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En esta fotografía de archivo tomada el 7 de junio de 2012 miembros de las comunidades indígenas de la región de Mallku Kota chocan con la policía durante una protesta en rechazo a las operaciones en sus tierras de la minera canadiense South American Silver Corp en La Paz, Bolivia. (AP foto/Juan Karita, Archivo)


Publicado el 08-03-2012

Gobierno de Morales nacionaliza mina a firma canadiense

Por CARLOS VALDEZ
LA PAZ (AP)


El gobierno boliviano concretó el jueves la nacionalización de un yacimiento de plata e indio en el sur del país que era explorado por la canadiense South American Silver, un mes después de protestas indígenas que obligaron a la salida de esa compañía.

El ministro de Minería, Mario Virreira, informó que el decreto de reversión fue aprobado por el gabinete del presidente Evo Morales y recoge los acuerdos que el gobierno negoció con comunidades quechuas que demandaron la salida de la empresa canadiense.

El yacimiento, cuyas reservas están valuadas en 2.000 millones de dólares, será explotado por la estatal Corporación Minera de Bolivia una vez que concluya la exploración y por nadie más, sostuvo Virreira en alusión a la pretensión de algunas comunidades indígenas que hacerse cargo de la mina.

El Estado boliviano “no firmó ningún contrato directo con South American Silver sino con (su filial) la compañía Mallku Khota” de propiedad de mineros bolivianos y chilenos a quienes se indemnizará por las inversiones realizadas de acuerdo con una evaluación independiente, explicó.

La canadiense analizaba la situación y esperará la reunión anunciada por Virreira antes de dar a conocer una posición, dijo a The Associated Press el portavoz Gonzalo Gutiérrez. La casa matriz de la compañía anunció en julio que iniciará acciones legales en caso de no alcanzar un acuerdo con el gobierno boliviano.

El conflicto estalló en mayo en la aldea altiplánica de Mallku Khota, 350 kilómetros al sur de La Paz donde está situado el yacimiento, tras un enfrentamiento entre comunidades quechuas, unas a favor y otras en contra de la canadiense.

Virreira denunció entonces que el rechazo a la compañía minera no era por razones ambientales sino porque indígenas y mineros independientes pretendían explotar la mina para beneficio propio.

En julio indígenas de Mallku Khota tomaron de rehenes a funcionarios de la canadiense. Un choque con la policía provocó la muerte de un nativo tras lo cual Morales se comprometió ante los indígenas a revertir la mina.

La empresa dijo entonces que había invertido más de 25 millones de dólares en exploración y planeaba invertir hasta 1.000 millones en la explotación.

Esta es la segunda mina administrada por una transnacional que es revertida al Estado en lo que va del año. En junio el gobierno recuperó Colquiri, un yacimiento de estaño arrendado a una filial de la suiza Glencore, después de que mineros independientes tomaron la compañía reclamando más vetas.

La operación minera más grande pertenece a la japonesa Sumitomo, donde hasta ahora no se han registrado disputas.

Las buenas cotizaciones de los minerales desataron una fiebre que alentó a mineros independientes y comunidades indígenas a invadir minas arrendadas a privados en los últimos años convirtiendo a la minería en la industria más riesgosa para las inversiones.

En pocas ocasiones el gobierno utilizó la fuerza pública contra los invasores por temor a posibles bajas.

Bolivia es el antepenúltimo país en el continente en recibir inversiones extranjeras directas, según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ecuador y Paraguay figuran en los últimos lugares.

Las exportaciones mineras ocupan el segundo lugar después del gas natural y cayeron de 1.194 millones de dólares el primer semestre de 2011 a 962 millones en los primeros seis meses de este año.

Estaño, zinc, wolframio, antimonio, plomo, plata y oro son los principales minerales de exportación.

Morales nacionalizó antes los hidrocarburos, la industria eléctrica y una telefónica, todas ellas privatizadas en la década pasada. Como consecuencia de ello el Estado afronta una decena de demandas arbitrales.

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