Mauricio Santoyo y Juan Manuel Santos
Publicado el 08-25-2012
Santos a favor de pedir extradición de general preso en EEUU
Por CESAR GARCIA
BOGOTA (AP)
El presidente Juan Manuel Santos se manifestó a favor de pedir a Estados Unidos la extradición de un general de la Policía sentenciado por sus confesos nexos con escuadrones paramilitares.
Santos se refirió a la situación del general en retiro Mauricio Santoyo en una entrevista con emisoras comunitarias del departamento de Santander, al noreste del país.
“Yo le pediría a la Fiscalía y a la Procuraduría...que cuando tengan las evidencias suficientes pues imputen cargos contra este individuo y (que) cuando pague la pena en Estados Unidos pues hay que pedirlo en extradición... (para que) confronte a la justicia colombiana”, señaló el gobernante.
“Estoy realmente muy defraudado de este individuo (porque) traicionó a su institución y a su país (a los que) les hizo un tremendo daño”, agregó.
Santoyo hace cuatro días aceptó ante un tribunal estadounidense haber colaborado con las bandas paramilitares de Colombia a cambio de fuertes sumas de dinero.
Según Santos, “es un caso muy serio porque él era jefe de la seguridad aquí en la Presidencia (y) como tal asistía a los consejos de seguridad. O sea, tenía acceso a toda la información de todas las operaciones” contra la delincuencia.
“¿Cuántas veces no habrá informado... al enemigo (para que) estuviera enterado de las operaciones que se estaban haciendo?”, se preguntó el mandatario.
Santoyo fue jefe de seguridad en el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe entre 2002 y 2005.
Uribe dijo a The Associated Press el viernes que sus abogados pedirán investigar al cuestionado general en retiro “sobre mi conducta incluso antes de que lo regresen de Estados Unidos”.
La Fiscalía colombiana ha dicho que, aparte de rastrear sus bienes, está investigando a Santoyo por la desaparición de dos activistas Medellín, a 250 kilómetros al noroeste de la capital colombiana.
Prácticamente todos los bienes de Santoyo en Colombia están a nombre de la esposa y los tres hijos, dijo a la AP Gloria Arias, jefa nacional de los fiscales contra el lavado de activos. La familia de Santoyo hace una semana salió del país bajo protección del gobierno de Estados Unidos.
El lunes trascendió que Santoyo aceptó ante un tribunal de Alexandria, en Virginia, haber proporcionado entre 2001 y 2008 información a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de esa manera frustrar los esfuerzos que hacían los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para evitar el tráfico de drogas.
El caso de Santoyo no sólo ha llamado la atención por haber sido el ex jefe de seguridad de Uribe, sino porque se trata del más alto oficial de la policía que encare cargos en Estados Unidos.
Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ha dicho reiteradamente que la actuación de Santoyo es una ofensa a su gobierno y que nunca supo de sus actuaciones ilegales.
En la corte estadounidense Santoyo se expone a una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Su sentencia se conocerá el 30 de noviembre.
La carrera de Santoyo ha estado marcada por varios escándalos.
En 2001 resultó salpicado en versiones de prensa por un caso de interceptaciones telefónicas ilegales a miembros de organizaciones de derechos humanos en Medellín, capital del departamento de Antioquia y a unos 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.
La Procuraduría, que investiga disciplinariamente a los funcionarios públicos, comenzó a indagar ese caso y en octubre de 2003 resolvió en primera instancia destituir a Santoyo, entonces coronel, por su presunta responsabilidad en las escuchas ilícitas.
Pese a la decisión de la Procuraduría, Uribe dejó a Santoyo como su jefe de seguridad con el argumento de que aún tenía en desarrollo un recurso o demanda contra su destitución.
El fallo de destitución de la Procuraduría entonces quedó sin peso jurídico por una decisión del Consejo de Estado -una de las cuatro altas cortes de Colombia-, que en abril de 2006 le dio la razón a Santoyo en su apelación de que la sanción en su contra no le fue notificada oportuna y debidamente como disponen las leyes.
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