Si pierden la mano que los guía

Tanto como el alimento para saciar el apetito, o la cobija en momentos de frío, la presencia de los padres resulta tan necesaria que llega a ser el elemento sobre el cual se sientan las bases del carácter, el autoestima y el comportamiento emocional del individuo.

Imaginemos entonces el lastre al que queda expuesto un menor cuando abruptamente, por determinaciones legales que no siempre se adhieren a la lógica, su núcleo familiar resulta trunco y alguno de los padres es arrancado sin piedad por un irrevocable proceso de deportación.

En días recientes, los medios locales de Miami se hicieron eco de la huelga de hambre iniciada por dos hermanitos, de nueve y doce años respectivamente, que intentaban con este acto de sacrificio, demostrar la necesidad de ayuda para evitar la deportación de su madre hacia Nicaragua.

Marisela Sosa de 32 años, había sido interceptada por agentes del Servicio de Inmigración, el 19 de diciembre de 2008 en Pompano Beach, después de dejar a su hija Cecia en la parada donde sería recogida por el autobús de la escuela. Desde ese día la familia quedó expuesta a la incertidumbre de la inminente separación y el hecho se concretó el 29 de enero último, después que una solicitud de acogerse al amparo de la ley Nacara, concebida a beneficio de los centroamericanos, le fuera rechazada a la joven mujer.

El caso se menciona apenas como un ejemplo que ilustra el drama de algunas de las secuelas de las redadas antiemigrantes que a lo largo del año anterior tuvieron su momento de recrudecimiento. Pero más desolador aún y preocupante resulta el panorama que se observa cuando al revisar estadísticas publicadas conocemos de la existencia de más de cien mil niños (en su mayoría nacidos en los Estados Unidos) que por procesos de deportación de sus padres, han quedado desamparados.

Lo complejo de la realidad que enfrenta la nación estadounidense ante la necesidad de reforzar su seguridad nacional es uno de los argumentos que con mayor fuerza se esgrimen para respaldar el control de la inmigración, aplicando estas medidas. Asimismo, la necesidad del orden interno que cualquier sociedad estructurada requiere, resguarda este propósito.

Sin embargo, los casos conocidos de personas juzgadas y enviadas de vuelta a sus países, coinciden en su mayoría con gente humilde que corrieron el riesgo de atravesar una frontera y comenzar de nuevo aquí, realizando los trabajos menos confortables y peor pagados, para levantar con sacrificios sus familias y de alguna manera contribuir al desenvolvimiento económico de este país.

Desde el punto de vista social, el problema que se origina, va fomentando una hornada de niños que en la práctica sobreviven como huérfanos teniendo en cuenta los criterios legales a seguir, una vez que la ausencia de uno de los padres o de ambos se ha concretado.

Según informara a Diario Las Américas, Flora Beal, encargada de relaciones con los Medios del Departamento de Niños y Familias, al ser interrogada sobre la posible intervención de esta entidad en beneficio de niños cuyos padres han sido deportados, la funcionaria explicó que los investigadores del Departamento inician un proceso en estos casos, sólo cuando se produce la denuncia de que los niños han quedado al amparo de familiares o personas que los abusan, o afectan su integridad desde el punto de vista físico o emocional.

El Departamento de Niños y Familias sí cuenta con un Programa de Servicio a Refugiados, según nos aclaró su gerente para la región del sur, Ileana Bustelo. “pero este programa está dirigido a ofrecer amparo a los menores de 18 años que ya ingresan al país con esa condición porque han sido víctimas de tráfico humano, o extraídos de campamentos para refugiados de guerra, u otra situación similar”.

De lo anterior se deduce que este proyecto no aplica para aquellos que nacieron aquí o que fueron traídos pequeños a Estados Unidos, y que debido a la condición de ilegales de sus padres, pudieran de momento quedar desamparados.

Revisando la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 y de cuyo contenido Estados Unidos figura como país firmante, se puede observar en los epígrafes 1 y 4 del artículo 9 algunos contenidos que se contradicen con las situaciones de las que están siendo objeto los hijos de inmigrantes deportados.

(Epígrafe 1, articulo 9) Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

(Epígrafe 4, articulo 9) Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.

No obstante el respaldo que desde el punto vista legal puedan tener o no estos controversiales procesos, la opinión de especialistas que observan el bienestar emocional de los niños también debe ser tenida en cuenta y con esta intensión abordamos el criterio de la psicóloga Ligia Houben, Consejera de Duelo y Consultora en Transiciones de vida.

En tal sentido la especialista advertía sobre la teoría del Apego (del inglés Attachment), descubierta y descrita por el psiquiatra John Bowlby, la cual refiere la alianza indisoluble que se establece entre el niño y su madre, incluso antes del nacimiento “y que en casos como estos queda trunca, provocando en el niño una sensación de pérdida o arrebato de algo que le pertenecía”.

“Son varios los conflictos que estos niños se ven obligados a enfrentar, una vez que el hogar de momento queda disuelto –aseguraba Houben. Repentinamente, a pesar de su corta edad, se ven impuestos de hacer ajustes en su vida, padecen además la vergüenza de que su problema se haga público y entonces ni siquiera pueden procesar debidamente su duelo. En la mayoría de los casos, de momento pasan a convivir con personas que les resultan extrañas, con los cuales no tienen siempre la certeza de un buen trato y todo ello los lleva a padecer una desconfianza en los humanos que inevitablemente repercutirá en su formación como adultos”.

“Las consecuencias inmediatas que pueden presentarse en un menor envuelto en percances de esta índole son el retraimiento o la agresividad, el miedo, la rabia, el dolor, la desconfianza y todas las actitudes que implica una situación que a su edad el no pude asimilar”.

“En estos casos, sugería la consultora, lo más recomendable es la ayuda especializada para propiciar que el niño se exprese, que no sea ignorado su dolor y explicarle abiertamente la verdad de los hechos, sin omitir alguno de los detalles para que el daño no se torne más nocivo”.

No pueden por estados de opinión frenarse de golpe las deportaciones de personas indocumentadas, ni el gobierno puede adoptar intempestivamente una ley que legalice a los más de doce millones de indocumentados residiendo en todos los estados de la nación, pero un llamado a la observación de un grupo considerable de niños que forman parte de la población estadounidense es oportuna, para aquellos que les preocupe el futuro de la sociedad que ante el mundo figura como estandarte del respeto a los derechos fundamentales.