Mientras Cecia y Ronald no puedan abrazarse con su madre

El crimen que le impugnan las autoridades a Marisela Sosa es haber permanecido ilegal en los Estados Unidos, durante los últimos 13 años. Aunque en su caso al igual que el de su esposo, según afirmara en declaraciones para Diario Las Américas, el abogado Alfonso Oviedo Reyes, la permanencia en este país para ambos, estaba respaldada por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés) aprobado desde 1990 por el Congreso de los Estados Unidos para ofrecer una condición de legalidad a inmigrantes de ciertos países, cuyas circunstancias sociales y económicas no ofrecen garantías para la integridad de estas personas.

A Marisela la condujeron a la cárcel el 19 de diciembre, después de haber dejado a su hija en la parada del autobús de la escuela, en Pompano Beach. El pequeño Ronald rememorando ese día comentó que se escondió en el cuarto y desde allí vio como se llevaban a su madre.

Desde entonces los niños han estado al cuidado de un tío paterno, Fausto Sosa, quien junto a Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, fungen como guardianes legales de ambos, en tanto el padre permanece escondido en un lugar desconocido para evitar correr la misma suerte de su esposa.

La huelga de hambre protagonizada por ambos menores dos días antes de consumarse la deportación de Marisela despertó la conmoción de toda la comunidad, poro ni ese acto desesperado, ni la demanda interpuesta por unos 600 menores al presidente Barack Obama para que interceda ante la ola de deportaciones que desde el año 2008 se recrudeció, han surtido efecto hasta el momento de escribirse este reportaje.

Durante la entrevista con el abogado Alfonso Oviedo, pudimos informarnos que en los Estados Unidos, hasta el año 1996 existió un recurso legal, correspondiente a los procesos migratorios que analizaba en casos similares a los de la familia Sosa, la conducta moral de los implicados y su permanencia en el país durante siete años consecutivos, lo cual, teniendo hijos nacidos aquí les propiciaba obtener la residencia permanente y dejar de ser ilegales.

“Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del estatuto 8UFC1252F quedó cerrada esta posibilidad y se estableció que para el caso de extranjeros no se puede invocar una acción de clase o lo que es igual a una demanda colectiva, en tribunales ordinarios y tampoco reclamar colectivamente a las cortes del distrito porque existe una ley que lo prohíbe” –y añadió-“ Teóricamente las personas afectadas pueden recurrir individualmente a la justicia, pero por un solo caso, no se beneficiarían todos los afectados por situaciones similares, además para quienes viven de su trabajo, el monto de un litigio legal con una entidad del estado, es casi imposible costear y por eso es que estamos solicitando a la Corte Suprema que se acepte la presentación de una demanda colectiva”.

En otras palabras, la explicación del Dr. Oviedo se traduce en que la opción legal que existía y ofrecía la posibilidad de proteger la estabilidad de las familias integradas por personas sin documentación, desapareció con la aprobación del mencionado estatuto y lo que ha resultado como consecuencia después de la puesta en marcha de la legislación, es la alarmante cifra de más de 100 mil niños separados de sus padres, sin que hasta el momento se vislumbre solución alguna para este grave problema.

“Realmente las acciones de deportación de las que recientemente se han tenido noticias, no se corresponden con individuos a los que se les pueda impugnar un historial delictivo, por el contrario les ha ocurrido a personas trabajadoras, como es el caso de la familia Sosa. Tampoco las cifras de deportados hasta el momento van a resolver el problema de la ilegalidad en el país porque con los más de 12 millones existentes harían falta varios años y muchos recursos financieros para enviar a todas estas personas de vuelta a sus países” –opinó el abogado Oviedo.

“Ciertamente la opción que permitía investigar en el record de vida de ilegales para analizar la posibilidad o no de permitirles residir permanentemente en el país, y que significaba una variante para ir resolviendo el problema de los indocumentados, desapareció con el estatuto aprobado por el Congreso y deben ser muchos los criminales ilegales que anden sueltos, mientras la ley se aplica a quienes si bien no ostentan un estatus legal, mantienen sin embargo una vida y conducta intachables” –comentó el letrado.

Mientras, por intermedio del Dr. Oviedo se intenta que la Corte Suprema desestime la ley existente “por considerarla anticonstitucional” y permita que las cortes federales acepten una demanda de los hijos estadounidenses de los inmigrantes deportados o proclives a serlo.

Si se acepta el procedimiento, el Dr. Oviedo pronostica que a la demanda podrían acogerse unos cinco millones de personas, algunos por ser menores cuyos padres están expuestos a la deportación y otros, porque su cónyuge se encuentra en una situación similar.

Desde el 19 de diciembre que Marisela Sosa fuera interceptada y conducida a una cárcel, la estabilidad de Ronald y Cecia se ha visto afectada desde el punto de vista emocional y práctico. No han visto más a su madre, con su padre pueden reunirse esporádicamente por temor a las consecuencias de hacer vida pública. Permanecen de lunes a viernes con el tío que se encarga de que asistan a la escuela en Pompano Beach, donde nacieron y han vivido siempre, y el viernes en la tarde son traídos a Miami, donde reciben hospedaje con la familia Sándigo durante todo el fin de semana.

Para la realización de este reportaje, Nora Sándigo en sus declaraciones hacía extensivo un pedido a la comunidad, en el que les recordaba a las autoridades de gobierno y población en general “que los niños separados de sus padres por deportaciones, en muchos casos han quedado al cuidado de familias carentes de recursos suficientes y padecen de necesidades básicas, por lo cual requieren la ayuda y el poyo de todos”.

También pedía la colaboración de psicólogos y especialistas de conducta infantil para ofrecer atención especializada a estos menores que como consecuencia de esos percances están confrontando trastornos académicos y emocionales.

Ronald y Cecia Sosa solicitaron hacer pública a través de nuestras páginas el deseo de estar nuevamente cerca de su madre, que desde Nicaragua, por esfuerzos de la familia se comunica con ellos frecuentemente y “nos da fuerzas para esperar el momento de abrazarnos otra vez”.

Los esfuerzos del Dr. Oviedo y la colaboración de la Fraternidad Americana conseguirán quizás la solución de este caso porque al parecer existen recursos legales que les asisten y porque la opinión pública generada alrededor de dos menores indefensos deberá ser tenida en cuenta. Sin embargo, el drama de la separación familiar como resultado de deportaciones que se aplican con toda la intransigencia de la ley, sin evaluar matices, es una lamentable y oscura brecha que desdice del respeto a los derechos individuales y de la familia, en un sistema que se erige como estandarte de esas prerrogativas.