La política de muchos gobiernos hacia inmigrantes los expone a estos a violaciones de sus derechos humanos, incluyendo la explotación en el trabajo, acceso inadecuado a los servicios de salud y arrestos prolongados en situaciones malas y de hacinamiento, dijo la organización Human Rights Watch (HRW)
En un informe de 25 páginas, emitido en coincidencia con la celebración este viernes el Día de los Derechos Humanos, analiza la situación de los inmigrantes a lo largo de este año.
El informe pasa revista a la situación en Arabia Saudita, China, Cuba, Egipto, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Kazakastan, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Rusia, Sudáfrica y Tailandia.
Nisha Varia, investigadora principal de la división derechos de la mujer en HRW, dijo que “pareciera que los gobiernos olvidan que cuando hombres, mujeres y niños emigran, no dejan los derechos humanos en su país”.
Agregó que “en lugar de proteger a la gente que tiene un riesgo especial de sufrir abusos, muchos gobiernos relegan más a los inmigrantes, los castiga, o hace que no tengan acceso a los servicios”.
Varia destaca que los inmigrantes “son la columna vertebral de muchas economías, realizando los trabajos y servicios que la gente en los países huéspedes necesitan, pero no quieren hacer.
“En lugar de recibir respeto, libertad y salarios, son poseídos, tratados como amenazas a la seguridad y, en general, son tratados como indeseables”.
Aquellos detenidos por violaciones a la ley de inmigración a menudo enfrentan castigos desproporcionados o arrestos prolongados en situaciones pobres.
Human Rights Watch dice que Estados Unidos deporta gran cantidad de inmigrantes documentados por cometer delitos no violentos, con consecuencias serias para la unidad familiar y no brinda atención médica adecuada a los detenidos.
El informe agrega que el miedo al arresto y a la deportación también hace que los inmigrantes puedan tener que soportar explotación en el trabajo y evitan ir a las autoridades para denunciar abusos.
HRW urge a los gobiernos a que reformen las políticas de inmigración para facilitar una inmigración legal que proteja los derechos de los inmigrantes y reprima a los intermediarios que engañan a los inmigrantes o les cobren sumas ilegales que los dejen endeudados y más vulnerables a la explotación.