Publicado el 02-08-2012
Crece debate sobre
orden federal
Servicio Diario Las Américas
Aumenta la tensión entre los católicos en Florida y la Presidencia de la nación sobre el pedido que prácticamente requiere que todos los empleadores, incluyendo a la Iglesia Católica y sus dependencias, asistan en el control de la natalidad o proceso de esterilización. Situación que tiene a líderes religiosos al frente de un llamado público que pide suspender la orden federal o llevar el caso al tribunal supremo en busca de la suspensión.
“Si la orden persiste, la Casa Blanca habrá dejado a un lado la Primera Enmienda de la Constitución y negado a los católicos el primer y más fundamental derecho que es la libertad de religión”, manifestaba el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, hace unos días.
“No podemos, ni lo haremos, cumplir con esta orden injusta”, agregaba el prelado del sur de Florida.
No obstante, el presidente Barack H. Obama acaba de dar una señal de condescendencia. Señal que, según afirman algunos analistas, parece estar destinada a calmar los ánimos en tiempo de elección presidencial.
De hecho, miembros del equipo de reelección han manifestado que la Presidencia busca una solución para liberar la preocupación de los católicos sobre el control de natalidad que violaría su creencia religiosa.
Por otra parte, la propuesta presentada por el senador Marco Rubio el pasado 30 de enero gana adeptos en el Senado de la Nación. Proposición que tiene por nombre The Religious Freedom Restoration Act, o Acta por la Restauración de la Libertad de Religión, que autorizaría a organizaciones religiosas incumplir si sienten que la orden obligatoria va en contra de sus creencias.
“Esperamos presentar la propuesta a votación pronto y obtener el apoyo de los líderes”, manifestaba Alex Conant, vocero del senador Rubio. “Pero antes de presentarlo, nuestra esperanza es dar luz al asunto y estimular a la administración (de Obama) revocar la decisión antes que tengamos que llegar a una votación”, agregaba.
“Obviamente, hay instituciones religiosas que proveen el servicio de una manera voluntaria”, explicaba el vocero. “No se trata de evitar que lo hagan, sino de defender el derecho de tomar decisiones sin la ingerencia del gobierno federal en estos asuntos”, concluía.
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