Publicado el 01-24-2012
La obligatoriedad viola
la libertad de conciencia
Por Arzobispo Thomas Wenski, Arquidiócesis de Miami
La obligatoriedad de incluir los anticonceptivos impuesta a los planes de salud por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) viola la libertad de conciencia, que está garantizada por la Primera Enmienda y varias leyes federales. Obligarnos a todos a adquirir cobertura para la esterilización y el uso de anticonceptivos, incluyendo medicamentos que inducen el aborto, es una incursión radical en la libertad de conciencia.
El HHS creó esta obligatoriedad después que el Congreso le pidió que elaborara una lista de los servicios que todos los planes de salud deben proporcionar sin co-pago. Si dicha obligatoriedad se hubiera referido a la prevención de enfermedades como el cáncer de seno, las enfermedades de transmisión sexual y la diabetes gestacional, sería inobjetable. Pero el embarazo no es una enfermedad, ni la fertilidad es una patología. Sin embargo, el HHS se encargó de incluir la esterilización, los anticonceptivos y los medicamentos para inducir el aborto, sin ofrecer una verdadera exención de conciencia.
Incluso los estados con obligatoriedades similares tienen una exención de conciencia más amplia, o al menos permiten que los empleadores se autoaseguren o elijan un plan sin cobertura de medicamentos recetados, si tienen una objeción de conciencia a la suscripción del aborto, los anticonceptivos y la esterilización. Esta obligatoriedad fuerza prácticamente a todos los planes de seguros a ofrecer tales servicios.
Todas las personas merecen acceso a una atención básica de salud que afirme la vida, y se supone que la reforma de la atención médica debe servir a ese objetivo. El efecto de esta obligatoriedad es todo lo contrario, ya que presiona a las organizaciones a que abandonen por completo su plan de cobertura de salud para los empleados y otros, si tienen una objeción moral o religiosa a estos puntos en particular.
En una decisión muy importante en defensa de la libertad religiosa, la Corte Suprema dictaminó recientemente por unanimidad, en el caso de Hosanna-Tabor contra el intento del gobierno de Obama de limitar la “dispensa ministerial” que protege a las instituciones religiosas de que el gobierno interfiera en sus decisiones de contratación. A pesar de ello, la Administración se muestra sorda, no sólo a las deliberaciones razonadas de los magistrados de la Corte, sino también a los miles de ciudadanos que presentaron sus observaciones antes de la emisión de esta obligatoriedad.
Nunca antes en la historia de los Estados Unidos, el gobierno federal había obligado a los ciudadanos a comprar directamente lo que viola sus creencias. Si la Administración no anula esta violación de la Primera Enmienda, el Congreso debe hacerlo. Como Thomas Jefferson escribió en 1809: “Nada de lo dispuesto en nuestra Constitución debe ser más querido para el hombre, que lo que protege los derechos de conciencia en contra de las acciones de la autoridad civil”.
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