Si los máximos exponentes del régimen cubano pensaban que el nacimiento de una comisión fiscalizadora de los delitos de lesa humanidad del castrismo era un esfuerzo inocuo, que no tendría un futuro prometedor, estaban completamente equivocados.

Desde que se anunciara a finales de marzo pasado la creación de ese comité que integran políticos, activistas y exfuncionarios públicos de 10 países, hecho que le da un carácter de imparcialidad, la misión que persiguen los auspiciadores de ese organismo multilateral comienza a arrojar resultados esperanzadores.

El primer paso de la comisión fue recibir lo que bien podríamos llamar una bendición de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el exministro uruguayo Luis Almagro, ensalzó el propósito de investigar, documentar y encauzar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes más atroces que tienen la innegable rúbrica del castrismo.

Por ejemplo, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el hundimiento del remolcador “13 de Marzo” y la muerte del opositor Oswaldo Payá, quien perdió la vida en un trágico “accidente” de carretera en el que se presume la participación del régimen, son algunos de los casos históricos que esta comisión no gubernamental espera que sean juzgados.

Pero ya pasando de la retórica a los hechos tangibles, en un acto que reviste una importancia singular, la comisión se reúne por primera vez en la sede del Ayuntamiento de Miami, ciudad que es por antonomasia la sede del exilio cubano a nivel mundial, por aglutinar a una creciente comunidad procedente de La Mayor de las Antillas.

En esencia, la sesión constituye un primer ejercicio para organizar expedientes y recabar pruebas dentro de los procesos que, en fechas por definir, serán presentados ante instancias judiciales, como la Corte Penal Internacional, en procura de fallos y penas ejemplarizantes.

La meta que se persigue abre la oportunidad de desnudar las barbaridades cometidas por un régimen en contra de su pueblo y se convierte en el motor de una impresionante maquinaria jurídica que no debe parar hasta que se determinen responsabilidades y, de alguna forma, pueda resarcirse a los miles de cubanos victimizados a lo largo de 58 años de dictadura.

Los primeros pasos en ese sentido muestran una firmeza tal que llena de ilusión y optimismo a quienes ven en la democracia y la justicia el mejor de los antídotos para combatir los desafueros cometidos por una elite familiar y militar, que ha doblegado a un pueblo entero por sus ansias de poder desmedido.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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