Publicado el 02-08-2012
Reo guatemalteco hace cambiar políticas de una cárcel en EEUU
Por MATT VOLZ
HELENA, Montana (AP)
Las autoridades carcelarias de Montana contratarán servicios de traducción para revisar las cartas en español a reclusos hispanos tras la demanda de un guatemalteco contra la política postal de la prisión en la que está recluido.
El Departamento Correccional del estado también ha emprendido una ulterior revisión y corrección de sus procedimientos operativos después de que los modificara en diciembre.
Los cambios ocurren en momentos en que tienen lugar conversaciones para lograr un arreglo en torno a la demanda que presentó a favor del preso William Díaz Wassmer la oficina en Montana de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
El recluso asegura que la prisión en la que se encuentra le ha retenido, en forma inconstitucional, las cartas escritas en español que le han enviado parientes y amigos.
En un documento presentado ante la corte para ponerla al tanto de las conversaciones tendentes al arreglo, la abogada del Departamento Correccional, Colleen Ambrose, informó de los cambios a la política sobre la correspondencia postal dirigida a los presos y de las negociaciones sostenidas para contratar el servicio de traducción.
Ambrose dijo que es necesario más tiempo para concretar los cambios y alcanzar un acuerdo con el demandante.
Antes, el juez magistrado federal Keith Strong había fijado a ambas partes el 9 de marzo como plazo definitivo para que llegaran a un arreglo. Strong consideró suficiente el plazo para que las partes discutan y alcancen un acuerdo, y señaló que no aceptará ninguna ampliación al mismo.
En su informe, Ambrose no detalla el tipo de contrato que se negocia para el servicio de la traducción de la correspondencia postal y sólo menciona que será gente de afuera, que trabajará “solamente cuando se le solicite”.
Las autoridades de la prisión han emprendido la revisión y corrección de sus procedimientos operativos en torno a la correspondencia y las publicaciones “para resolver las preocupaciones del demandante”.
El portavoz correccional Bob Anez dijo el 26 de enero que la revisión de la política es una de las varias emprendidas en la prisión tras la llegada del nuevo director de la prisión, Leroy Kirkegard, a quien se contrató en octubre.
Jon Ellingson, director jurídico de la ACLU, afirmó que las negociaciones para el arreglo están completadas “en más de un 90%” y que las conversaciones actuales se enfocan en la afinación de los detalles.
El guatemalteco Díaz Wassmer fue declarado culpable en 2007 de incendio provocado, robo y homicidio intencional.
El centroamericano afirma que la prisión le violó sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la protección igualitaria al retenerle las cartas que le enviaban parientes y amigos, los cuales tienen limitaciones para leer o escribir en inglés.
Los fiscales estatales habían descartado previamente la existencia de una política discriminatoria en torno al correo postal de los internos en la prisión de Deer Lodge.
Todo correo que llegue debe ser revisado como medida de seguridad y protección, y cualquier carta escrita en código u otro lenguaje que no entienda el personal de la prisión será devuelta al remitente, de acuerdo con la política original de la prisión para la correspondencia postal.
Un empleado revisaba antes, de manera voluntaria, las cartas escritas en español dirigidas a los reclusos, pero esa persona se ha jubilado, dijeron las autoridades de esa cárcel en documentos presentados ante la corte.
El 12 de diciembre, la prisión dio a conocer una versión revisada de su política para atender la traducción de las cartas.
Según la nueva política, la entrega de las cartas escritas en otro idioma que no sea inglés “podría tardar 20 días adicionales para facilitar la traducción y revisión de los contenidos”.
Si la traducción de las cartas es imposible antes de 20 días, se considerará a la correspondencia inviable para entrega, de acuerdo con la política.
Se desconoce que cambios adicionales a la política están siendo negociados, pero Ellingson dijo que era inaceptable la provisión de la demora adicional de los 20 días y demandó una modificación al respecto.
Ellingson reconoció que el servicio de traducción que se negocia es de español a inglés, aunque afirmó que un arreglo podría incluir a los presos que hablan otros idiomas.
“Confío en que si avanzamos en esta dirección con los reclusos que hablan español, estableceremos el derecho a la comunicación de los presos que tienen otro idioma”, apuntó.
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