Identifican inmigrantes con antecedentes penales.
Publicado el 12-11-2012
Enfrentados por
Comunidades Seguras
Por Ruben Navarrete Jr.
SAN DIEGO – La atroz política del presidente Obama para imponer las leyes migratorias —incluyendo la utilización del programa conocido como Comunidades Seguras—ha devastado comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos.
Y ha dividido a los demócratas.
Ese hecho fue evidente el año pasado, cuando tres gobernadores demócratas —Deval Patrick, de Massachusetts; Pat Quinn, de Illinois y Andrew Cuomo, de Nueva York— anunciaron que se retiraban del programa Comunidades Seguras, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) les informó que no podían hacerlo, porque —a pesar de que se había dicho que era un programa optativo— la participación era obligatoria.
El engaño burocrático no acabó allí. En teoría, Comunidades Seguras —que actúa como multiplicador de fuerzas, porque requiere que la policía local presente a las autoridades federales las huellas dactilares de todo arrestado del que se sospeche que está en el país ilegalmente (es decir, todo el que tenga apariencia de latino)— debería concentrarse sólo en delincuentes serios y violentos. Pero, en la práctica, ICE desea que el programa se aplique a todo el que esté detenido por la policía por cualquier delito. También requiere que las autoridades locales retengan a inmigrantes ilegales confirmados hasta que las autoridades federales puedan recogerlos.
Eso significa que toda parada de tránsito de una niñera o ama de casa, o todo caso de violencia doméstica en que se lleve a la víctima a la comisaría y se le saquen las huellas digitales, o todo arresto de un vendedor ambulante por vender helados sin un permiso, podría conducir a procedimientos completos de deportación. Bajo Comunidades Seguras, que fue lanzado en 2008, no es necesario que el castigo sea apropiado para el delito; todo lo que importa es que sea adecuado para los objetivos políticos de una Casa Blanca ansiosa por parecer dura con la inmigración ilegal.
Otros demócratas que se oponen a Comunidades Seguras son la líder de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi; el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel y la representante Zoe Lofgren, de California.
Ahora, la división dentro del partido se ha extendido a California, donde los dos más altos funcionarios del estado —ambos demócratas— están enfrentados en cuanto a ese programa.
La Procuradora General, Kamala Harris, recientemente expresó a las fuerzas de seguridad locales y del estado que están en libertad para no cumplir con Comunidades Seguras. El Departamento de Policía de Los Ángeles —el mayor del estado— ya ha decidido abstenerse del programa; el jefe de policía, Charlie Beck, anunció en octubre que estaba retirando a sus oficiales del programa.
Sin utilizar esa palabra, Harris está acusando esencialmente al gobierno de Obama de fraude. Expresó a reporteros que, a pesar de que inicialmente se dijera que el programa se concentraría en los delincuentes más serios, y a pesar de una garantía directa de los funcionarios de ICE, el año pasado, de que se modificaría el programa para obtener ese resultado, un estudio realizado por el estado de datos provistos entre marzo y junio demostró que el 28 por ciento de los identificados como candidatos para la deportación en California, no eran delincuentes.
“Comunidades Seguras no ha sido lo que aspiraba ser”, dijo Harris.
Y, por tanto, los organismos de seguridad locales y del estado no tienen la obligación legal de responder al pedido de ICE de que se detenga a los sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Cada organismo puede tomar su propia decisión.
En el otro extremo del espectro está el gobernador de California, Jerry Brown, quien a principios del otoño indignó a defensores de los derechos de los inmigrantes cuando vetó una propuesta de ley llamada Ley TRUST. Redactada por el miembro demócrata de la Asamblea Legislativa, Tom Ammiano, la ley hubiera prohibido que las fuerzas de seguridad locales cooperaran con los agentes federales de inmigración, a menos que el detenido en cuestión fuera acusado de un delito mayor serio o violento.
Brown intentó justificar su veto con la excusa de que la ley tenía defectos, expresando que quería que la ley fuera mejor y que estaría dispuesto a firmar una versión mejorada. El gobernador debería haber admitido que estaba haciéndole un favor al gobierno de Obama, ahorrándole un bochorno en un año electoral.
Ammiano ha presentado una versión modificada de la ley.
Además, los subterfugios de Brown hubieran sido más creíbles si su último cargo no hubiera sido el que Harris ocupa ahora. Cuando Brown era procurador general, expresó su apoyo a Comunidades Seguras como una herramienta legítima de las fuerzas de seguridad. En 2009, incluso firmó acuerdos con el gobierno federal que ayudaron a lanzar el programa.
Comunidades Seguras ha causado suficientes divisiones y daños. El presidente Obama es muy elocuente cuando habla de arreglar el sistema migratorio. Puede empezar por corregir errores pasados y poner fin a un programa fuera de quicio.
La dirección electrónica de Ruben Navarrette es ruben@rubennavarrette.com.
© 2012 The Washington Post Writers Group.
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