Bases de la propuesta de Control Civil
La separación de poderes en Venezuela ha sido objeto de múltiples y sistemáticos embates que han terminado por subyugarla. En los últimos tiempos y bajo el turbio manto de una pretendida justificación ideológica, el Poder Ejecutivo ha cooptado de manera asfixiante al Poder Judicial, al Poder Electoral y al Poder Ciudadano

El militarismo, el afán autoritario, el apartheid político, el inmenso deterioro moral y la mala fe gubernamental, entre otras plagas que han marcado la gestión pública de Venezuela durante las últimas dos décadas, hacen impostergablemente necesario que nuestro próximo capítulo republicano deba estar signado por un férreo control civil sobre el poder político y el ámbito militar.

Todo funcionario público, desde el recaudador de impuestos hasta el presidente de la república, debe internalizar que la razón de ser de su existencia es el servicio a la sociedad, que más que derechos adquiere obligaciones, que debe ser un buen gerente de los recursos públicos, que su conducta ha de estar estrictamente apegada a la ley y que, a fin de cuentas, es un empleado de los ciudadanos a cuyo control ha de someterse.

La separación de poderes en Venezuela ha sido objeto de múltiples y sistemáticos embates que han terminado por subyugarla. En los últimos tiempos y bajo el turbio manto de una pretendida justificación ideológica, el Poder Ejecutivo ha cooptado de manera asfixiante al Poder Judicial, al Poder Electoral y al Poder Ciudadano.

El Poder Ejecutivo no sólo ha impedido la necesaria autonomía del Poder Legislativo, de gobernaciones y alcaldías, del Banco Central de Venezuela, de institutos autónomos y empresas del estado, sino que también ha pretendido copar el control de sindicatos, federaciones, gremios, cámaras, colegios profesionales, centros de estudiantes universitarios y otras asociaciones de carácter meramente civil, a fin de evitar deliberadamente la expresión de todos los cuerpos intermedios de la sociedad y de acallar el libre pensamiento que ponga en riesgo su perpetuación en el poder.

Con el objeto de mitigar en el futuro el riesgo de cooptación de poderes y de copamiento de cuerpos intermedios de la sociedad, la propuesta para el Control Civil sugiere incorporar al texto constitucional un doble nivel de separación de poderes, que permita distinguir en un primer plano al Poder Político del Poder Civil y en un segundo plano los cinco poderes tal como lo prescribe actualmente la Carta Magna, en razón de sus funciones.

El Poder Político estaría conformado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que son las estructuras en las que por antonomasia se ejerce la función política.

El Poder Civil, a su vez, estaría conformado por los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, así como por entes como el Banco Central de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Estadística, la Superintendencia de Bancos, los institutos autónomos y las empresas del estado, entre otros, que son estructuras civiles por naturaleza, que no deben estar sujetas al devenir político y que, además, muchas de ellas tienen un muy importante rol que desempeñar en el control del Poder Político.

Quienes laboren para el Poder Ejecutivo o para el Poder Legislativo serían funcionarios públicos del Poder Político y sobre ellos y sus familiares cercanos pesarían impedimentos para trabajar en las estructuras del Poder Civil, vigentes hasta por 10 años posteriores a la cesación en sus cargos. Igual suerte, pero a la inversa, correrán quienes laboren para entes del Poder Civil. Si bien tales impedimentos son sumamente fuertes y, en casos, aparentemente injustos, nuestra historia está tan plagada de malas experiencias en este sentido que se justifican y ameritan como medidas de carácter limitativo y profiláctico, en virtud de la protección de los intereses preponderantes.

La propuesta de Control Civil recomienda la creación de un Consejo Rector del Poder Civil, conformado por ciudadanos honorables que representen a los cuerpos intermedios de la sociedad, tales como: universidades, sindicatos, gremios, cámaras, colegios profesionales, centros de estudiantes universitarios, organizaciones no gubernamentales y las distintas iglesias que hacen vida en el País, bajo un mecanismo de rotación que obligue a que cada año se renueve un tercio de sus miembros y bajo un esquema que prohíba que persona alguna permanezca en el Consejo por más de tres (3) años.

Dicho Consejo Rector estaría a cargo de conducir los procesos para la selección y nombramiento de los altos funcionarios de todos los entes sujetos al control del Poder Civil.

La presente propuesta para el Control Civil considera como sus bases esenciales: 1) Involucrar de manera efectiva a ciudadanos honorables en la supervisión de la rectitud en el desempeño de la gestión pública; y, 2) Limitar, al máximo posible, la discrecionalidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Los temas del control de las estructuras del poder público y del manejo de los asuntos públicos son demasiado importante para dejarlo sólo a los Políticos.

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@juanriquezes