La explosión del desorden
La oposición aún apuesta a la mediación institucional mientras el régimen procura una relación directa y plebiscitaria con el pueblo

Un error sostenido de diagnóstico y una cerrazón deliberada acerca del peligro geopolítico de la cuestión venezolana y en un contexto de amenazas graves –el narcotráfico y el terrorismo– la han empujado hacia un callejón sin salida. Al término tendrá desenlace, pero no conforme con las recetas de quienes le han rendido culto, guiados por Tom Shannon y desde la oposición democrática junto a su izquierda de cafetín, a la denominada “corrección política”.

Empeñados en sostener tácticas recurrentes de lucha por la libertad, sin narrativas, pero dentro de una perspectiva formal pero irreal, como lo confirma ahora otra realidad cruda y muda, muy real y cabal, la del establecimiento por la fuerza de una narco-dictadura corrupta y totalitaria en Venezuela, todos a uno, los venezolanos, nos encontramos desnudos y huérfanos en medio del camino.

Nos acompaña, es cierto, la comunidad internacional. Lo hace en el momento de nuestra agonía y por una sola razón: Nicolás Maduro acabó con el voto, con la puerta de entrada mínima a toda democracia. De poco han servido las denuncias que ahora valen y salen, pero sólo ahora, para adjetivar a la dictadura constituyente establecida de corrupta y coludida con el negocio de las drogas.

No soy pesimista. La misma dinámica ominosa que nos anega y deprime, que tiene como manifestaciones trágicas, que hasta causan hilaridad mordaz, a la vocinglera narco-constituyente, y a los pescadores del oriente prestos a frenar con sus redes los portaviones del Imperio, generará sus salidas: palabra pecaminosa por “imprudente”. Habrá desenlaces, sí, a un costo mayor, puesto que la enfermedad que mina al cuerpo nacional, por diagnóstico equivocado y la aplicación opositora de menjurjes caseros, casi que le lleva hasta su fatal desenlace.

Desde 2004, con La Nueva Etapa y la enmienda constitucional de 2008, se hace manifiesta la decisión gubernamental de forjar un régimen de comunas, centralizado y personalista, que de entrada acabe con el principio de la alternabilidad democrática: extraño al mando de los cárteles y para la gestión de sus asuntos criminales. Y desde entonces, sobre todo a partir de 2010, toma pulmón el uso a propósito de la Justicia – confiscada desde la Constituyente de 1999.

Esa verdad se ha venido consolidando. Ha adquirido contornos precisos, pues la institucionalidad formal, agotada desde 1998, mal podía oponer resistencias efectivas ni ser capaz de resolver el problema de la anomia dominante y su sucesiva explotación por traficantes de ilusiones de nuevo cuño.

La oposición, no obstante, aún apuesta a la mediación institucional mientras el régimen procura una relación directa y plebiscitaria con el pueblo. En tanto que aquélla aboga por la separación de poderes, Chávez antes, con su carisma y Maduro ahora, con armas y drogas, empujan la idea de la unidad personal del poder. Mientras el último, con sus escribanos, hace de la legislación una mentira y una jungla, los opositores continúan en su fe religiosa constitucional, a pesar de ser, el texto de 1999, el “pecado original”. Y mientras mantienen su rezo a la identidad en la ciudadanía y dentro de sus partidos, poco a poco el régimen fragua una identidad comunal alternativa, de nichos primitivos, sobre lo real y palpable, la anomia: afrodescendientes, ambientalistas, indigenistas, colectivos, frentes, milicianos, y párese de contar.

Dentro de tales perspectivas, que se excluyen recíprocamente, los intentos de diálogo estaban condenados al fracaso. La oposición los asume como desiderátum, pero no el gobierno, que los dispone como táctica disuasiva y atemperadora de los ánimos encrespados y vence, por realista y por falaz; al caso, apenas dispuesta a soltar mendrugos –gobernaciones y alcaldías– que no amenacen al poder central y personalizado de Cilia, los Cabello, El Aissami, los Rodríguez, y párese otra vez de contar.

Una vez como Maduro asume el poder en litigio que hoy resuelve, en apariencia, la narco-constituyente dictatorial, los andamiajes anteriores y simulados, ahora sí, se van al basurero y sobreviene la explosión del desorden, en uno y en otro bando. En conclusión, sólo adquieren eficacia, en lo adelante, los poderes fácticos, susceptibles de torcerle el brazo o no al saldo de la experiencia revolucionaria construida durante casi cuatro lustros: el Cártel de los causahabientes y de los sobrinos, adueñados de la franquicia sin músculo social que es la República.

La controversia “institucional” nacida de la elección del 6D, que otorga la mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional a la oposición y desata la locura del régimen, ha sido ajena o accidental a la verdad invertebrada del país –el rompecabezas– que sólo se mueve electoralmente según el dolor de los estómagos. De allí que la dinámica institucional, por esto y por lo anterior, se viese neutralizada (TSJ vs. Asamblea) como ejercicio retórico de burócratas, sin efectos social e internacionalmente movilizadores; tanto como debilita aún más a quien no detenta poderes reales, a saber, la oposición formal (MUD/Asamblea).

Lo objetivo es que Venezuela vive bajo el secuestro de un grupo delictivo, en medio de un desmembramiento cabal, hambrienta y débil, sicológicamente trastornada. Y su solución o salida, querámoslo o no, es, ya es, punitiva y tutelada; depende de verdaderos expertos en negociación policial y reeducación de víctimas. A menos que ocurra un milagro.