Precaria situación de derechos en Venezuela

Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez

RESUMEN

En 2008, Human Rights Watch publicó Una Década de Chávez, un informe de 267 páginas que documentó cómo el gobierno del Presidente Hugo Chávez había desperdiciado una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas del país y afianzar la protección de los derechos humanos en Venezuela. Después de sancionar en 1999 una nueva Constitución que consagraba numerosas garantías en materia de derechos humanos —y de superar un breve golpe de estado en 2002—, el Presidente Chávez y sus partidarios se dedicaron a concentrar el poder, tomando el control del Tribunal Supremo de Justicia y limitando la posibilidad de que periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos ejercieran derechos fundamentales.

El informe de 2008, que fue presentado en una conferencia de prensa en Caracas, incluyó

recomendaciones detalladas que el gobierno venezolano podía adoptar para hacer valer el

potencial en derechos humanos de la Constitución de 1999. La respuesta del Presidente

Chávez fue detener a los representantes de Human Rights Watch y expulsarlos

inmediatamente del país.

Desde entonces, la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha tornado aún

más precaria. La mayoría chavista en la Asamblea Nacional ha sancionado leyes que

amplían las facultades del gobierno para limitar la libertad de expresión y castigar a sus

opositores. Y el Tribunal Supremo de Justicia —que, en 2010, fue renovado con integrantes

afines al gobierno de Chávez— ha rechazado expresamente el principio de que el Poder

Judicial debería actuar como un control independiente del poder presidencial y, junto con

el presidente, desestima la autoridad del sistema interamericano de derechos humanos.

La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de garantías institucionales y el

deterioro de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Chávez vía

libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a los venezolanos que critican al

presidente o interfieren en su agenda política. En los últimos cuatro años, el Presidente

Chávez y sus partidarios han usado estas facultades en una variedad de casos, como los

siguientes:



Después de que la Jueza María Lourdes Afiuni otorgara en diciembre de 2009 libertad

condicional a un crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante

casi tres años, acusado de corrupción, el Presidente Chávez la calificó de “bandida” y

afirmó que debía recibir una pena de “30 años” de prisión. Si bien la decisión de

Afiuni cumplía con una recomendación de un grupo de trabajo de derechos humanos

de la ONU —y era consistente con la legislación venezolana—, la Jueza Afiuni fue

inmediatamente arrestada y un juez provisorio que había expresado públicamente su

lealtad al Presidente Chávez ordenó que prosiguiera el caso penal en su contra. (En el

sitio web del partido político del presidente, el juez escribió: “[p]or la revolución doy la

vida” y “[n]unca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante”). Afiuni

pasó más de un año en la cárcel en prisión preventiva, en condiciones deplorables y

junto con otras presas condenadas (incluyendo a muchas a quienes ella misma había

condenado) que la amenazaron de muerte en reiteradas oportunidades. Ante las

críticas cada vez más notorias por parte de organismos internacionales de derechos

humanos, Afiuni fue autorizada en febrero de 2011 a permanecer en arresto

domiciliario, donde actualmente espera a ser juzgada.

Después de que el periódico semanal 6to Poder publicara en agosto de 2011 un

artículo satírico en el cual seis funcionarias de alto rango —incluida la fiscal general y

la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia— aparecían como bailarinas de un

cabaret llamado “La Revolución”, dirigido por “Mr. Chávez”, las seis funcionarias

solicitaron que se iniciara una investigación penal y que el periódico fuera cerrado. Al

cabo de algunas horas, se dictaron órdenes de detención contra la directora del

periódico, Dinora Girón, y su presidente, Leocenis García, acusados de “instigación al

odio”. Girón fue detenida al día siguiente, permaneció bajo arresto durante dos días y

luego le otorgaron libertad condicional. García permaneció oculto un tiempo, pero la

semana siguiente se entregó a las autoridades. Estuvo preso durante dos meses y

luego le otorgaron libertad condicional. Al momento de la redacción del presente

informe, Girón y García permanecen sujetos a investigación penal mientras sigue

pendiente el juicio en su contra. Existe una orden judicial vigente que ordena al

periódico abstenerse de publicar textos o imágenes que “se constituyan en una ofensa

y/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los Poderes Públicos,

y cuyo objeto sea exponerlos al desprecio o al odio público”.



