Informe Otálvora: Gobierno de Trump asoma contradicciones en "tema Venezuela"
Todos coincidieron en calificar a Maduro de dictador, todos condenaron el trato a los presos políticos en Venezuela y rechazaron la Asamblea Constituyente, pero algunas diferencias surgieron de tal cantidad de voceros

@ecotalvora

La diplomacia del gobierno de Donald Trump dejó ver notorias contradicciones respecto a su visión de la situación de Venezuela. El 30JUL17, Nicolás Maduro cruzó la línea roja marcada por la comunidad internacional al realizar votaciones para una Asamblea Constituyente, lo cual fue seguido del traslado a una prisión militar, la madrugada del 01AGO17, de los presos políticos venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López. Desde el 31JUL17, una larga lista de altos y medianos funcionarios del gobierno Trump tomaron la palabra para referirse a la situación en Venezuela, a la imposición de sanciones a Maduro y sobre la salida política que EEUU respaldaría en Venezuela. A media mañana del lunes 31JUL17, mientras la Casa Blanca vivía una de sus rutinarias crisis de personal, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster anunciaron la inclusión de Maduro en la Lista OFAC de personas sujetas a sanciones. El 01AGO17, a raíz de las acciones contra Ledezma y López, arrancó una cadena de pronunciamientos de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders; el secretario adjunto interino para asuntos del Hemisferio Occidental Francisco Palmieri, el subsecretario adjunto de Estado para Suramérica Michael Fitzpatrick; la vocero del Departamento de Estado Heather Nauert, el Secretario de Estado Rex Tillerson y el mismísimo Donald Trump. Todos coincidieron en calificar a Maduro de dictador, todos condenaron el trato a los presos políticos en Venezuela y rechazaron la asamblea constituyente, pero algunas diferencias surgieron de tal cantidad de voceros.

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El secretario de Estado Rex Tillerson ofreció el 01AGO17 una rueda de prensa a propósito de cumplir seis meses en el cargo. Tillerson se refirió expresamente a Venezuela y manifestó que el interés de EEUU era el regreso del país a la constitución y a la celebración de elecciones. Tillerson habló de crear condiciones para que Maduro decida que “no tiene futuro y se marche por decisión propia” o que el Gobierno regrese a la vía constitucional. A esta segunda opción el jefe de la diplomacia estadounidense le concede poca probabilidad ya que “estamos muy preocupados por lo que estamos viendo allá abajo”. Por cierto, Tillerson reveló que el tratamiento del “tema Venezuela” está en manos del subsecretario Tom Shannon, del exembajador en Caracas William Brownfield y de Francisco Paco Palmieri.

Mientras Tillerson hablaba de “convencer” a Maduro de abandonar el cargo, otro funcionario del Departamento de Estado enviaba un mensaje distinto. Michael Fitzpatrick, el encargado del Departamento de Estado para Suramérica, en entrevista con la agencia EFE el 01AGO17, afirmó que EEUU “respeta al gobierno oficial de Venezuela y del presidente Maduro en este momento” con el cual “queremos dialogar”. Fitzpatrick, asumiendo una posición de diplomacia pragmática afirmó que Maduro es un dictador pero EEUU mantiene “relaciones bilaterales con casi todos los países del mundo menos un par incluso sin estar de acuerdo con su forma de gobierno”. Fitzpatrick, además, advirtió que EEUU no reconocería un “gobierno paralelo” que pudiera ser nombrado por la Asamblea Nacional venezolana, rechazando implícitamente una propuesta impulsada por sectores de la Oposición en Venezuela.

Tillerson hablaba de presionar para la salida de Maduro pero su encargado para Suramérica develaba una línea distinta para tender puentes hacia el régimen chavista.

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Las contradicciones públicas de la administración Trump continuaron el miércoles 02AGO17 cuando Palmieri compareció ante el subcomité “Hemisferio Occidental” del Comité de Relaciones Exteriores del Senado presidido por el republicado Marco Rubio. Si bien la sesión estaba dedicada a Colombia y la implementación del Acuerdo Santos-Farc, el “tema Venezuela” hizo su inevitable aparición. En su testimonio inicial, Palmieri afirmó que el deterioro de la situación en Venezuela tiene un impacto desestabilizador en los países vecinos ejemplificándolo con la migración de venezolanos a Colombia. Interrogado por Rubio, Palmieri se rehusó a calificar como “ilegítima” a la Asamblea Constituyente de Maduro, aunque aclaró que el gobierno Trump no la reconocería. La actitud de Palmieri al negarse a usar la expresión “ilegítima” habría causado malestar entre los congresistas que siguen el caso venezolano, porque implicaba que Trump estaría dispuesto a convivir con la constituyente de Maduro. El 03AGO17, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, emitió un comunicado categórico con el cual la administración Trump intentó borrar las dudas sembradas por Palmieri. El comunicado señala que EEUU no reconoce la Asamblea Constituyente a la cual califica como “el producto ilegítimo de un proceso diseñado por la dictadura Maduro para su asalto a la democracia”.

