Publicado el 08-09-2012
Litigio por cuidado
de salud en prisiones
Juez pide más argumentos antes de él dar su fallo
Por Bill Kaczor
Associated Press
TALLASSEE -Los abogados de dos sindicatos de empleados del gobierno urgieron este miércoles a un juez a bloquear el esfuerzo del estado de privatizar el cuidado de salud en las prisiones floridanas, diciendo que una medida en el presupuesto estatal que autorizaba esto ha vencido ya.
La Administración del Gobernador Rick Scott alega que el Departamento Correccional no necesita la medida presupuestaria para firmar contratos con compañías privadas para los servicios de salud que en la actualidad son ofrecidos por unos tres mil empleados estatales.
El Juez de Circuito, Kevin Carroll, les pidió a los abogados que presenten argumentos adicionales por escrito y citas legales, si las hubiere, para fines de la semana que viene antes de él dar su fallo. El mes pasado Carroll declinó dar un fallo sobre un reto a las medidas presupuestarias porque habían expirado el 30 de junio.
Los sindicatos quieren que él reabra el caso.
“Está claro que este problema de la privatización puede y será litigado”, dijo Carroll. “La cuestión es: ¿Está en esta demanda o hay una nueva demanda en el futuro”?
Los abogados de la Asociación de Enfermeros de la Florida y la Federación Americana de Empleados Estatales, Condales y Municipales, que representan a los empleados no profesionales en el sector de la salud, alegan que no hay necesidad de una nueva demanda. Ellos quieren que Carroll falle que el estado no puede conceder contratos negociados bajo las medidas presupuestarias expiradas y que tampoco tiene autoridad para hacerlo bajo cualquier otra ley.
“Los demandantes no deben tener que empezar todo el proceso de nuevo simplemente porque el estado haya cambiado de curso a mitad del camino”, dijo el abogado de la Federación Tom Brooks. David Miller, que está representando a los enfermeros, dijo que por lo menos debe exigirse al estado que comience la licitación de nuevo. De ser así, el proceso pudiera ser objetado en otra demanda.
El Fiscal General Auxiliar, Jonathan Glogau, alegó que el caso ha terminado y dijo que otras leyes también permiten al sistema carcelario contratar otros servicios fuera. Una de esas leyes, sin embargo, requiere que los contratistas privados le ahorren al estado por lo menos un 7 por ciento del costo que tendría ofrecer esos servicios con empleados estatales. Glogau alegó que los demandantes nunca tocaron el tema de si el estado podía contratar fuera sin las medidas presupuestarias. Los abogados de los sindicatos, sin embargo, dijeron que sí lo hicieron y señalaron que el propio Glogau lo trajo a colación durante argumentos anteriores.
El Departamento Correccional planea firmar un contrato con Wexford Health Sources, de Pittsburgh para la parte sur del estado y con Corizon Inc., de Brentwood, Tenn. Para otras regiones. Carroll dijo que pudiera llegar un momento en que los licitadores puedan involucrarse en el litigio, pero no ahora.
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