Legislador de Utah propone no reconocer ciudadanía de hijos de indocumentados

Un legislador de Utah anunció que presentará un proyecto de ley para que no se reconozca automáticamente como estadounidenses a los niños nacidos en este estado de padres indocumentados y evitar así que reciban servicios pagados por los contribuyentes.

En rueda de prensa este lunes en el Capitolio en Salt Lake City, Paul Ray, republicano de Clearfield, puntualizó que su propuesta buscará que Utah pida que se modifique la Enmienda 14 de la constitución nacional que le otorga la ciudadanía a toda persona nacida dentro del territorio de este país.

“Necesitamos terminar con los incentivos que hacen que las personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. (Mi propuesta) no parece muy compasiva. Parece dura. Pero en algún momento necesitamos trazar una línea en la arena y decir que lo ilegal es ilegal y que no vamos a darles más dinero”, declaró Ray.

El legislador basó su decisión en un reporte de la Oficina Legislativa de Análisis Fiscal que indica que en el año fiscal 2009-2010 Utah destinó 63,5 millones de dólares a programas de salud para hijos de indocumentados, el doble que hace dos años.

De ese monto, dijo Ray, casi 39 millones fueron para cupones de comida, 16 millones para servicios médicos, 2,7 millones para programas de ayuda social y 8 millones para administrar esos servicios.

Según el legislador, “esos números son conservadores y verificables” y no incluyen otros millonarios gastos como la educación de los niños de padres indocumentados o las visitas a las salas de emergencia de los hospitales.

Por eso, dijo, otra de sus propuestas para la sesión legislativa de 2011 será un proyecto de ley para que se recojan los datos necesarios para analizar el impacto fiscal de la presencia de hijos de indocumentados en Utah.

Ray explicó que se decidió a gestionar su proyecto de ley después de que el gobernador de Utah, Gary Herbert, declarase la semana pasada que “se inclinaba” a pedir que se modifique la Enmienda 14 y después que en varias reuniones comunitarias los participantes le pidiesen información sobre “cómo los inmigrantes indocumentados y sus hijos dañan a nuestro estado”.

Ray también basó su decisión en un reciente reporte del Centro Hispano Pew que afirma que un ocho por ciento de todos los niños nacidos en Estados Unidos son hijos de indocumentados.

El mismo centro estima que hasta 110.000 indocumentados vivirían en Utah, aunque según un análisis hecho en diciembre de 2009 por el Departamento de Economía de la Universidad de Utah esa cifra podría ser significativamente menor.

Ray reconoció que, según las leyes vigentes, los niños de padres indocumentados son ciudadanos de Estados Unidos, sin importar la situación migratoria de sus padres, y por eso tienen derecho a los servicios que reciben.

Y también reconoció que el gobierno federal aporta un 80 por ciento de los 63,5 millones de dólares que Utah emplea para servicios sociales para niños. Pero, dijo, esos fondos “siguen siendo dinero de los contribuyentes”.

“No podemos seguir pagando por gente que viene aquí ilegalmente”, afirmó.

La propuesta de Ray forma parte de un paquete de medidas migratorias impulsadas por el representante estatal Steve Sandstrom, republicano de Orem, para implementar en Utah una versión local de la ley SB1070 de Arizona.

Ray enfatizó que su proyecto, de aprobarse, “tendrá el carácter de resolución y carecerá de fuerza de ley”, pero “será un llamado al Congreso para que apruebe una enmienda anulando el derecho a la ciudadanía”.

Por su parte, Frank Cordova, presidente del Centro Cívico Mexicano de Utah, consideró que la propuesta de Ray es “otro acto de racismo y una pérdida de tiempo”.

Cordova pidió que los legisladores “se concentren en temas como la educación y los trabajos”, y advirtió que la iniciativa de Ray “no caerá bien” en la comunidad latina, ya que se la verá como “un ataque contra cualquiera que tenga un aspecto diferente”.

Ray negó la acusación de racismo, indicando que su iniciativa se debe a que “duele el corazón al tener que recortar servicios para las personas incapacitadas de nuestra comunidad a la vez que la ley federal nos obliga a destinar dinero para el bienestar de personas que no están legalmente en el país”.