@ecotalvora
Analista

La gestión de Ernesto Samper al frente de Unasur, marcada por su abierta inclinación a favor de los gobiernos castrochavistas de la región, habría llegado a su final.

El 22AGO16 amaneció formalmente acéfala la organización de países suramericanos ya que ese día se completó el lapso para el cual fue electo Samper como Secretario General de la organización. El 22AGO14, los gobiernos que conforman Unasur reunidos en Paramaribo, eligieron a Samper “por un periodo de dos años, a iniciarse en la presente fecha”. Si bien la Presidencia de Unasur era ejercida en aquel entonces por el mandatario de Surinam, Désire Bouterse, la entrega de la Secretaría General a Samper se produjo en el Palacio de Miraflores en Caracas, en un acto presidido por Nicolás Maduro el 11SEP16.

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Samper pudo pretender la renovación de su mandato para un nuevo periodo de dos años, pero mediante una tardía carta del 18AGO16 dirigida a Maduro en su condición de Presidente Pro Témpore de Unasur, el colombiano anunció que no aspira a la reelección. Samper alega que regresará a Colombia a “seguir luchando” por la paz, pero su salida apresurada de Unasur, marcada por él para el 11AGO16, es un claro reflejo del estado de confrontación que viven los gobiernos de Suramérica. El choque por la conducción de Mercosur entre el régimen chavista y los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay ya se proyecta sobre Unasur. La decisión de reelegir a Samper debe ser tomada por unanimidad entre los doce gobiernos suramericanos pero es muy probable que varios gobiernos se nieguen a dar su voto a quien se ha mostrado como un incondicional agente de Maduro y un abierto detractor del gobierno brasileño que reemplaza a la izquierdista Dilma Rousseff.

La selección del nuevo Secretario General de Unasur, que debe ser igualmente por consenso, enfrenta serias dificultades. Hasta ahora ningún gobierno ha mostrado intenciones de proponer una candidatura, mientras algunas cancillerías analizaban la opción de acordar que Samper permaneciera en el cargo de forma extraordinaria por varios meses, en espera de identificar un candidato de consenso y de que la crisis en Mercosur sea superada. El 26AGO16 Unasur informó oficialmente que Samper permanecerá en el cargo hasta el 31ENE17.

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El interés común de un importante sector de la élite dirigente colombiana y de los cabecillas de las Farc para poner fin a su confrontación militar está a punto de concretarse. Las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Farc concluyeron el 24AGO16 mediante la suscripción por los respectivos jefes negociadores de un “Acuerdo Final” que el Gobierno colombiano ya está ejecutando sin esperar su aprobación en las urnas. Santos, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, ordenó el fin de las operaciones militares contra las Farc a partir de las cero horas del 29AGO16. Está previsto que la última semana del mes de septiembre, en una ceremonia que contaría con la asistencia de numerosos jefes y delegaciones extranjeras, Santos y el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez Timochenco, suscriban la versión protocolar del Acuerdo, con lo cual el pacto con las Farc se convertirá, en la práctica, en un hecho políticamente consumado. La proyección internacional de los acuerdos convierte a Santos y Timochenko en seguros candidatos al próximo Premio Nobel de la Paz.

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La aprobación del acuerdo con las Farc depende del resultado de una consulta popular fijada por Santos para el 02OCT16, en lo que oficialmente será un “plebiscito especial para la paz”. Según la Corte Constitucional de Colombia, los colombianos irán a las urnas para pronunciarse a favor o en contra del contenido de las 297 páginas que contienen el acuerdo firmado por Santos, pero la propaganda oficial presenta la consulta como la alternativa entre paz y guerra buscando estigmatizar a quienes se oponen a los términos pactados con las Farc. Según una reciente modificación legal, la aprobación del acuerdo en el plebiscito requerirá sólo del voto favorable del 13% del padrón electoral, lo cual equivale a un poco más de cuatro millones electores. La cifra de votos favorables no parece difícil de obtener, ya que Santos cuenta con el respaldo de una intensa campaña propagandística, el peso del Estado, una extensa alianza partidista, el respaldo de la izquierda aliada de las Farc, de “movimientos sociales” y de la propia guerrilla que hará campaña en sus zonas de influencia sin haber procedido al desarme. El expresidente Alvaro Uribe Vélez capitanea el rechazo al Acuerdo, pero su campaña en contra la ejecuta en franca desventaja.