Después de que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel apareciera en

mayo de 2010 en un programa de televisión denunciando que militares de alto rango

eran miembros del partido político de Chávez (una práctica prohibida por la

Constitución venezolana), fue acusada en la televisión estatal de ser “agente de la

CIA” y de “hacer llamados a la insurrección”, y en la revista oficial de las Fuerzas

Armadas de intentar fomentar un golpe de estado en Venezuela. Además, la

organización que dirige, Control Ciudadano, fue mencionada —junto con otras

importantes ONGs— en una denuncia penal presentada por varias agrupaciones de

jóvenes que apoyan al partido político de Chávez. La denuncia acusaba a las

organizaciones de cometer “traición” por haber recibido fondos de Estados Unidos.

Luego de estos incidentes, San Miguel recibió reiteradas amenazas por parte de

personas no identificadas. Si bien desconoce el origen de esas amenazas, considera

que las denuncias en los medios de comunicación oficiales la han vuelto más

vulnerable a este tipo de actos de intimidación.

Después de que el canal de televisión más antiguo de Venezuela, RCTV, transmitiera un

video en noviembre de 2006 en el cual aparecía el ministro de energía de Chávez

diciéndoles a los empleados de la compañía petrolera estatal que, si no apoyaban al

presidente, debían renunciar a sus trabajos, Chávez advirtió públicamente a RCTV y a

otros canales que podrían perder sus concesiones. (El presidente ya había proferido

esta amenaza en muchas otras ocasiones cuando los canales transmitían contenidos

críticos del gobierno). Un mes más tarde, el presidente anunció su decisión (unilateral)

de que RCTV dejaría de ser “tolerada” en las señales de aire públicas una vez que se

venciera su concesión al año siguiente. RCTV dejó de transmitir en frecuencias abiertas

en mayo de 2007, pero continuó como un canal de cable. Desde entonces, el gobierno

ha empleado sus facultades regulatorias para eliminar a RCTV también de la televisión

por cable. En enero de 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

determinó que RCTV era un “productor nacional audiovisual” y se encontraba, por lo

tanto, sujeto a una serie de normas sobre radiodifusión recientemente adoptadas.

Unos días más tarde, el ministro de comunicaciones de Chávez amenazó con iniciar

investigaciones administrativas contra las cableoperadoras que transmitieran canales

que no cumplieran con las nuevas normas. Como respuesta a esta situación, las

cableoperadoras interrumpieron la transmisión de RCTV Internacional. Desde ese

momento, los reiterados esfuerzos de RCTV por volver a registrarse ante CONATEL como





un canal de cable han sido infructuosos. En la actualidad, RCTV sólo puede verse por

internet y ya no cuenta con un espacio de noticias por falta de fondos para producirlo.

Después de que Globovisión, el único canal de televisión crítico del gobierno con

alcance nacional que queda en el país, brindara una extensa cobertura de un motín

carcelario que tuvo lugar en junio de 2011 —transmitiendo numerosas entrevistas a

familiares sumamente preocupados que manifestaban que las fuerzas de seguridad

estaban matando a los presos—, el Presidente Chávez respondió acusando al canal de

“incendi[ar] un país... con la única intención de derrocar a este gobierno”. Poco

después, CONATEL inició una investigación administrativa por la cobertura de

Globovisión de estos hechos de violencia. En octubre, determinó que el canal había

“promov[ido] el odio por razones políticas y foment[ado] la zozobra en la ciudadanía”, y

le impuso una multa de US$ 2,1 millones, que es equivalente al 7,5 por ciento de los

ingresos obtenidos por la compañía en 2010. En la actualidad, existen otras seis

investigaciones administrativas pendientes contra Globovisión; una de ellas por

señalar que el gobierno no brindó al público información básica después de un

terremoto y otra por transmitir imágenes de un candidato político de la oposición

criticando a la autoridad electoral por demorar la divulgación de los resultados de

elecciones locales. En virtud de la Ley de Responsabilidad Social sancionada por el

Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional, una segunda decisión

administrativa contra Globovisión podría tener como resultado otra multa millonaria, la

suspensión de la transmisión del canal o la revocación de su habilitación y concesión.

