Florida y la incertidumbre de los ciclones
La gravedad de lo sucedido en el sur de la Florida -especialmente en los Cayos-, y la amenaza que representa este tipo de fenómeno meteorológico para la vida y las propiedades de las personas, ha disparado la alarma social

Como un fatal rito de verano, Florida vuelve a ser presa de los ciclones.

El huracán Irma ha tenido en vilo a todo el Estado cobrándose la vida de más de una decena de personas y dejando sin electricidad a 3.787.997 viviendas, lo que significa un 36,08% del total de hogares, negocios y entidades públicas y privadas de la Florida.

Pasan los años y los gobiernos federal, estatal y local dedican ingentes cantidades de fondos públicos a sostener el dispositivo de emergencia pre y pos ciclónica -mitigar los daños causados por un ciclón puede costar decenas de miles de millones de dólares-. Y sin embargo, la inseguridad golpea nuevamente a los floridanos.

Un paisaje apocalíptico de árboles derrumbados, señales destruidas, postes de electricidad descolgados, desabastecimiento de gasolina y alimento, falta de electricidad, internet y telefonía móvil, saqueos y actos vandálicos en ciertas áreas de la ciudad son algunos de los problemas que ponen en evidencia la consistencia de las infraestructuras, pero también la organización y la capacidad de respuesta de una ciudad puntera como Miami para restablecerse después del paso de un desastre de esta naturaleza.

La gravedad de lo sucedido en el sur de la Florida -especialmente en los Cayos-, y la amenaza que representa este tipo de fenómeno meteorológico para la vida y las propiedades de las personas, ha disparado la alarma social; los ciudadanos no aprecian avances en los planes de protección civil con políticas de prevención para minimizar las consecuencias de siniestros y desastres naturales, ni en las labores de reconstrucción después de la tormenta.

La pregunta necesaria que deben hacerse las diferentes administraciones públicas es si los diversos condados de la Florida están en condiciones logísticas de proteger la vida de los ciudadanos y de solventar sus necesidades básicas durante el paso de un huracán, o no lo están; y, en caso de que la respuesta sea negativa, por qué.

La primera impresión es que, dejando a un lado el esfuerzo meritorio de quienes afrontan los ciclones en primera línea, los políticos esperan los huracanes con una batería de medidas de seguridad poco prácticas y mucha retórica grandilocuente. Pero algunas infraestructuras siguen sin contar con la suficiente capacidad de resistencia ante este tipo de fenómenos naturales, las líneas eléctricas continúan sin soterrarse, los árboles no se podan con la debida periodicidad, la red de desagües y alcantarillas continúa siendo obsoleta y poco funcional en diferentes barrios, y el ciclo ciclónico se repite todos los años sin apenas variaciones.

Por su parte, el plan familiar de emergencias también deja mucho que desear, huérfano de una campaña previa de difusión de cultura de la prevención y protección civil, con especial énfasis en los habitantes de zonas vulnerables.

Es un trabajo que exige paciencia, dedicación, recursos humanos y, sobre todo, inversión. Desgraciadamente las políticas de emergencia son la primeras afectadas cuando hay recortes en los presupuestos; y, más desafortunadamente aún, no siempre la coordinación entre administraciones es la mejor.

Se entiende entonces que algo de mala conciencia le debe de quedar a los diferentes gobiernos encargados de la seguridad de la población, antes y después del paso del huracán Irma, cuando han decidido callarse en lugar de dar explicaciones. No hace falta ser experto en la materia, para saber que algo no funciona en el terreno de emergencia en Miami. Por eso, casi tan molesta como la incertidumbre ciclónica resulta la desidia de los políticos y de las empresas encargadas de las labores de recuperación.

Sin caer en la demagogia barata del calentamiento global, y de acuerdo a la frecuencia y capacidad de destrucción con que se comportan los ciclones, Irma mucho tiene que ver con un período climático que desde hace años registra un endurecimiento de los veranos más secos, con temperaturas más altas y cambios bruscos del sentido del viento.

Esta nuevo escenario obliga a modificar los enfoques clásicos, a poner ahora el acento más en prevenir que en lamentar. Por ello, las dotaciones de emergencia en el Estado comienzan a ser insuficientes dentro de un entorno azaroso donde la coordinación entre servicios debería mejorar considerablemente.

Así que habrá que articular estrategias que sustituyan la tradicional labor de espera de un huracán con el manual de la abuela. Para ello habrá que implicar más a todos los sectores de la comunidad, condados, municipios, entidades públicas y privadas y, sobre todo, a la sociedad civil (la temeridad y la imprudencia de algunas personas también deberían ser amonestadas). Incluso, si es preciso que se especialicen y se adiestren cada año a ciertas unidades de los cuerpos de bomberos, de salvamento marítimo y de las brigadas forestales. Es un trabajo de resultados lento y a largo plazo. Pero necesario.

Irma no sólo ha puesto en evidencia el apartado de las responsabilidades por la cadena de decisiones o indecisiones que contribuyeron a que se incrementaran los daños del huracán (más de una decena de muertos y casi la paralización del sur de la Florida durante más de una semana). También ha dejado aparcado el inaplazable debate sobre la seguridad en una coyuntura compleja de una ciudad estratégica entre Europa y América como es Miami. Algo que no se merecen los ciudadanos, que tienen derecho a conocer las propuestas concretas de los partidos en este campo antes de votar.

La seguridad del Estado y de sus habitantes debe ser la máxima prioridad. Y entendemos que para ello hay que reconfigurar el ordenamiento territorial en torno a la capacidad de gestionar los riesgos. La prevención y la capacidad de reacción deben ocupar el centro de las políticas públicas.

Quizá haya llegado el momento de emprender una modernización radical de los Centros de Control de Emergencias, con la creación de un centro de mando permanente que tenga la misión de prever los riesgos, planificar y coordinar cada una de las operaciones.

Los diferentes gobiernos deberían escuchar este reclamo de los ciudadanos y actuar en consecuencia. Jamás ha sido tan decisivo el valor del tiempo. Cuanto antes se empiece, mejor.

(*) Analista y consultor