FLORIDA.- Más de la cuarta parte de los distritos escolares del estado —son 67— han mostrado su interés en presentar una demanda colectiva contra la Legislatura de la Florida. Varias juntas escolares ya han dado su visto bueno luego de que Broward hizo la propuesta inicial. En unos días Miami-Dade habrá de pronunciarse.

¿Cuál es la causa de esta insurgencia? Se trata de la ley HB 7069, firmada por el gobernador Rick Scottt y en vigor desde el 1 de julio. El mamotreto (nada menos que 278 páginas) incluye polémicas reformas para las escuelas públicas, desde kirdergarten hasta 12 grado. La ley, cuyo presupuesto es de $ 419 millones, ha sido calificada por algunos analistas como la arremetida más violenta contra la escuela pública. Ataque por demás alevoso: los mismos senadores que la aprobaron -de manera apresurada y en secreto-, reconocieron que el documento era defectuoso y tendría que corregirse el próximo año.

Por qué representa una violación de la Constitución

Ahora bien, el motivo de la demanda no es el zafio procedimiento ni la tosca redacción. Los impugnadores esgrimen, para empezar, una violación esencial. Según la Constitución de la Florida, cualquier proyecto de ley debe circunscribirse a un solo tema. Sin embargo, la HB 7069 es un compendio, bastante incoherente —alegan los sufridos y escasos lectores—, de más de 50 proyectos de ley.

Objeciones relacionadas con su contenido:

- Restringe la facultad de los distritos escolares para supervisar los contratos con las escuelas chárter.

- Asigna $ 140 millones a las llamadas "Escuelas de Esperanza" (Schools of Hope), nuevas chárter, pero no fija un estándar sobre cómo emplear ese dinero, por lo cual estas eludirían la fiscalización de la junta escolar local.

- Obliga a los distritos escolares a compartir el dinero público. Hasta ahora se consideraba ilegal que las chárter recibieran fondos provenientes de impuestos sobre la propiedad.

- Instala, de hecho, un segundo sistema de educación pública, aunque de carácter privado.

Como se aprecia, la alegación de inconstitucionalidad tiene que ver, más que todo, con las ventajas que reciben las escuelas chárter en detrimento de las escuelas públicas. En lo adelante, las primeras tendrían regulaciones menos restrictivas y fondos adicionales, lo cual les permitirá expandirse y rivalizar, en desleal competencia, con las segundas.

Entre esas ventajas, la más enervante es aquella que obliga a los distritos a compartir millones en fondos locales de los contribuyentes, concebidos durante años para la construcción y el mantenimiento de los colegios. De esta manera, el distrito escolar se vería obligado a recortar, en lo inmediato, programas de beneficio para las familias y estudiantes inmigrantes. Se estima que en los próximos cinco años el distrito de Miami-Dade tendría que desprenderse de $ 225 millones; Broward de $ 100 y Palm Beach de $92. ¡Propietarios, esperen subida de impuestos!

Show me the (public) Money

El programa “Schools of Hope” también ha levantado chispas (¿es que acaso la escuela tradicional fomenta a desesperanza?). Bajo la ley, los operadores de las chárter podrían utilizar un fondo de $140 millones para abrir escuelas en aquellas áreas donde las públicas hayan obtenido calificaciones de D o F, al menos durante tres años consecutivos.

Durante su campaña, Donald Trump abogó por extender las escuelas chárter y distribuir más vouchers y becas. Se mostró partidario de lo que llamó una “fructífera competencia entre opciones educativas”. Con la elección de Betsy DeVos como su secretaria de Educación, la legislatura republicana de Tallahassee debe de haber recibido un fuerte estímulo: la multimillonaria empresaria es partidaria a ultranza del “school choice” y, por ende, adalid de la privatización de la educación.

Pero no es tan solo cuestión de doctrina: los diarios The Miami Herald y The Washington Post revelaron días atrás que varios legisladores floridanos poseen intereses en la industria de las chárter. Incluso la esposa del propulsor de la ley, el presidente de la Cámara Republicana de Florida, Richard Corcoran, fundó uno de esos centros en el condado Pasco.

Para vergüenza de la comunidad, los legisladores que patrocinaron la nefasta HB 7069 son originarios de Miami-Dade: se trata de Michael Bileca, R-Miami, presidente del Comité de Educación y director ejecutivo de la fundación que financia True North Classical Academy (chárter), y Manny Díaz Jr., R-Hialeah, presidente del Comité de presupuesto de Educación de la Cámara y director de operaciones de Doral College (chárter). Se entiende que ambos hayan acumulado un grueso expediente de legislación favorable a la educación privada.

Vale aclarar, sin embargo, que tanto el partido republicano como demócrata han apoyado con entusiasmo —sin donaciones de campaña nadie hace política— la extensión de las chárter. Recuérdese la Ley “No Child Left Behind” que firmó George W. Bush en el 2001 y la iniciativa “Race to the Top” de Barack Obama, que en el 2009 entregó miles de millones para impulsar su creación.