Después de que Oswaldo Álvarez Paz, un político opositor, apareciera en el principal

programa de entrevistas políticas de Globovisión en marzo de 2010 comentando acerca

de acusaciones públicas sobre el incremento del tráfico de drogas en Venezuela y sobre

una sentencia judicial de España que se refería a una posible colaboración entre el

gobierno venezolano y las guerrillas colombianas, el grupo separatista vasco ETA y

otros grupos “terroristas”, el Presidente Chávez respondió, en cadena nacional, que

estos comentarios “no se p[odían] permitir” e instó a los demás poderes del gobierno a

“actuar”. Dos semanas más tarde, Álvarez Paz fue detenido y acusado de que sus

comentarios, que difundieron “informaciones evidentemente falsas”, habían causado

un “infundado temor” en la población. Álvarez Paz permaneció en prisión preventiva

durante casi dos meses y luego se le otorgó libertad condicional. Su juicio finalizó en

julio de 2011, cuando el tribunal lo declaró culpable y le impuso una condena de dos

años de prisión. El juez le permitió a Álvarez Paz cumplir su pena en libertad

condicional, pero le prohibió salir del país sin autorización judicial.

Estos casos de alto perfil —junto con otros documentados en este informe— han tenido un

impacto no solo en aquellas personas o grupos directamente afectados, sino también en

muchos otros venezolanos contra quienes estas acciones no fueron dirigidas

específicamente. Para jueces, periodistas, medios de comunicación y defensores de

derechos humanos en particular, las acciones del gobierno han enviado un mensaje claro:

el Presidente y sus seguidores están dispuestos (y cuentan con los poderes para hacerlo)

a castigar a quienes desafían u obstruyen sus objetivos políticos. A pesar de que muchos

venezolanos continúan criticando al gobierno, la idea de tener que enfrentar represalias

similares —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha menoscabado la

capacidad de los jueces de decidir con independencia casos políticamente sensibles, y ha

obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de

publicar información y opiniones que son críticas del gobierno.

Los tribunales

Una Década de Chávez documentó cómo el Presidente Chávez y sus partidarios lograron el

copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, cuando aumentaron de 20

a 32 el número de integrantes del más alto tribunal y designaron a partidarios del gobierno

en estos nuevos cargos. Este Tribunal Supremo de Justicia afín al gobierno renunció, en la

práctica, a su responsabilidad de proteger derechos fundamentales en casos resonados

relacionados con medios de comunicación y organizaciones sindicales.

Desde entonces, el Presidente Chávez y sus partidarios han adoptado medidas drásticas

para conservar su control político del Poder Judicial. Tras las elecciones legislativas de

2010, en las cuales el partido del gobierno perdió su amplia mayoría en la Asamblea

Nacional, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el

proceso de designación de magistrados y a renovar la conformación del Tribunal Supremo

de Justicia con miembros afines al gobierno, antes de que los legisladores de la oposición

pudieran ocupar sus bancas.

En los últimos años, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado

notablemente, ya que sus miembros han rechazado abiertamente el principio de

separación de poderes y han expresado públicamente su compromiso con promover la

agenda política del Presidente Chávez. Este compromiso político se ha reflejado en sus

sentencias, que en reiteradas oportunidades han validado la indiferencia del gobierno

frente a sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos.

El ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido la

detención de la Jueza María Lourdes Afiuni, que ha tenido un profundo impacto en los

jueces de tribunales inferiores. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo de

Justicia en 2004, los jueces se han mostrado cautos al dictar sentencias que puedan

disgustar al gobierno de Chávez. Sin embargo, mientras que en el pasado temían perder

sus empleos, ahora temen, además, ser juzgados penalmente por cumplir la ley.

Además de neutralizar al poder judicial como garante de derechos, el gobierno de Chávez

ha rechazado la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No ha implementado las decisiones

vinculantes de la corte y ha impedido a la comisión realizar visitas in loco a Venezuela

para monitorear la situación de los derechos humanos en el país (una actividad que la

comisión realiza hace años en países de toda la región). Tanto el Presidente Chávez como

el Tribunal Supremo de Justicia han manifestado su intención de que Venezuela se retire

del sistema interamericano, una decisión que privaría a los venezolanos de la posibilidad

de acudir a un mecanismo externo que, durante años, ha sido para los países de toda la

región el recurso más importante para procurar reparar abusos ante la inacción de los

tribunales nacionales.

