El deterioro político, económico e institucional de Venezuela es tan profundo que los expertos consideran que a partir de un cambio se requerirán varios años e inversiones de miles de millones de dólares para comenzar la reconstrucción del país.

Ya al Gobierno de Nicolás Maduro no lo consideran un régimen fallido sino que comienza verse como un Estado que convive con el crimen organizado.

Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, está proponiendo que al presidente venezolano le sea aplicada la Convención de Palermo. “Se ha constituido en una organización de delincuencia organizada”, señala el director de ese instituto, uniéndose a otras autoridades de diversos países y organizaciones de Derechos Humanos que están alarmados por los niveles represivos y de corrupción que ha alcanzado el sucesor de Hugo Chávez en tan solo tres años.

Aplicar ese mecanismo aprobado en el año 2000 por las Naciones Unidas para combatir la “Delincuencia Organizada Trasnacional” implicaría medidas directas contra figuras gubernamentales a las cuales podría despojárseles de inmunidad diplomática y ser enjuiciados al pisar tierra extranjera.

Si bien este tipo de medidas tienen su efecto directo contra gobernantes corruptos y dictatoriales y aislar aún más a los gobiernos trasgresores del derecho internacional y las libertades en sus países, ello trae como consecuencia igualmente el aislamiento de sus ciudadanos, de su economía y mayores restricciones a la vida democrática del país.

La reacción, tal como está ocurriendo en Venezuela, es que sus cúpulas señaladas internacionalmente, en algunos casos solicitadas por tribunales internacionales, toman medidas más severas contra quienes se oponen al régimen y contra la población.

Los procesos militares y la persecución de dirigentes políticos se han incrementado sustancialmente, incluso a partir de la suspensión de las acciones de calle de la oposición y el llamado a elecciones regionales.

La inhabilitación de alcaldes y dirigentes opositores se profundiza. Operaciones para sacar del juego a activistas, como fue el caso contra Lilian Tintori, que todo indica que le montaron una operación con el caso de los 200 millones de bolívares (10 milo dólares).

A ello se agregan confiscaciones de pasaportes y apertura de juicios sin debido proceso, que ahora, desde la nueva Fiscalía tomada ilegalmente por la Asamblea Constituyente, están a la orden del día.

El cerco internacional ha obligado al Gobierno a profundizar el cierre de medios de comunicación como ocurrió recientemente contra dos emisoras emblemáticas del país y emisoras independientes en las principales ciudades de la provincia. Asimismo se han bloqueado emisores internacionales, especialmente las de Colombia que son muy seguidas en Venezuela.

Periodistas de investigación del portal Armando.Info fueron amenazados por publicar casos de corrupción que llegan directamente a Nicolás Maduro y sus familiares, además de otros temas que implican a altas autoridades del gobierno “socialista”.

Ahora, desde la Constituyente, se promueve ilegalmente una Ley contra delitos de odio que convertirá en política de Estado detener a cualquier ciudadano que opine o publique en las redes o medios, información adversa a cualquier figura del gobierno, sus familiares o allegados.

De allí pues que la opinión pública internacional, la ONU, la OEA, la Unión Europea, ex presidente, el gobierno y autoridades de EEUU y prestigiosas ONG de Derechos Humanos coinciden con el director de Institute for Democracy que señala hay que “dejar de tratar a las personas que tienen el poder como “sujetos políticos para tratarlos como delincuentes”.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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