Mis colegas y yo le escribimos esta semana al Presidente pidiéndole que tome medidas inmediatas para sancionar a funcionarios del régimen de Venezuela que se aprovechan de la desesperada situación humanitaria, roban recursos del Estados y violar los derechos humanos en el país.

Expresamos nuestra gran preocupación sobre el reciente nombramiento por parte de Nicolás Maduro de Tareck El Aissami como vicepresidente, lo cual lo sitúa en la línea de posiblemente convertirse en el próximo líder de Venezuela - lo que es extremadamente preocupante por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas y organizaciones terroristas. En virtud de la legislación de sanciones de Venezuela que yo he redactado, el poder ejecutivo tiene autoridad para aplicar sanciones, incluyendo la congelación de activos y la prohibición de visas a cualquier funcionario venezolano involucrado en violaciones de derechos humanos o prácticas corruptas.

Junto con mis colegas, insté al Presidente a ejercer estas sanciones y enviar una señal fuerte al régimen de Maduro y a otros similares en la región que los abusadores de los derechos humanos serán responsables por la miseria y el sufrimiento que han traído innecesariamente al pueblo venezolano. Como resultado de las fallidas políticas económicas y otras políticas de Maduro, los venezolanos enfrentan una escasez de alimentos y medicinas cada vez mayor. Para empeorar las cosas, el régimen de Maduro ha nacionalizado la distribución de alimentos, colocando a los militares venezolanos a cargo de cinco puertos marítimos y la cadena de suministro de alimentos y medicinas en ese país.

Es extremadamente preocupante que el régimen de Maduro siga adoptando medidas, cada vez más autoritarias, contra personas inocentes en Venezuela. La oposición ha sido objeto de intensa persecución, siendo vilipendiada en los medios estatales por funcionarios del régimen de Maduro, acusados rutinariamente de delitos falsos y encarcelados arbitrariamente. En la actualidad hay más de 100 prisioneros políticos en el país, tanto ciudadanos estadounidenses como líderes de la oposición como Leopoldo López y Daniel Ceballos. Maduro también ha confiado en las ramas corruptas de su régimen, como la Corte Suprema y el Consejo Nacional Electoral, para invalidar las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional, incluyendo una ley de amnistía para los presos políticos del país y una moción para un referéndum. Con esta maniobra Maduro queda constitucionalmente consagrado en la presidencia.

Un extenso informe de investigación publicado por la agencia Associated Press, en diciembre de 2016, reveló lo que muchos supusieron que era cierto, que los corruptos funcionarios venezolanos se benefician de la lucha humanitaria en el país. Según informes de prensa, funcionarios de alto nivel están utilizando diversos esquemas para defraudar a las empresas que proporcionan alimentos a través de la cadena nacionalizada.

El informe de Associated Press alega que los generales Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio están orquestando un esquema fraudulento con empresas sospechosas con el fin de llenar sus propios bolsillos en lugar de llevar comida al país. De comprobarse, cualquier funcionario del régimen, general o venezolano que cometa delitos fraudulentos o corruptos, particularmente a expensas de los venezolanos que sufren, debe ser sancionado de acuerdo con la ley de los Estados Unidos.

Las acciones de Maduro y sus cómplices son perjudiciales para el bienestar del pueblo venezolano y la estabilidad de Venezuela. En un reciente acuerdo con el Departamento de Justicia, la compañía de construcción Brasilera, Odebrecht, admitió pagarle aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios corruptos del régimen venezolano. En consecuencia, nos preocupa que los pagos en exceso de los contratos de alimentos también pudieran representar una nueva responsabilidad para las compañías estadounidenses. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros debe emitir reglamentos que clarifiquen y aseguren que las empresas estadounidenses no se involucren, sin darse cuenta, en negocios con cualquier entidad del régimen corrupto en Venezuela que viole la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977.

Por último, estamos especialmente preocupados por el ascenso de Tareck El Aissami. El nexo entre la corrupción, el narcotráfico y la influencia de las organizaciones terroristas en Venezuela ha sido planteado en varios informes de los medios de comunicación:

El 9 de septiembre del 2009, el diario The American Interest informó que “el señor El Assaimi, que en algún momento estuvo cargo de Onidex, la agencia venezolana de pasaporte y naturalización dentro del Ministerio del Interior, era sospechoso de haber emitido pasaportes a miembros de Hamas y Hezbolá. También hay acusaciones de que El Aissami y otros afiliados a Hezbolá están a cargo de reclutar jóvenes árabes venezolanos que luego son entrenados en los campamentos de Hezbolah en el sur de Líbano.”

El Wall Street Journal también declaró el 23 de noviembre de 2014 que "la oficina de El Aissami utilizó tecnología de información desarrollada por la seguridad estatal cubana para dar a unas 173 personas del Medio Oriente nuevas identidades venezolanas, que son extremadamente difíciles de rastrear". Alegando que "los funcionarios de inteligencia regionales creen que" de las personas más notables de interés "que recibieron documentos falsos de Caracas fue Suleiman Ghani Abdul Waked, un importante miembro del Hezbolá libanés.”

El 18 de mayo de 2015, el periódico The Wall Street Journal indicó que el ex ministro de Hacienda de Venezuela y gobernador de Aragua Rafael Isea, dijo a los investigadores que Walid Makled, jefe de narcotráfico ahora en prisión, pagó al ex ministro del Interior, Tareck El Aissami para poder recibir envíos de tráfico de droga a través de Venezuela.”

Teniendo en cuenta estos informes, el deterioro de la situación humanitaria en curso en Venezuela y la nueva prominencia de Aissami en el régimen, instamos a los organismos competentes a investigar a fondo la conducta y las actividades de Tareck El Aissami en vista de los instrumentos de sanciones antes mencionados. El régimen de Maduro es tiránico, opresivo y una amenaza para la democracia global. Su régimen afecta a América Latina a medida que sigue creciendo. Queda mucho por hacer por la democracia en este Hemisferio. Una acción concluyente y basada en principios democráticos, en respuesta al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, como una de las primeras acciones de política exterior de su Administración, enviaría un poderoso mensaje al régimen de Maduro y al pueblo venezolano.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

 

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