Publicado el 10-25-2012
Panameños siguen lucha por tierras en Colón
Por JUAN ZAMORANO
PANAMA (AP)
Centenares de pobladores, con pancartas que decían “Colón no se vende”, quemaron neumáticos en calles de esa provincia y recibieron el respaldo de otros sectores obreros del país el miércoles en sus protestas contra la venta de tierras en una poderosa zona libre, que consideran como su patrimonio. Las protestas, que comenzaron la semana pasada, continuaron en Colón, en la capital y otros puntos del país, a pesar de la promesa formulada por el presidente Ricardo Martinelli de no vender los terrenos, si así no lo querían los colonenses y, en cambio, incrementar las tasas de alquiler de esos terrenos y transferir todo el dinero a la empobrecida provincia.
“Lo hemos dicho claramente, no queremos la ley que busca vender las tierras”, advirtió a la prensa Felipe Cabezas, del no gubernamental Movimiento Amplio Colonense. “Mientras no se derogue, no queremos ningún diálogo”.
No se registraron actos de violencia como en las anteriores protestas, ni se informó sobre personas heridas o detenidas. En la capital panameña, grupos de trabajadores de la construcción cerraron varios puntos de la ciudad y estudiantes de una escuela pública lanzaron piedras a la policía antidisturbios, que les respondió con gases lacrimógenos.
Colón, de unos 245.000 habitantes, es la segunda provincia más importante del país desde el punto de vista económico logístico, ya que alberga la zona libre del mismo nombre, varios puertos importantes en el Atlántico --entre ellos Cristóbal, por donde entran y salen los barcos que cruzan el Canal de Panamá, y la refinería de petróleo del país. Las tierras de la zona franca, que se estableció en 1948, pertenecen al Estado y están aisladas de la población, pero los colonenses históricamente las han considerado como suyas o un patrimonio que ayudó a resaltar la posición portuaria de la provincia, a 80 kilómetros al norte de la capital.
Por ello, se lanzaron a las calles una vez el gobierno propuso la ley que abría las puertas para la venta de esos terrenos.
El plan del gobierno también pareció reactivar el resentimiento en una provincia que tradicionalmente se ha quejado de que el desarrollo comercial y portuario no ha redundado en la solución de la miseria.
“Para Colón la zona libre es como su tacita de oro”, dijo a The Associated Press el analista político José Blandón. “El gobierno pensó vender los activos; no entiende que históricamente esas tierras han sido vista como patrimonio en esa provincia y van a luchar por ellas”.
El gobierno argumenta que la ley busca sustituir la antigua norma que creó la zona franca hace 64 años, a fin de modernizarla, permitir nuevas actividades y mejorar su administración, pero el punto polémico es el que permite la venta de los terreños que actualmente alquilan las empresas que operan en ese emporio comercial.
Con la ley se establecía que un 35% de las ventas de las tierras sería destinado para obras sociales en Colón, pero el gobierno propuso la víspera elevarlo al 100%, en un esfuerzo por apaciguar las protestas que han dejado al menos tres muertos, 20 heridos con armas de fuego y 275 detenidos, según los dirigentes del Movimiento Amplio Colonense.
Martinelli, quien se encuentra en una gira por Japón y Vietnam, propuso la noche del martes “derogar” la venta de las tierras, aunque sólo fue una promesa porque la ley está en pie y no ha sido eliminada. Tampoco quedó claro si el gobierno sólo prometía eliminar el artículo referente a la venta de los terrenos.
Asentada al lado de la ciudad de Colón, la zona libre cuenta con 1.000 hectáreas (2.471 acres), de las cuales entre 500 y 600 hectáreas (1.235 y 1.482 acres) son alquiladas por 2.000 empresas, según estimaciones oficiales. Otras 1.200 empresas no tienen presencia física y operan de papel. El gobierno estima que la zona cerrará este años con un movimiento comercial por 30.000 millones de dólares.
El gobierno obtiene por el alquiler de las tierras alrededor de 33 millones de dólares al año que van al presupuesto general del Estado. Martinelli propone, entonces, vender las tierras para conseguir dinero líquido y destinar directamente un porcentaje a Colón.
Estimó que obtendría 400 millones de dólares con la venta en los próximos dos años.
Pero los colonenses desconfían de que el dinero de las ventas vaya directamente a ellos o que se utilicen para vivienda y mejorar los servicios de agua potable o sanear el sistema de aguas negras.
Rechazan completamente que las tierras se vendan porque consideran que así como están en alquiler tienen más valor y rendirán todo el tiempo.
“Hemos vivido con la zona libre toda la vida y ningún gobierno se atrevió a la loca idea de vender las tierras”, dijo a la AP Roberto Chiari, un albañil colonense de 48 años. “A la provincia nunca ingresa nada; todo se va para la capital”.
El gobierno divulga un anuncio por televisión en medio de la actual coyuntura en que ensalza algunos proyectos que ha impulsado recientemente en Colón, como una autopista de acceso a esa provincia, pero el mismo mensaje admite que “queda mucho por hacer” en vivienda, salud, agua e infraestructura.
“Por eso es necesario vender las tierras de la zona libre de Colón, que ahora no te dan nada”, dice el anuncio divulgado a nivel nacional.
En Colón “co-existe un sistema económico que demuestra toda su injusticia”, manifestó Blandón, de otro lado. “Uno lo puede ver a simple vista cuando llega allí. Por un lado, el canal, la zona libre y, por otro lado, una ciudad donde el 50% de la población es pobre”.
Las manifestaciones se recrudecieron el viernes, en que centenares de colonenses en la ciudad y barrios periféricos se enfrentaron a la policía tras la aprobación de la ley por parte de la Asamblea Legislativa. Durante las protestas murió un menor de 10 años, al recibir un balazo en el abdomen.
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