Arizona apela dictamen sobre su ley migratoria

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se disponía a presentar este jueves una apelación contra la decisión de una juez federal de suspender las partes más polémicas de la ley SB1070 contra la inmigración ilegal, en el marco de una batalla legal que podría llegar hasta el Tribunal Supremo estadounidense.

El miércoles, la juez federal Susan Bolton bloqueó partes esenciales de la ley SB1070 contra los indocumentados en Arizona, y reactivó una lucha constitucional entre la soberanía de los estados y los poderes del Gobierno federal.

Mientras en Arizona se caldeaba el debate sobre la polémica ley, en Washington cientos de niños hispanos manifestaron el miércoles ante la Casa Blanca con sentimientos encontrados, alegres por la “victoria” contra una polémica ley en Arizona, pero pidiendo con firmeza al presidente Barack Obama que detenga las deportaciones que separan familias.

Vistiendo una camiseta que decía “Obama no deportes a mi mamá”, Nathaneal Sandino, nacido en Estados Unidos hace 4 años, manifestó con el resto de los niños hispanos que, como él, tienen lejos a uno de sus padres, inmigrantes ilegales, a causa de la deportación.

“Todavía tengo pesadillas”, dijo el niño, que presenció cuando fue arrestado su padre, Rommel Sandino, lider comunitario en Maryland.

“Estamos aquí con sentimientos mezclados”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de ‘Casa de Maryland’, uno de los organizadores del evento realizado en una plaza frente a la residencia presidencial estadounidense, en el centro de Washington.

“Con alegría porque las principales partes de la legislación (de Arizona) fueron bloqueadas, como el hecho de que la policía arrestaría a la gente sólo por el color de la piel”, dijo Torres.

Cuatro millones de niños ciudadanos de Estados Unidos podrían quedarse solos si sus padres, sin un documento migratorio legal, son deportados, advirtió Torres.

Por su parte, Paul Senseman, un portavoz de Brewer, dijo que el Gobierno de Arizona pedirá al noveno tribunal de apelaciones que revoque el dictamen de Bolton y agilice su revisión del caso.

Brewer, que busca la reelección este año, dijo el miércoles que llevará el caso hasta el Tribunal Supremo de ser necesario.

“Esta lucha está lejos de terminar. De hecho, apenas comienza, y al cabo de lo que con seguridad será una larga batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho a proteger a nuestros ciudadanos”, dijo Brewer en un comunicado.

No es la primera vez que ambas partes “pelean”: muchos estados ya han demandado al Gobierno federal por la puesta en marcha de la reforma de salud, parte de la cual afecta los poderes estatales.

La SB1070 afronta siete demandas, incluyendo la que entabló el Departamento de Justicia con el argumento de que Arizona se atribuye tareas de inmigración que recaen sobre el Gobierno federal.

La Constitución establece en la Décima Enmienda cuáles son los poderes que pertenecen exclusivamente a cada uno de los 50 estados, que gozan de cierta soberanía para algunos asuntos, al tiempo que la “supremacía” de la ley federal sobre las estatales.

Bolton, y varios expertos legales, creen que la Administración Obama ganará el argumento de que las tareas policiales de inmigración recaen únicamente en el Gobierno federal.

El principal autor de la ley, el legislador estatal republicano Russell Pearce, confía en que Arizona ganará el caso.

Randy Pullen, presidente del Partido Republicano de Arizona, considera “irónico” que el Gobierno de Obama acuse al estado de usurpar la autoridad federal “cuando aparentemente el Gobierno ha atropellado la décima enmienda desde el principio”.

La SB1070 entró en vigor hoy, pero sin los elementos más polémicos que le insertó legislatura estatal.

La policía de Arizona no podrá investigar el estatus migratorio de las personas arrestadas sólo en base a sospechas, y tampoco se podrá imponer sanciones criminales a inmigrantes que no porten sus documentos migratorios.

El fallo suspende la creación de una categoría que convierte en un crimen la búsqueda de empleo por parte de indocumentados, como sucede con los jornaleros en sitios públicos.