Soy un simple profesor y desde tiempo inmemorial –medio siglo que recuerde– un columnista de opinión, ajeno a las ciencias ocultas. No sé, pues, qué se nos viene encima a los venezolanos al final de esta dura lucha contra la represión más desalmada que conozcan nuestros anales patrios. De nada ya sirven las reglas de la política o la historia, pues la lógica de la dictadura transita mejor por los predios de lo policial.

Algo me tranquiliza, a saber, que la mayoría determinante, macerada en el dolor y en las carencias que nos son comunes desde que se instalara la mal llamada revolución, ha alcanzado el territorio de lo transcendente. Todos a uno hemos abandonado el miasma de la cotidianidad que nos mantiene bajo secuestro y quizás tapándonos las narices por su aún cercanía miramos finalmente hacia el horizonte, con nombre de libertad.

Venezuela renace de sus cenizas y –no exagero al decirlo– observa éstas para hacer memoria de un sentir propio que se hizo subterráneo sin perderse y da razones suficientes para rescatar una identidad germinal que han silenciado las espadas y sus cuarteles; que nos permite avanzar hacia una obra de recreación democrática con las seguridades de su éxito.

Releo a El Publicista de Venezuela, que circula en 1811, nuestra hora inaugural. En sus páginas consta que el Congreso General de Venezuela, en su sesión legislativa establecida para la provincia de Caracas, declara que el olvido y desprecio de los Derechos del pueblo, ha sido hasta ahora la causa de nuestros males; por lo que se declara convencido que, antes de formar una Constitución, debe prescribirse: (1) la residencia imprescriptible, inajenable e indivisible de la soberanía en el pueblo, en su conjunto, no en sus partes; (2) la voluntad del pueblo como única que otorga legitimidad y legalidad a los gobiernos, que han de ser temporales; y (3) la igualdad fundada en la ley y en la compatibilidad de los actos del gobierno y los magistrados con el respeto, ora de la soberanía, ora de los mismos derechos del hombre.

A guisa de dicha lectura me encuentro con el debate de competencias en el que se cruzan nuestros primeros poderes en sus fases de transición, a cuyo respecto la claridad de miras de nuestros Padres Fundadores es proverbial: “Si el Poder Legislativo dictase una ley, y el Poder Ejecutivo no administrase y gobernase por ella, no negaría el Poder Judicial, que éste se excede”. Mas a pesar de esa independencia con que efectivamente deben obrar los tres Poderes en sus respectivos ramos –rezan las actas de entonces– “están recíprocamente sujetos a la observación de sus operaciones, para que ninguno traspase la línea de su autoridad; y si como quiere el Poder Judicial, no pudiesen los demás censurarle sus juicios, y contenerle, sería el más déspota de los tres”.

La preeminencia actual del irrespeto a la Constitución y la ley por el Gobierno y los jueces ha llegado a límites, por lo visto, hoy irreconocibles para nuestra auténtica tradición republicana, incluidos los tiempos en los que los militares hacen valer la ley de la fuerza, pero cuidan de las fórmulas sacramentales. Esta vez los corifeos togados, antes bien, elaboran panfletos que mejor hablan de culto a la mentira, de la impudicia desembozada desde el poder que ya no encubre sus felonías, ora contra el soberano, ora contra los derechos esenciales del ser humano.

En este punto, por mirar u otear el bosque, no el árbol que tapa nuestra vista, considero de valor extraordinario el comportamiento republicano que en la circunstancia agonal del país despliega la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Ha dejado los odres del narcisismo y la enajenación revolucionaria para casi decir, cambiando lo cambiable, lo que diría el ex presidente Álvaro Uribe: ¡La revolución sí, pero no así!

De modo que, al pedirle al procónsul Maduro suspender su adefesio de “constituyente comunal”, acepte se pronuncie la soberanía popular de un modo cabal, y aceptar un diálogo que asegure la paz y tranquilidad en Venezuela, acaso hace lo que le corresponde hacer –sin que concite admiración– a cualquier titular del Ministerio Público en una democracia. ¡Que lo haga bajo la dictadura, traicionándola, en medio de la violencia sin Constitución ni respeto por la vida que secuestra al país, reclama reconocimiento, pues lo relevante es que salva con su hacer el catecismo raizal de la patria.

Una corrección o precisión si exige su invitación al diálogo, que es una mala palabra en Venezuela.

Vaclav Havel, quien sabe y conoce a cabalidad de transiciones hacia la democracia desde el comunismo, distingue bien al efecto: “Si la humanidad ha de sobrevivir… el orden… debe ir acompañado por un respeto mutuo y sincero… de buscar y encontrar aquellos valores o imperativos morales básicos que tienen en común [las distintas culturas, naciones, o personas]”; pero, asimismo, se debe confrontar el mal desde su seno, de lo contrario debe eliminarse por la fuerza”.

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