El general Jorge Enrique Mora. (Foto AP)
Publicado el 10-23-2012
No habrá
recortes en el ejército colombiano
• El general Jorge Enrique Mora, uno
de los negociadores del gobierno de Santos, descartó que se discuta una eventual reducción de las fuerzas militares e incluso el presupuesto del Ministerio de Defensa
• La justicia colombiana levantó 191 órdenes de captura vigentes contra 29 miembros de las FARC que han sido reconocidos por el gobierno como negociadores o miembros asesores del equipo rebelde
Por CESAR GARCIA
BOGOTA, Colombia (AP)
El general en retiro Jorge Enrique Mora, uno de los seis negociadores del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en los diálogos de paz con las FARC, descartó que en esas negociaciones se discuta una eventual reducción de las fuerzas militares colombianas e incluso el presupuesto del Ministerio de Defensa.
“Los hombres y mujeres del ejército pueden tener la tranquilidad absoluta, lo ha dicho el señor presidente y lo dijo el doctor (ex vicepresidente y negociador) Humberto de la Calle: no se va a negociar las fuerzas militares en la mesa de conversaciones. No va a haber una aceptación de exigencias de disminución de fuerzas, de disminución de presupuesto, de cambiar la doctrina militar”, dijo el general Mora en una entrevista junto con el jefe del equipo negociador oficial, De la Calle, con la emisora del ejército colombiano.
“El ejército potente que tiene hoy Colombia continuará y no tiene absolutamente ninguna cabida en las conversaciones que se va a realizar”, añadió Mora, quien fue comandante del ejército a fines de los años 90 y entre 2002 y 2003 comandante de las fuerzas militares.
Por su parte, De la Calle ratificó que tras hacer evaluaciones periódicas sobre cómo avanza el proceso de negociaciones, se determinará si se continúa o se suspenden los diálogos.
Junto con el presidente se hará “cada cierto tiempo una evaluación... si esto (los diálogos) está progresando”, dijo de la Calle. “Y si no pues no tendríamos inconveniente en suspender estas negociaciones sino van para ninguna parte”, agregó, sin precisar cada cuánto tiempo serían esas evaluaciones.
El 18 de octubre en la ciudad de Hurdal, al norte de la capital noruega de Oslo, y al presentar de forma conjunta el inicio formal de los diálogos, el negociador y uno de los seis jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, dijo en su discurso que “la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares” al tiempo que criticó el abultado presupuesto del Ministerio de Defensa.
El costo de la operación militar aunado “al costo de la tecnología empleada, pone en evidencia los límites de la sostenibilidad de la guerra”, agregó Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín Arango, de 57 años.
Las discusiones sobre una agenda ya acordada de cinco puntos comenzarán el 15 de noviembre en La Habana por el primer punto de ese temario que es el “desarrollo agrario integral”. La agenda también incluye los temas de la participación política de los desmovilizados de la guerrilla, el fin del conflicto, el narcotráfico --Colombia es el primer país del mundo en sembradíos de hoja de coca, materia prima de la cocaína-- y las víctimas del conflicto.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo en la jornada en un pronunciamiento, sin aceptar preguntas, que ya su despacho desde el 21 de septiembre al 17 de octubre pasado suspendió en total 191 ordenes de captura vigentes contra de 29 miembros de las FARC que han sido reconocidos por el gobierno como negociadores o miembros asesores del equipo rebelde.
Sin mencionar por sus nombres a los 29 insurgentes sólo dijo que del total de órdenes, al menos 132 eran en contra de Iván Márquez por diferentes procesos, 30 de ellos con sentencias condenatorias, por toma de rehenes, terrorismo, rebelión y secuestro, entre otros delitos. También agregó que en contra de la holandesa Tanja Nijmeijer, alias “Alexandra”, quien se unió a las FARC en 2003, tiene dos órdenes de captura, una por rebelión y otra con fines de extradición, pero no indicó ni el país que la solicita ni el delito. Esas órdenes en contra de Nijmeijer también fueron suspendidas.
Explicó que la suspensión de la orden de captura “solamente es efectiva en Oslo y en La Habana. Si alguno de los representantes de esa agrupación insurgente es sorprendido fuera de esas jurisdicciones podrá ser detenido inmediatamente”.
En Bucaramanga, a 300 kilómetros al noreste de Bogotá, la activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 1992 Rigoberta Menchú resaltó que los actores de la negociación “tienen que tomar el serio un diálogo y esas partes veo que están hasta este momento muy empeñados en encontrar una salida negociada”.
“Siempre he dicho: nada se puede lograr para reponer (recuperar) el pasado más que la dignificación de la verdad” para las víctimas, agregó la activista guatemalteca, que vino invitada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que divulgó sus declaraciones, para participar en la feria anual del libro de esa ciudad.
Las fuerzas militares y de policías suman 430.000 uniformados --al menos 270.000 del ejército y 167.000 policías-- y consumen anualmente más de 20 billones de pesos (unos 11.100 millones de dólares), de hecho para este año fueron 23 billones de pesos (unos 12.765 millones de dólares) y para el entrante serán 26 billones de pesos (14.430 millones de dólares), según datos del Ministerio de Hacienda.
Ariel Avila, analista de la Corporación Nuevo Arco Iris, dedicada al estudio del conflicto interno colombiano, indicó en diálogo telefónico con la AP que tampoco ven que se discuta en la mesa una eventual reducción de las fuerzas militares, puesto que incluso si se llega a un acuerdo de paz con las FARC vislumbran un postconflicto violento debido a que persistirán fenómenos como el narco y las bandas criminales. Agregó que una eventual reducción se daría en un plazo de entre cinco a 10 años, con al menos una reducción progresiva de unos 100.000 miembros de las fuerzas militares.
“El proceso de reducción de la tropa no va a ser inmediato, es decir que tampoco debe haber una alarma brutal porque aquí va a quedar crimen organizado, narcotráfico un montón de cosas y un post conflicto que yo preveo que va a ser un poco violento”, dijo Avila. “Eso va a llevar a que ese proceso de restructuración tarde 10 años”, añadió.
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