A 23 largos años del crimen más horrendo de la dictadura de Fidel Castro, el mundo debe aún un acto de justicia a los 37 cubanos que murieron ahogados por el incontenible menosprecio que conllevó al feroz hundimiento del remolcador 13 de Marzo.

Aquella madrugada, el 13 de julio de 1994, mientras los habaneros trataban de dormir agobiados por la desesperanza y las penurias de la hambruna, un grupo de 72 cubanos, compuesto por hombres, mujeres y niños, entre las edades de 52 años y cinco meses de nacido, se lanzaron a la mar en una embarcación en busca de otros horizontes.

Fieles al ideal del dictador, cuando trataba de mantener a la isla en los parámetros de una gigantesca cárcel, los gendarmes del régimen cumplieron la orden de no permitir el estrepitoso escape de un puñado de familias, que demostraría al mundo el fracaso sociopolítico y económico de sus años de revolución.

Probablemente la voz del guardia vigilante de turno llegó a la alta comandancia, donde se encontraba el Castro mayor, tal vez dormitando, y enfurecido se levantó de la cama para ordenar parar, a cualquier precio, al grupo de cubanos que trataba de escapar.

De esta manera, el lugar preciso de la masacre, a siete millas del litoral habanero, quedó marcado con los gritos de quienes fueron a parar al fondo del mar.

Ni flores pueden familiares y amigos depositar en el mar para recordar a los muertos. El triste capítulo de la historia reciente de Cuba está escondido en lo más profundo de la fosa del castrismo y su conmemoración está estrictamente prohibida.

Ante la ausencia de un poder judicial imparcial en Cuba, la justicia no ha podido ni tan siquiera investigar el suceso. Bastó, según el criterio del Gobierno, catalogar el naufragio de accidente, aun cuando fue causado por la fuerza de los chorros de agua y los bandazos de tres navíos a la orden del Gobierno.

Se lamenta aún que ningún órgano internacional fiable haya logrado llevar al banquillo de los acusados al dictador, cuando vivía, para condenarlo en vida y demostrar al mundo cuán cegado estuvo ante tanta maldad.

Hubo suficientes pruebas y testigos pero faltó la voluntad política y moral de un cuerpo jurídico extraterritorial que abriera un expediente y señalara con el dedo a los culpables. Y es que el silencio frente a actos de abusos y explotación, convierte en cómplice y culpable de los mismos a quien lo calle.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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