La reacción ante la demanda que preparan los distritos no se ha hecho esperar. La Florida Charter School Alliance la criticó fuertemente. "La demanda es un intento por ahogar la elección de los padres y penalizar a las familias que deciden optar por una escuela chárter”, indicó Lynn Norman-Teck, directora ejecutiva del grupo con sede en Fort Lauderdale. “Los dólares para la educación, ya sean asignados por el estado o creados localmente, deben asignarse al niño, para quien están destinados, y no encontrar su camino a los tribunales”.

Por su parte, el gobernador Rick Scott hizo saber su resuelto apoyo a la ley. “Tenemos que seguir asegurándonos de que cada padre reciba la garantía de que su hijo asiste a la escuela que, a su juicio, es la mejor. Y voy a seguir trabajando en eso”, afirmó.

Los defensores de la HB 7069 alegan que existe discriminación contra las chárter, insisten en su excelencia académica y carácter público, por lo que reclaman, en consecuencia, la parte del impuesto sobre la propiedad. Según arguyen ladinamente, las familias que han optado por estas escuelas también pagan impuestos…

Cómoda híbridez

En realidad, la escuela chárter constituye un híbrido entre la escuela pública y la privada. Recibe fondos del estado y del gobierno federal; es gratuita, pero la administra casi siempre una entidad privada, la cual no está obligada a respetar las regulaciones de las juntas escolares. No se somete al escrutinio público e instala juntas privadas que suelen trabajar en el más estricto secreto. Lo más singular y preocupante: escoge con pinzas su alumnado, lo cual representa, de hecho, un potencial de discriminación.

En conclusión, no parece probado su carácter estrictamente público. Según opinión de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), una escuela pública está abierta a todos los estudiantes; rinde cuentas ante juntas que no son nombradas por entidades privadas; no desvía fondos; se adhiere a las normas de responsabilidad aprobadas por el estado, al igual que a las leyes federales sobre derechos civiles. Evidentemente, la NAACP considera que dichas escuelas violan estos sagrados preceptos de legitimidad.

En cuanto a sus resultados, la Florida tiene récord de escuelas chárter clausuradas debido a escándalos, fraude y mala calidad en general. Hasta ahora no existen pruebas de que la instrucción que brindan esos centros sea superior a las escuelas públicas. Con todo, he podido conocer a excelentes maestros que realizan una formidable labor en algunos de esos centros, y a familias que se sienten muy complacidas con los servicios que encuentran allí.

Despojo de autoridad

Lo que escandaliza más a las juntas escolares es que la ley las despoja de la autoridad sobre las escuelas locales, una tradición que se remonta a principios del siglo XIX. En lo adelante una Junta de Tallahassee será la que tomará la decisión sobre cuestiones relacionadas con las chárter, entre ellas su apertura o clausura. Como se ve, la iniquidad puede florecer hasta en los pasillos del templo de Temis y Dice, diosas griegas del derecho y la justicia.

La idea de una escuela gratuita, universal y democrática está profundamente enraizada en la historia y cultura estadounidenses. Por ello la ley HB 7069 constituye una embestida a fondo contra la escuela pública. Esta es por esencia democrática, no solo porque ofrece acceso igualitario y gratuito al pan de la enseñanza, sino porque la entidad que las supervisa, la Junta Escolar, es elegida democráticamente por la población, posee control de los fondos públicos que se le asignan y rinde cuentas ante los contribuyentes.

La opción preferente

Asimismo, la ley HB 7069 es también un nuevo intento, desde el poder, de violar las leyes o de situarse por encima de ellas manipulando el concepto de “school choice”. La idea original de las chárter, como centro innovador y laboratorio creativo, alternativa a la escuela tradicional fue bienvenida en su momento. Nadie se atrevería a cuestionar un proyecto que siguiera patrones de calidad, si este se basa a la transparencia y la igualdad de acceso. Lamentablemente, hasta ahora nada de eso ha sucedido. De ahí la necesidad de mantener la escuela pública como opción preferente y trabajar resueltamente por mejorarla.

Las deficiencias, reales, de la educación pública no deben servir de justificación para que negocios privados medren con el dinero de los contribuyentes. Por lo pronto, estoy seguro de que otros distritos seguirán sumándose a la demanda contra la Legislatura. Siendo Miami-Dade uno de los más grandes del país y el mayor del estado, su incorporación tendrá un gran impacto. El superintendente Alberto Carvalho, quien ha sido un fuerte crítico de la ley, expresó días atrás que confiaba en que Miami-Dade también se les uniría. Así que no hay por qué esperar una decisión diferente de la Junta Escolar.

El autor es periodista y profesor de Nova Southeastern University.

emilscj@gmail.com

http://www.sehablaespanolblog.wordpress.com

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