Preguntas por responder

Las medidas anunciadas el pasado lunes por la Casa Blanca sobre Cuba me han abierto algunas interrogantes cuyas respuestas esperan el paso de los días por venir. Las comparto con ustedes con el ánimo de añadir elementos al análisis de la realidad política que viven Washington y La Habana.

Ante todo aplaudo la decisión de permitir, sin límites de tiempo o frecuencia, los viajes y el envío de remesas familiares de cubanoamericanos a Cuba. Lo hago con el mismo espíritu con el que me opuse en su momento a las restricciones impuestas en el 2004.

Reitero ahora, como he dicho en otras ocasiones, que ya es tiempo que en materia inmigratoria los cubanos sean tratados como el resto de los caribeños y latinoamericanos. Vale decir, eliminar el privilegio de la Ley de Ajuste y también de las 20,000 visas anuales que se otorgan anualmente a los cubanos. Son dos privilegios que marchan juntos. No sería un trato igualitario eliminar la Ley de Ajuste y mantener para los cubanos un privilegio que los distingue del resto de los caribeños y latinoamericanos. Quede abierto ese privilegio para los refugiados políticos y la reunificación familiar, como establecen las leyes migratorias de Estados Unidos.

Las medidas relacionadas con las telecomunicaciones y los servicios de radio y televisión por satélite de Estados Unidos, merecen algunas consideraciones.

Lo primero es recordar que las compañías norteamericanas de telecomunicaciones mantienen negocios con ETECSA (empresa mixta cubana) para el servicio de llamadas telefónicas directas a Cuba desde 1992.

Así lo autorizó la llamada Ley Torricelli. Hasta entonces, y desde 1964, llamar por teléfono a Cuba desde Estados Unidos era toda una odisea. Durante todo ese período de 28 años, los pagos que correspondían a la empresa estatal cubana, fueron depositados en una cuenta congelada del Chase Manhattan Bank, bajo la custodia de AT & T, cumpliendo las regulaciones del embargo.

Fueron esos los fondos que sirvieron para compensar a los familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate, que murieron víctimas de los Migs cubanos en aguas internacionales del Estrecho de la Florida, el 24 de febrero de 1996.

Esa decisión inicial del juez Lawrence King, de la corte federal de Miami, abrió un complejo proceso legal, comercial y político, cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días y que es imposible resumir en este comentario por razones de espacio.

El 20 de octubre del 2000, el gobierno cubano aprobó el Decreto Ley 213, que impuso, como represalia a la confiscación de sus fondos, un impuesto del 10% a las llamadas a Cuba, originadas directamente desde Estados Unidos o a través de terceros países. El artículo 10 dice que: “El impuesto establecido en este Decreto-Ley estará vigente hasta la devolución total de los fondos cubanos ilegítimamente congelados en Estados Unidos con los intereses correspondientes”. El gobierno estadounidense prohibió a las empresas de telecomunicaciones pagar el impuesto. Cuba cortó las comunicaciones directas con Estados Unidos el 15 de diciembre de ese mismo año.

Así están las cosas. Las llamadas telefónicas a Cuba desde Estados Unidos se canalizan a través de terceros países. ETECSA mantiene el impuesto y recibe su parte. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ETECSA recibió en el 2006, unos $102 millones de dólares por concepto de servicios telefónicos de las empresas norteamericanas. La lista la encabezan Sprint/Nextel, AT & T y Verizon. Son los datos disponibles más recientes.

Los cubanos pagan la tarifa telefónica más alta del mundo. Una muestra elocuente de usura capitalista y monopólica: la tarifa para llamar a Estados Unidos desde Cuba, es de $1.80 dólares por minuto más un impuesto de $0.245 por minuto. Solo el 8 por ciento de las llamadas telefónicas entre los dos países se originan en Cuba, el 92 por ciento restante proviene de los cubanoamericanos que pagan hasta un máximo de $1.20 por minuto.

El tema es un buen punto en cualquier agenda de discusión. En particular para aquellos preocupados en favorecer los intereses de la llamada “comunidad emigrada” en Estados Unidos.

En cuanto a la posibilidad de que servicios de radio y televisión estadounidense brinden servicio a potenciales clientes en Cuba, no hay mucho que decir. Creo que el presidente Barack Obama hizo lo correcto. Eliminar esa prohibición. Sin embargo no tengo ninguna duda que la prohibición seguirá en efecto, por parte del gobierno cubano.

¿Imaginan ustedes a un cubano de a pie, con servicio de televisión satelital pagado por su familiar emigrado, disfrutando de una programación comercial capitalista procedente de Estados Unidos?

Yo confieso que no tengo tanta imaginación. Mi optimismo no llega hasta ahí. Por lo menos mientras la dinastía de los Castro gobierne en Cuba.