Acusan a firma eléctrica de provocar muerte y deformaciones en República Dominicana

que puedan tener acceso a diagnósticos y tratamientos de sus enfermedades, dice el texto de la demanda.

Paolicelli explicó que seguramente, “aunque no lo sabemos con certeza”, admitió, parte de los residuos vertidos fueron retirados cuando la República Dominicana ganó un caso contra la compañía a la que reclamaba 80 millones de dólares por daños y perjuicios a la soberanía nacional y al medioambiente, economía, salud y bienestar de los pueblos afectados.

Finalmente en marzo de 2007, el país aceptó recibir 6 millones de dólares de la empresa, que tiene 132 plantas generadoras y 25.000 empleados en 29 países, para la limpieza de las ceniza en los manglares de Manzanillo (en la localidad de Montecristi) y Samaná, ambas en el noreste del país.

Con sede en Arlington (Virginia), AES ganó 185 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento interanual del 27,6%, mientras que en el conjunto de los nueve primeros meses del año acumuló un beneficio neto de 706 millones, un 44,8% menos que en el mismo periodo de 2008.

Según la documentación presentada ante los tribunales, a finales de 2003 y principios de 2004, la planta termoeléctrica que operaba AES en Guayama (Puerto Rico) depositó en Montecristi y Samaná unas 50.000 toneladas de residuos compuestos de arena, agua y cenizas compactados a altas temperaturas.

Paolicelli explicó a Efe que esta demanda trata de lograr compensaciones para los seres humanos afectados, ya que la presentada por las autoridades dominicanas en 2006 se refería a daños medioambientales. Concretamente, el Gobierno dominicano atribuyó a los residuos de AES la destrucción de los manglares de Manzanillo, la muerte de centenares de palmeras en Samaná y la contaminación de unas aguas tropicales donde las ballenas jorobadas acuden cada año para aparearse.

“Después de que se vertieran las cenizas tóxicas y los residentes empezaran a quejarse, AES hizo reiteradas declaraciones falsas a los medios de comunicación y al público asegurando que los residuos depositados en la Bahía de Samaná frente a la playa no eran tóxicos ni nocivos para la vida o la salud y que incluso tenían aplicaciones beneficiosas”, asegura la demanda.