La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está parcializada en contra de Venezuela y es un instrumento de sectores internacionales que buscan desprestigiar a Hugo Chávez, afirmó la representación de Caracas en una audiencia en Washington.
Los delegados venezolanos reiteraron la negativa de su gobierno de que la CIDH envíe una misión al país para verificar el estado de los derechos humanos.
“¿Por qué la comisión admite tantos casos contra Venezuela? No podemos concluir otra cosa que la comisión está parcializada en contra de nuestro país”, señaló el representante de Venezuela ante la CIDH, Germán Saltrón, durante el primer día del período de audiencias de la comisión.
Saltrón dijo que desde 1999, cuando se inició el primer gobierno de Hugo Chávez, “se han presentado un centenar de peticiones y se han admitido 80 casos en tiempo récord” en la CIDH, órgano independiente de la OEA.
El representante reiteró que no se admitirá una postergada visita de la CIDH a Venezuela hasta tanto la comisión no admita públicamente “su error al reconocer el golpe de Estado” de abril de 2002 contra Chávez.
Caracas también exige que sea sustituido el secretario de la CIDH, Santiago Cantón, y se reforme el reglamento del organismo para garantizar la pluralidad.
El gobierno venezolano repudió que por seis años consecutivos, la CIDH haya incluido a Venezuela en su informe anual como país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Ese informe carece de “una metodología fundada en la objetividad y transparencia” y se nutre de denuncias de ONG, que, a juicio de Caracas, buscan “desprestigiar” al gobierno, dijo Saltrón.
La comisión “ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial (...) para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al gobierno” de Chávez, dijo.
Este lunes se realizaron cuatro audiencias en la CIDH sobre Venezuela, dos de ellas privadas a petición de los solicitantes, en su mayor parte ONG, para resguardar su seguridad.
En una de las audiencias, la ONG Provea denunció que hay un proceso de criminalización de la protesta en Venezuela. Según sus cifras, en los últimos cinco años 2.240 personas han sido sometidos a procesos penales por manifestar o realizar huelgas, mientras que seis personas han fallecido en protestas.
“Claro que hay libertad a la protesta, pero tenemos que regularla” y garantizar “la paz ciudadana en Venezuela”, respondió Saltrón.
En las audiencias estuvieron presentes un grupo de estudiantes que realizaron en septiembre una huelga de hambre de una semana en Venezuela para exigir una visita de la CIDH.
En el grupo se encontraba Julio Rivas, líder estudiantil de 22 años que estuvo 22 días preso acusado de generar violencia en una manifestación en agosto.
En su último informe anual divulgado en mayo, la CIDH identificó en Venezuela “un ambiente hostil para el disenso político”, así como obstáculos para la libertad de expresión, hostigamiento a ONG, denuncias de poca transparencia en la justicia y un alto nivel del crimen.
El presidente Chávez rechazó el informe y amenazó incluso en ese momento con que Venezuela podría salirse a la Organización de Estados Americanos (OEA).
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