Publicado el 08-09-2012
Son más los “dreamers”
que se podrán quedar
Por Guillermo I. Martínez*
Para todos aquellos que están en desacuerdo con la decisión del Presidente Barack Obama de darle documentos que les permitan quedarse en Estados Unidos legalmente por dos años a los hijos de indocumentados, el estudio presentado por el Instituto de Política Migratoria (MPI – por sus siglas en inglés – no trae buenas noticias.
Cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la medida, dijeron que la misma cubriría aproximadamente a 800,000 de los popularmente llamados Dreamers, por su sueño de poder quedarse en Estados Unidos a estudiar legalmente. Poco después, a mediados de julio el MPI dijo que el gobierno había subestimado el número de jóvenes que se beneficiarían por la orden. En julio MPI dijo que estimaban que serían más de un millón 200 mil jóvenes los que podrían solicitar el permiso. Y ahora pasan del millón 700 mil.
Para aquellos como yo, que creemos que hay que buscarle una solución realista al problema de los 12 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos, el estudio de MPI es una buena nueva. El número de indocumentados que viven en las sombras en este país con temor a ser detenido y deportado disminuye. Es un paso pequeño, pero paso al fin en busca de la solución definitiva a este problema de corte humanitario que a la vez pone en peligro la seguridad nacional.
Hay razones lógicas que explican el cambio en el estimado de jóvenes que podrán acogerse a esta medida. Cuando DHS publicó las regulaciones que gobernarán la suerte de este grupo de indocumentados dijo que aquellos que al inscribirse no estuvieran estudiando por lo menos secundaria o que tuvieran su diploma equivalente, podrían solicitar el nuevo status migratorio siempre y cuando se matriculen antes de la fecha en que se inscriban en el programa.
Esto eleva en 350,000 el número de jóvenes que podrán acogerse al nuevo reglamento.
Para los que no les guste esta idea, es bueno recordar que la solicitud va a costarle a cada joven $465 y que esto no garantiza que su caso sea aprobado. Cada caso va a decidirse después de examinar los documentos presentados y verificar que el solicitante no tiene un récord criminal.
Los $465 solo sirven para permitirles quedarse en Estados Unidos y trabajar legalmente por dos años. Esto no les permite hacerse ni residente ni ciudadano de este país. Por ende, no puede hablarse de amnistía. Además esos $465 que pagan, cubre los gastos del gobierno para procesar cada solicitud. Los ciudadanos de este país no pagarán este programa de sus impuestos.
De acuerdo al estudio de MPI, de inmediato – a partir del 15 de agosto – un millón 260 mil jóvenes podrán solicitar el permiso pertinente. El resto – unos 500 mil – lo podrán hacer cuando cumplan 15 años de edad. Los estados más afectados por la medida son California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. El 57 por ciento de los jóvenes que podrán postergar su salida del país vive en estos estados.
Como era de esperar los mejicanos y los centroamericanos representan el 74 por ciento de los jóvenes que pueden acogerse a este programa. El resto viene del Caribe y América del Sur, el 11 por ciento; el nueve por ciento viene de Asia; y el resto de otros país.
Uno de los datos más interesantes del estudio es que el 58 por ciento del 1.26 millones que cubre el reglamento ya estaban trabajando en Estados Unidos. Esto quiere decir que este número de jóvenes ahora podrán solicitar su número de Seguro Social y comenzar a pagar impuestos en forma legal.
Nada garantiza que va a pasar con estos jóvenes en dos años. Pero, es probable que gobiernos en el futuro extiendan este programa de dos años en dos años, como hace más de dos décadas viene ocurriendo con el programa de TPS que ha sido aprobado por todos los presidentes desde la década del 80 y que sigue vigente hoy para centroamericanos y haitianos que huyen de terremotos, huracanes o la violencia en sus países.
El programa anunciado no es perfecto. No es la solución ideal. Para eso se necesita que los dos partidos se pongan de acuerdo y aprueben una ley de reforma migratoria que sea humana y que a la vez garantice la integridad de la frontera de este país.
Los estadounidenses no pueden seguir viviendo en un país con 12 millones de indocumentados, sin saber quiénes son y dónde están. Es un problema humanitario pero también uno que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
Guillermo I. Martínez reside en el sur de la Florida. Su dirección electrónica es: Guimar123@gmail.com. Y pueden seguirlo en Twitter en: g_martinez123@twitter.com
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