Aplicando una reforma constitucional aprobada el 07JUL16, Santos podrá legislar mediante decretos para “facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo” del Acuerdo. Por seis meses, además, el Congreso de Colombia podrá aprobar leyes sugeridas por Santos mediante un procedimiento de fast track.

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El documento firmado en La Habana tiene una extensión de 297 páginas en las cuales figuran desde proclamas doctrinales, cronogramas de cese del fuego y cientos de enunciados de acciones que el Estado se compromete a ejecutar en materias tan diversas como automatización de los sistemas de votación, impuestos prediales, manejo de la televisión estatal, alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada para la población, por ejemplo. La cantidad y variedad de temas, diferentes a los específicos del fin del conflicto armado, hace virtualmente inejecutable el acuerdo firmado por Santos con las Farc, el cual contempla el funcionamiento por un irreal lapso de diez años de una “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación”.

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Algunos de los contenidos del pacto entre Santos y las Farc.

En Colombia será creado un sistema paralelo de justicia denominado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” el cual contará incluso con jueces extranjeros. El sistema tiene como objeto administrar la “amnistía más amplia posible” ofrecida por el Gobierno. Los jefes guerrilleros, sobre los cuales pesan actualmente graves sentencias judiciales, en razón del acuerdo podrán aspirar a cargos de representación política, ya que “la imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Santos se compromete a crear un “Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política” como garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes están ejerciendo la política en el marco de reglas democráticas”, el cual deberá crear un “programa de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal” El gobierno deberá garantizar “que los esquemas de protección” a líderes de las Farc y sus familiares, “estén dotados de las armas más adecuadas y pertinentes”. Se estima que el Estado colombiano deberá contratar y armar a varios cientos de exguerrilleros que actuarán como espalderos de los jefes de las Farc legalizados. El Acuerdo prevé que EEUU participará en “acompañante internacional” en esta materia.

Las Farc obtienen inmediata representación en el Consejo Nacional Electoral y realizarán una evaluación del sistema electoral con apoyo, entre otros, del Centro Carter. Tendrán asegurada hasta el año 2026 su participación en el Congreso colombiano ya que independientemente de los votos que obtengan en las próximas dos elecciones (2018 y 2022) el Acuerdo les garantiza cinco senadurías y cinco escaños en la Cámara de Representantes. Además, Santos se comprometió a crear “circunscripciones electorales transitorias” justamente en zonas rurales con presencia guerrillera, en las cuales los candidatos “contarán con reglas especiales para la inscripción y elección” y “financiación especial” y en las que se escogerán 16 representantes a la Cámara hasta el año 2026. Las Farc recibirán frecuencias de radio para la operación de “radios comunitarias” “en las zonas más afectadas por el conflicto”.

Las Farc obtienen hasta el año 2026 el 20% del presupuesto asignado por el Estado para los partidos políticos, monto que en 2016 sería cercano a US$ 3 millones anuales. El monto entregado por el Estado será destinado al funcionamiento del partido de las Farc y de un “Centro de pensamiento y formación política”. Además, el Estado financiará y facilitará una empresa de las Farc denominada “Economías Sociales del Común”.

Cada uno de los guerrilleros desmovilizados recibirá del Estado por un lapso de dos años rentas equivalentes al 90% del salario mínimo. Igualmente obtendrán una “asignación única de normalización” y un “apoyo económico” que sumarán cerca de US$ 3.400.

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Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay se proponen materializar el control colectivo de Mercosur, dejando a un lado al gobierno Maduro y contando con la posición dubitativa de Uruguay. El 23AGO16 se celebró en la sede de Mercosur en Montevideo, una reunión autoconvocada por los coordinadores nacionales los cuatro miembros fundadores del organismo de integración sureño. El representante de Maduro, pese a estar invitado, se negó a asistir por considerar que sólo Venezuela puede convocar a ese tipo de reuniones. Allí fue definido un cronograma de actividades y reuniones temáticas para los meses que restan del año 2016 el cual prescinde de la presidencia pro tempore reclamada por Maduro. El 24AGO16, el representante del gobierno chavista en Mercosur, Héctor Constant, celebró una reunión para presentar su propio cronograma de actividades pero sólo el coordinador por Uruguay atendió la convocatoria del chavista ya que los demás miembros no reconocen la autoridad del enviado de Maduro.

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