Los medios de comunicación

Una Década de Chávez documentó cómo el Presidente Chávez y sus partidarios en la

Asamblea Nacional han debilitado la libertad de expresión a través de leyes y políticas

que apuntan a redefinir el contenido de los medios y su control. Desde entonces, el

gobierno de Chávez ha ampliado aún más su poder y lo ha ejercido en forma abusiva para

censurar a sus críticos.

En diciembre de 2010, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional modificó la Ley de

Responsabilidad Social de 2004 para que las restricciones existentes a la libertad de

expresión se apliquen también a Internet. También incluyó nuevas restricciones,

incluyendo la prohibición de transmitir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía

o alteren el orden público”, y le otorgó a CONATEL poderes más amplios para sancionar a

las emisoras de radio y TV y a los medios electrónicos que las violan. Además, la Asamblea

Nacional adoptó legislación permitiéndole a CONATEL suspender o revocar las concesiones

cuando considera que tal decisión es “conveniente a los intereses de la Nación”.

Los partidarios de Chávez intentaron justificar su actuación indicando que se trata de

iniciativas para “democratizar” los medios de comunicación del país. Sin embargo, en

lugar de promover el pluralismo, el gobierno de Chávez ha utilizado sus facultades

regulatorias para aumentar la cantidad de medios de comunicación oficialistas y ha

reducido, al mismo tiempo, la disponibilidad de aquellos que ofrecen una programación

crítica del gobierno.

Si bien el gobierno ha promovido activamente la existencia de radios comunitarias, lo cual

ha brindado nuevas posibilidades de expresión pública a residentes de muchas

comunidades de bajos recursos, incluso esta importante iniciativa ha sido utilizada por el

gobierno con fines claramente partidarios.

El gobierno también ha ampliado el número de canales de televisión estatales —

anteriormente existía uno y en la actualidad son seis— y todos ellos mantienen una línea

editorial favorable al gobierno. Mientras tanto, ha adoptado medidas agresivas contra

canales privados. Después de haber sido eliminado arbitrariamente de la señal de aire

pública en 2007, RCTV, el canal de televisión privado más antiguo de Venezuela, también

fue obligado por el gobierno a salir del cable, dejando a Globovisión como el único canal

de amplia cobertura que aún mantiene una postura crítica de la actuación del Presidente

Chávez. El gobierno inició procedimientos administrativos contra Globovisión, que

podrían llevar a su suspensión o cierre, e inició acciones penales contra el presidente del

canal, uno de sus principales propietarios y un comentarista invitado, luego de que

emitieran declaraciones públicas críticas del gobierno.

Además, el gobierno también ha procurado aplicar sanciones o censurar a medios de

comunicación por su cobertura crítica de la respuesta del gobierno a temas tales como la

contaminación del agua, la violencia en el país, un motín carcelario y un terremoto, así

como por una serie de avisos políticos en defensa de la propiedad privada, una sátira

periodística en la cual se mostraba a funcionarias de alto rango como bailarinas de un

cabaret dirigido por Chávez, y una telenovela colombiana en la cual un personaje llamado

Venezuela, que perdía a su perro llamado “Huguito”, le preguntaba a su novio “¿Qué va a

ser de Venezuela sin su Huguito?” y él le respondía: “Vas a ser libre, Venezuela”.

La sanción y la censura de los medios de comunicación han tenido un fuerte impacto

sobre las emisoras de radio y televisión y los periodistas. Si bien todavía es habitual que

la prensa escrita, Globovisión y algunos otros medios critiquen fuertemente al gobierno, el

temor a sufrir represalias por parte del gobierno ha llevado a que la autocensura se

convierta en un serio problema en el país.

Defensores de derechos humanos

Una Década de Chávez documentó cómo el Presidente Chávez y sus partidarios habían

intentado activamente desacreditar a defensores de derechos humanos en Venezuela

acusándolos de recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos para socavar la democracia

en el país.

Si bien es cierto que algunas ONG de derechos humanos venezolanas (aunque no todas)

han recibido financiamiento otorgado por fuentes estadounidenses —una práctica común

entre las ONG independientes en toda América Latina—, no existen pruebas creíbles de

que la independencia y la integridad de su trabajo a favor de los derechos humanos en

Venezuela se hayan visto comprometidas como resultado del financiamiento internacional.

