Leyes nuevas en moldes viejos

Primero fue la Ley de Reforma Agraria, firmada a bombo y platillo –con redoble de resquemores, esperanzas y reticencias- el 17 de mayo de 1959, en el recóndito paraje montañoso de La Plata, en la Sierra Maestra. Lugar que le sirvió de refugio y puesto de mando a Fidel Castro en sus tiempos de jefe guerrillero.

Después, en el fragor de los vientos huracanados del Ciclón Flora, en 1963, llegó la segunda Reforma Agraria. Esa vez desapareció la propiedad empresarial agraria privada.

Solo quedaron en pie los pequeños campesinos, propietarios con un límite máximo permitido de cinco caballerías de tierra, equivalentes a unas 58 hectáreas. Fue así como nacieron las Granjas Estatales, especie de latifundios estatales que con su minuciosa ineficiencia, le quebraron el espinazo a la floreciente producción agrícola cubana.

Cuando a principio de los 90, se desintegró la Unión Soviética y los países de Europa Oriental enterraron al sistema comunista que los mantenía en el atraso económico y la opresión política, la dictadura cubana ensayó su tercera Reforma Agraria.

Fue un intento de cambiar las viejas e ineficientes estructuras agrarias heredadas del sovietismo ruso, conservando el molde ideológico comunista que les dio origen. Nacieron entonces las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), se auspiciaron Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y los pequeños agricultores, fueron motivados a integrarse a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

Fue un intento fallido…ya lo había advertido dos mil años antes Jesús de Nazareth: “nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo; pues el nuevo no viene bien con el viejo, y el vestido ha quedado con ello peor que ante”.

Contrario al milenario consejo de la milenario, la nueva estructura agraria que estrena a partir del viernes el raulísmo, parece empeñada en remendar un viejo vestido: El control estatal que ha ejercido el régimen desde hace medio siglo.

La entrega de tierras ociosas en calidad de “usufructo” a las empresas estatales, cooperativas agropecuarias y personas con capacidad de hacerlas producir, no supone un impulso a la iniciativa privada ni mucho menos.

La nueva Ley deja intacto el control del Estado sobre la producción agrícola. La respuesta ofrecida ...