Puerto Rico se prepara para realizar este fin de semana un referéndum constitucional de dos partes que permitiría a la isla enmendar su Constitución por primera vez en casi medio siglo.
Una parte de la consulta del el domingo busca reducir el tamaño del gobierno insular en casi un 30% para ahorrar fondos. De ser aprobado, el cambio entraría en vigencia en 2017.
Los legisladores en Puerto Rico se otorgaron un incremento salarial en momentos en que la isla se preparaba para un referéndum cuyo objetivo es recortar sus ingresos y prestaciones.
El incremento molestó a muchos y es el resultado de que los legisladores no hayan extendido una ley de 2008 que congelaba sus salarios durante cuatro años.
Si los votantes rechazan el referéndum del 19 de agosto, el sueldo base de los legisladores se incrementaría de 74.000 a 81.000 dólares. Además verían un aumento en su estipendio diario por alimentos, que fluctúa entre 152 y 160 dólares.
El referendo también pregunta si se deben reducir los escaños en el Senado y la cámara baja.
La otra parte daría a la judicatura el derecho a negar la libertad bajo fianza en ciertos casos de homicidio.
Puerto Rico es el único lugar de América donde todos los sospechosos tienen derecho a la libertad bajo fianza.
Los partidarios de la enmienda sostienen que reduciría la delincuencia y protegería a testigos y familiares de las víctimas. La medida entraría en vigencia pronto si es aprobada por el electorado.
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