(De hecho, las principales organizaciones de derechos humanos venezolanas reciben

mucho más financiamiento de fuentes europeas que de fuentes de Estados Unidos).

Sin embargo, estos esfuerzos por desacreditar a los defensores de derechos humanos se

han intensificado y tienen consecuencias cada vez más graves, ya que los partidarios de

Chávez han incrementado la capacidad del Estado de sancionar a ONGs que reciben

financiamiento del exterior. En julio de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia determinó

que los individuos u organizaciones que recibieran financiamiento internacional podrían

ser juzgados por “traición”, de acuerdo con una disposición del Código Penal que prevé una pena de prisión de hasta 15 años. Además, en diciembre de 2010, la Asamblea

Nacional sancionó la “Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación

Nacional” que impide a las organizaciones dedicadas a la “defensa de derechos políticos”

o a “ejercer control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional, e

impone severas multas a las organizaciones que inviten a extranjeros que emitan

opiniones que “ofendan” a las instituciones de gobierno. Si bien es razonable que, con el

fin de promover mayor transparencia, los gobiernos puedan regular el financiamiento del

exterior que reciben las organizaciones de la sociedad civil, estas normas exceden

claramente las formas legítimas de rendición de cuentas y de regulación.

Además, mientras que, por un lado, el gobierno de Chávez alega promover la

transparencia para la sociedad civil, por el otro, ha sancionado normas que restringen

drásticamente el derecho del público a obtener información en poder del gobierno.

La combinación de estas medidas ha aumentado significativamente la capacidad del

gobierno para impedir o disuadir a los defensores de derechos humanos de obtener el

financiamiento, la información, la legitimación y la visibilidad pública que necesitan para

actuar de manera efectiva.

Asimismo, existe una fuerte percepción entre defensores de derechos humanos

venezolanos de que los enérgicos esfuerzos del gobierno por cuestionar sus motivaciones

y su lealtad han contribuido a generar un entorno en el cual son más vulnerables a actos

de intimidación por parte de funcionarios, y a amenazas o actos de violencia por

particulares que apoyan al Presidente Chávez.

Nota sobre metodología

Las conclusiones de este informe se basan en una exhaustiva revisión de fuentes oficiales,

incluidas decisiones judiciales y administrativas, sitios web gubernamentales,

comunicados de prensa, relatos de noticias en los medios de comunicación estatales y

grabaciones de video de declaraciones públicas de funcionarios del gobierno. También se

basan en entrevistas exhaustivas con defensores de derechos humanos, juristas,

periodistas, académicos, diplomáticos y víctimas de violaciones de derechos humanos,

realizadas durante cuatro visitas de Human Rights Watch a Venezuela entre mayo de 2010

y marzo de 2012, así como en entrevistas anteriores y posteriores efectuadas por teléfono,

correo electrónico y Skype.

Se informó a todos los entrevistados cuál era el motivo de las entrevistas, se aclaró que

éstas eran voluntarias y se explicó de qué manera se usaría la información recabada.

Además, se les comunicó que podían negarse a responder preguntas o poner fin a la

entrevista en cualquier momento. Todos prestaron su consentimiento verbal para ser

entrevistados. Ninguno de ellos recibió una remuneración.

Al realizar la investigación en Venezuela, Human Rights Watch evitó intencionalmente

establecer contacto con funcionarios del gobierno y hacer pública su presencia en el país.

El principal motivo para actuar de esta manera fue que, en 2008, el gobierno de Chávez

detuvo por la fuerza a representantes de Human Rights Watch y declaró que no

“tolerar[ía]” a nuestros representantes en el país.

Human Rights Watch envió solicitudes de información por escrito a altos funcionarios

venezolanos, incluyendo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a la fiscal

general, a la defensora del pueblo y al director de CONATEL, con preguntas específicas

acerca de cuestiones abordadas en este informe. Al momento de la redacción de este

documento, no hemos recibido ninguna respuesta a estas solicitudes.



RECOMENDACIONES

Human Rights Watch insta al gobierno de Chávez a eliminar los obstáculos que impiden un

efectivo ejercicio de la independencia judicial, la libertad de expresión y el trabajo

independiente de las organizaciones de la sociedad civil en el país. Muchas de nuestras

recomendaciones, que se detallan a continuación, se incluyeron en Una Década de Chávez,

nuestro informe anterior sobre el país. Hasta el momento, ni el gobierno de Chávez ni sus

partidarios en otros poderes del Estado han adoptado tales recomendaciones.