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Ecuador vive una guerra intestina en el castrochavismo. El presidente Lenín Moreno rompió con su antiguo jefe político Rafael Correa a quien señala de haber dejado endeudado al gobierno y en crisis económica al país. Correa, desde su descanso europeo, intenta desprestigiar y desestabilizar a Moreno, contando con el apoyo del vicepresidente Jorge Glas quien es acusado de haber recibido propinas de la brasileña Odebrecht. El 03AGO17, Moreno retiró a Glas todas las funciones de gobierno en un intento para frenar la conspiración de Correa.

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El gobierno izquierdista de Uruguay ha intentado mantener una posición de no confrontación con el régimen chavista del cual ha sido aliado político en el pasado. Hasta ahora, el gobierno de Tabaré Vázquez ha sido el impedimento para que Mercosur expulse a Venezuela. Pero la posición uruguaya ha tendido a hacerse crecientemente crítica contra Maduro. En un comunicado del 31JUL17, Uruguay mostró su “gran decepción” porque Maduro no aceptó “las propuestas que el Mercosur y nuestro país realizaron” (…) “para establecer un mecanismo de diálogo regional, equilibrado y aceptado por todas las partes para buscar una salida al grave conflicto que atraviesa” Venezuela. Al día siguiente, Uruguay emitió un nuevo comunicado exigiendo la libertad de todos los presos políticos venezolanos y a “asegurar el pleno goce de los derechos humanos de los detenidos”. La violenta represión ejercida por el gobierno Maduro contra los opositores comienza a restarle apoyos en sectores de la izquierda internacional y en el caso de Uruguay, pudiera representar un cambio de posturas ante Venezuela en el Mercosur.

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Convocados por el gobierno brasileño que ejerce la presidencia semestral del grupo, los cancilleres de los cuatro países fundadores del Mercosur planean reunirse el sábado 05AGO17 en São Paulo para decidir sobre el futuro de Venezuela como miembro de la organización. La intención de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, la cual requiere el apoyo uruguayo para ser aprobada, es declarar que en Venezuela se ha producido una “ruptura del orden democrático” y que tras intentar infructuosamente realizar consultas con el gobierno Maduro, se procede a sancionarlo con la “suspensión de los derechos y obligaciones” pactados en el Mercosur. En la práctica, el gobierno Maduro está excluido de los órganos de decisión del grupo desde el 02DIC16, cuando los restantes socios alegaron el incumplimiento de Venezuela de diversas normas que forman parte de las obligaciones de los miembros. De prosperar la suspensión de Venezuela sería una medida de carácter político, ya que el Protocolo de Ushuaia vigente no contempla sanciones económicas. Los gobiernos de Argentina y Brasil ya han descartado la aplicación de sanciones comerciales unilaterales por considerarlas dañinas para la población venezolana.

El tema de las sanciones al régimen chavista no sólo ocupa al Mercosur. En la Unión Europea se analiza el tema, existiendo un virtual consenso que desecha posibles sanciones económicas prefiriendo medidas individuales contra altos jerarcas del régimen chavista tales como las ya decididas por EEUU.

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El 02AGO17, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, solicitó al presidente del Consejo Permanente, el brasileño José Luiz Machado e Costa, convocar una reunión urgente del Consejo para tratar el fraude electoral en Venezuela con base en la Carta Democrática de la organización. Antes, el 06JUL17, Almagro realizó una solicitud similar la cual hasta la fecha no ha sido atendida por Machado quien tras diversas rondas de consultas con los países miembros ha optado por dar largas a las peticiones de Almagro. Tras dos reuniones de los cancilleres del Continente, en Washington el 31MAY17 y en Cancún el 19JUN17 para tratar el “tema Venezuela”, quedó demostrado que la actual correlación de fuerzas en la OEA bloquea un acuerdo de acción conjunta hacia Venezuela.

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Con la OEA maniatada, un grupo de gobiernos encabezados por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski comenzaron consultas desde mediados de junio para activarse en caso de que Maduro concretara su plan de elegir una asamblea constituyente con la cual intentará disolver la Asamblea Nacional y modificar las reglas políticas del país. El 30JUL17, apenas horas después de las dudosas elecciones en Venezuela, la cancillería de Perú develó el plan de realizar una reunión de cancilleres americanos, al margen de la OEA, “frente a la situación creada por las elecciones para una Asamblea Constituyente y su impacto sobre el orden democrático en Venezuela”. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú planean reunirse el 08AGO17 en Lima. Con la Asamblea Constituyente de Maduro ya instalada el 04AGO17, el dilema de la reunión de Lima es definir una posición común ante un régimen no democrático. Varios gobiernos evalúan la opción de la ruptura de relaciones o reducirlas a nivel de cónsules. La reunión de Lima ha despertado creciente interés y es seguida de cerca por la Unión Europea y EEUU.