sólo en base a sospechas, y tampoco se podrá imponer sanciones criminales a inmigrantes que no porten sus documentos migratorios.

El fallo suspende la creación de una categoría que convierte en un crimen la búsqueda de empleo por parte de indocumentados, como sucede con los jornaleros en sitios públicos.