Si Venezuela tiene la intención de cumplir con la promesa formulada en la Constitución de

1999, debería modificar o derogar políticas, leyes y prácticas que vulneran derechos

fundamentales de sus ciudadanos.

Respecto de la independencia judicial

A esta altura, no es sencillo revertir el daño que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de

Justicia de 2004, que permitió copar al Tribunal Supremo con aliados del gobierno, causó

a la independencia judicial en Venezuela. Ante estas circunstancias, Human Rights Watch

recomienda, como medida extraordinaria, que la actual Asamblea Nacional implemente un

proceso de ratificación por única vez con el fin de legitimar la composición del Tribunal

Supremo de Justicia a través de, por ejemplo, requerir una ratificación por una mayoría de

dos tercios de los votos para cada magistrado que haya sido designado con posterioridad

a la sanción de la ley de 2004. Deberían adoptarse medidas que permitan la destitución

legítima de cualquier magistrado que no sea avalado por una mayoría de dos tercios de

los votos durante este proceso. Cualquier vacante que surja de este proceso debería

cubrirse mediante un proceso de selección abierto y transparente, que asegure el

consenso político más amplio posible.

Una vez que la Asamblea Nacional haya completado el proceso de ratificación, el nuevo

Tribunal Supremo de Justicia debería volver a asumir su papel de garante independiente

de derechos fundamentales. Específicamente, debería:

Resolver rápida e imparcialmente los recursos que se relacionen con presuntas

violaciones de derechos fundamentales, en especial si la demora pudiera tener como

consecuencia un perjuicio irreparable;

Asegurarse de que los magistrados se inhiban de dictar sentencia cuando enfrenten

claros conflictos de intereses, a fin de garantizar que todas las decisiones sean

efectivamente imparciales y se perciban como tales;

Reconocer la jurisdicción y las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos; y

Poner fin a la práctica de la Comisión Judicial de designar a jueces sin estabilidad en el

cargo que puedan ser destituidos a voluntad y, en lugar de ello, nombrar jueces a

través de concursos abiertos y públicos, como lo exige la Constitución Bolivariana,

garantizando así la inamovilidad en sus cargos.

De manera más inmediata, la Asamblea Nacional debería:

Derogar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que

vulneran la independencia del tribunal al permitir que los magistrados sean removidos

por mayoría simple de los votos.

La Fiscalía General de la República debería:

Investigar y asegurar que rindan cuentas por sus actos aquellos funcionarios que

habrían abusado de sus poderes, en violación del artículo 67 de la Ley Contra la

Corrupción o disposiciones similares, al utilizar de manera inapropriada el sistema de

justicia penal contra personas que perciben como opositores políticos, como está

documentado en este informe; y

Retirar todos los cargos contra la Jueza María Lourdes Afiuni y solicitar que se

disponga su liberación inmediata del arresto domiciliario; así como investigar y

asegurar que rindan cuentas por sus actos aquellos funcionarios que habrían abusado

de sus poderes, en violación del artículo 67 de la Ley Contra la Corrupción o

disposiciones similares, al ordenar de manera inapropiada su arresto, investigación

penal y detención prolongada.

Respecto de la libertad de expresión

Las autoridades venezolanas deberían reformar o derogar las leyes que otorgan a

funcionarios del gobierno facultades ilegítimas para censurar y sancionar a quienes los

critican, y abstenerse de implementar políticas y prácticas que atenten contra la libertad

de expresión, incluidas aquellas que generan presión indebida sobre periodistas y

emisoras de radio y televisión para que se autocensuren.

La Asamblea Nacional debería derogar todas las disposiciones legales que infringen el

derecho y las normas internacionales sobre libertad de expresión. Concretamente, debería:

Derogar todas las normas sobre desacato;

Derogar todas las normas que penalizan la difamación de funcionarios públicos e

instituciones;

Asegurar que las acciones civiles de indemnización por difamación sean limitadas, a

fin de evitar que inhiban la libertad de expresión;

Modificar la redacción del artículo 29(1) de la Ley de Responsabilidad Social para

asegurar que el delito de incitación esté claramente definido y se restrinja a

situaciones en las cuales las emisoras de radio y televisión inciten en forma directa y

explícita a cometer delitos; y

Modificar la redacción del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social para

garantizar que las restricciones a la libertad de expresión no se apliquen a Internet.

