Howard Simon, director ejecutivo de ACLU en Florida. Foto Jesús Hdez.
Publicado el 09-08-2012
ACLU aboga por derechos
y se opone a la enmienda 8
Por Jesús Hernández
Diario Las Américas
La semana pasada un juez federal desestimaba parte de la ley HB1355 y la American Liberties Union of Florida (ACLU-F) convocaba un encuentro con la prensa para plantear discrepancias con el resto de la medida electoral y situaciones muy específicas sobre inmigración, libertades civiles y la enmienda 8 Religious Freedom.
“Es una ley apresurada (que fue sometida y aprobada sin mayor discusión) que suprime la cantidad de votantes, hace más difícil la inscripción para votar, así como el acto de votar y el conteo del voto”, manifestaba el director ejecutivo de ACLU en Florida, Howard Simon.
De hecho, la llamada Ley HB1355, establecida por la Legislatura floridana el año pasado, señala más requisitos para quienes auxilien en el proceso de inscripción, plantea multa ante el incumplimiento y disminuye la cantidad de días para la votación anticipada, así como elimina el cambio de dirección y distrito en el momento de votar. Quienes reprochan las nuevas regulaciones plantean que están destinadas a dificultar el voto de ciertos grupos, aquellos que las defienden alegan necesidad de disminuir la posibilidad de fraude.
No obstante, el juez federal desestimó, sujeto a reafirmación, las restricciones y multa a quienes auxilien en el proceso de inscripción.
“No hay duda que la ley fue hecha para restringir el voto de ciertos grupos”, afirmaba el asociado legislativo y coordinador de activismo, Ronald Bilbao, al mismo tiempo que relacionaba la instauración de la medida al Partido Republicano por ostentar la mayoría absoluta en la Legislatura.
“Hay evidencias claras que la ley fue creada para restringir el voto”, reafirmaba. Evidencias, no precisamente pruebas que aleguen conspiración, como los 14 días de votación anticipada, ahora 8 y último domingo suspendido; que facilitaron el 54 por ciento del voto de la población negra.
La trascendencia de la aún controvertida ley de inmigración SB 1070 de Arizona y el derecho que la Corte Suprema otorga a la policía para exigir documentación correspondiente, preocupa a la organización que apuesta por los derechos civiles.
“Hacer un perfil racial (o sea, determinar o investigar a alguien por su aspecto físico o racial) es incorrecto”, manifestaba la oficial de información pública, Carolina González. “El perfil racial expone más a los hispanos”, trataba de explicar. O sea, que el hispano estaría más propenso a ser cuestionado por un agente del orden.
Otro tema que preocupa a la ACLU en Florida es precisamente la restauración del derecho al voto para los convictos que cumplieron penas. “Florida es uno de los cuatro únicos estados (Iowa, Kentucky y Virginia) que no restaura derechos (restringe la restauración por solicitud) de quienes hayan cumplido sus penas”, mencionaba el asociado legislativo y coordinador de activismo floridano de ACLU. Una alarmante cifra que supera el millón y está dada por la presencia de una restricción en la Constitución estatal que otorga el visto bueno a la gobernación. Un período de espera que actualmente oscila entre 5 y 7 años según la gravedad del delito.
“Además, hay más de 17 mil ciudadanos que no saben su derecho al voto fue restaurado”, agregaba. Otra alarmante cifra que responde mayormente a la pérdida del rastro y también la falta de un interés mayor por parte del interesado. “Quienes esperan respuesta, pueden consultar RestoreRights.org en Internet”, informaba Ronald Bilbao. Un portal cibernético que cuenta además con información precisa sobre pasos a seguir para solicitar la llamada restauración de derechos.
Noviembre no sólo trae el día de elección presidencial a Florida, sino, además, la determinación popular de una serie de enmiendas importantes. Once propuestas que llevan números del 1 al 12, aunque la 7 fue desestimada; y tiene a la 8 en la gran palestra de la discordia.
“Nadie está en contra de la libertad de religión, pero llamarle Religious Freedom a esta enmienda confunde al elector”, planteaba el director ejecutivo de ACLU en Florida, Howard Simon.
“La enmienda procura adjudicar fondos públicos a ciertos proyectos religiosos”, explicaba el señor Simon. “Dinero que procede de la contribución pública y no debe ser dado a religión alguna. No sólo violaría el concepto tradicional de la separación de Estado y religión que nuestro país ha tenido por tantos años, sino, además, desviaría fondos de proyectos públicos necesarios”, agregaba.
“Creo que somos la organización más conservadora de la Nación porque precisamente defendemos los valores de la Nación”, agregaba. “Creo que ser conservador es ser tolerante respecto a la manera que la gente viva su vida”, determinaba en franca alusión a la posición de ACLU que aboga por la igualdad de derechos para homosexuales.
“Muchos nos acusan de defender a quienes pudieran pensar o actuar diferente a unos u otros, pero defendemos a todos por igual porque defendemos los derechos humanos y reconocemos los derechos de todos por igual, independientemente de la manera que piensen o actúen”, aseguraba el director ejecutivo.
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