El gobierno debería asegurar que las leyes sobre radiodifusión y telecomunicaciones se

apliquen de manera imparcial y respetando plenamente las garantías de debido proceso.

Concretamente, debería:

Asegurar que la investigación y sanción de las supuestas infracciones a tales leyes

estén a cargo de un organismo imparcial e independiente protegido de la interferencia

política; y

Asegurar que se garantice a los presuntos infractores de las normas sobre la difusión

de radio y TV el derecho de responder a las acusaciones en su contra.

A fin de salvaguardar el derecho de acceso a la información e incrementar la transparencia

gubernamental, el gobierno debería:

Presentar legislación para implementar de manera efectiva y sin discriminación el

derecho constitucional de acceso público a la información en poder de entidades

públicas;

Responder de manera oportuna a las solicitudes de información que presenten

periodistas, defensores de derechos humanos y el público en general;

Brindar información pública sobre el rol y las actividades del Centro de Estudios

Situacionales de la Nación, asegurando que cumpla con estándares internacionales

sobre acceso a la información; y

Revocar las disposiciones administrativas que amplían la definición sobre qué debe

considerarse información confidencial o reservada.

A fin de garantizar la imparcialidad de los criterios utilizados para adoptar decisiones de

otorgamiento y renovación en la prestación de servicios de radio y TV, el gobierno debería:

Otorgarles a aquellos que soliciten concesiones y frecuencias la oportunidad de

presentar sus casos y ser escuchados de forma tal que se les respete el derecho al

debido proceso y que incluya garantías contra la interferencia política.

Además, el gobierno debería:

Restringir el uso de las cadenas, incluyendo los discursos presidenciales transmitidos

por cadena, a situaciones que cumplan con estándares legales internacionales; esto

es, que la transmisión tenga un propósito legítimo para el bien público, y el contenido,

el alcance y la duración de la transmisión sean necesarios y proporcionales para lograr

dicho objetivo.

Respecto de los defensores de derechos humanos

El gobierno venezolano debería abandonar su agresiva postura de confrontación frente a

los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Específicamente, el presidente y los funcionarios de alto rango deberían:

Evitar ataques infundados que cuestionen la credibilidad de defensores de derechos

humanos y organizaciones de la sociedad civil;

Retractarse públicamente de las acusaciones públicas infundadas formuladas contra

defensores y organizaciones; y

Mantener un vínculo constructivo con los defensores de derechos humanos en la

búsqueda de soluciones para abordar los problemas de derechos humanos que

existen en Venezuela.

La Asamblea Nacional debería:

Derogar la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional; y

Modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Contraloría Social para aclarar que la

adherencia obligatoria a los "principios socialistas" no se aplica a los defensores de

derechos humanos ni a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para

proteger y promover los derechos humanos en el país.

Además, la Fiscalía General de la República debería:

Iniciar investigaciones penales solamente en los casos en que considere, sobre la

base de su criterio independiente, que los presuntos responsables han cometido un

delito, sin intromisiones indebidas de otros poderes de gobierno;

Concluir las investigaciones penales pendientes contra defensores de derechos

humanos y representantes de la sociedad civil en forma imparcial, objetiva y oportuna;

Abstenerse de presentar acusaciones infundadas o injustificadas contra defensores de

derechos humanos y líderes de la sociedad civil; y

Efectuar investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales cuando defensores de

derechos humanos denuncien haber sufrido ataques, amenazas o actos de intimidación.

Respecto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Todos los poderes de gobierno de Venezuela deberían colaborar activamente con los

organismos internacionales de monitoreo de derechos humanos, a fin de garantizar a los

venezolanos la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de reparación cuando

los recursos internos no sean efectivos o no estén disponibles.

Concretamente, las autoridades venezolanas deberían:

Reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y adoptar

todas las medidas necesarias para implementar sus decisiones vinculantes;

Permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita in

loco a Venezuela para documentar la situación de los derechos humanos en el país; y

Poner fin a su campaña internacional para vulnerar la independencia, la autonomía y

las facultades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos.