Las medidas de signo autoritario, tomadas por el gobierno turco han abierto un debate en torno a la cuestión de si hubo o no un intento de golpe de Estado el pasado 15 de julio, o fue el pretexto que necesitaba el presidente Recep Tayyip Erdogan para llevar a cabo una implacable cacería de brujas en el país.

Durante las últimas semanas, la comunidad internacional ha presenciado de forma desconcertada las sucesivas maniobras del régimen turco para acumular poder mediante la suspensión de libertades fundamentales, haciendo uso de un discurso político autoritario, nacionalista y cada vez más conservador.

Tras la detención de más de 60.000 profesionales -funcionarios, militares, intelectuales, profesores, jueces o abogados- que han sido arrestados o retirados de sus puestos de trabajo, el ejecutivo de Erdogan anunció posteriormente el cierre de más de 130 medios de comunicación, entre ellos 45 diarios y 16 canales de televisión, algunos de ellos ubicados en zonas de mayoría kurda, y sorprendentemente un canal infantil, Yumurcat TV, en cuya programación destacan emisiones de corte religioso.

En un nueva vuelta de tuerca, el gobierno turco ha ordenado también por decreto destituir a 149 generales y almirantes más, el 40 por ciento de todos los militares de ese rango. En total, el número de militares expulsados del cuerpo, como consecuencia del estado de emergencia proclamado tras el supuesto golpe militar, alcanza 1.684 personas, y el grueso pertenece al Ejército de Tierra, con 87 generales, 726 oficiales y 256 suboficiales expulsados.

El presidente Erdogan deberá ahora presentar pruebas de que el predicador Fetullah Gülen, residente en Estados Unidos, es responsable del intento de golpe de Estado, como así lo ha reiterado, además de demostrar que algunos países extranjeros podrían estar detrás de la asonada golpista, una acusación con la que el mandatario turco ha justificado su escalada represiva.

Los partidos opositores consideran peligroso para la democracia laica la dimensión y naturaleza de la violencia desatada por el régimen de Erdogan. Por lo visto, en los últimos años, más parece que la amenaza real para Turquía venga de una radicalización del nacionalismo islamista decidido a penetrar y moldear la vida del país (un estudio de European Council on Foreign Relations lo advierte en el estudio “La guerra en Siria y la erosión de la estabilidad en Jordania, Líbano y Turquía”), y no de las contrareformas llevadas a cabo por un gobernante autócrata, que ahora ha vuelto a amenazar a quienes no comparten su ideario.

No es un secreto. Desde su llegada al poder, cuya trascendencia excede el ámbito del país musulmán, Erdogan se ha dedicado a descabezar al ejército y a arrinconar a los intelectuales laicistas, a quienes considera sus principales enemigos reales e ideológicos. En una primera etapa, su ejercicio arbitrario fue bien estudiado para no levantar sospechas de tentativa de golpe contra las libertades o decretazos propios de los gobiernos intervencionistas y autoritarios.

Pero esta vez Erdogan se ha quitado la careta. Y si no, que diga y explique las razones reales de la declaración con carácter indefinido del estado de excepción, lo que le concede poderes que le permiten suspender los derechos constitucionales e ignorar decisiones de la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

Los golpes militares -reales o simulados- son problemáticos y aunque casi siempre son respaldados por sectores de la sociedad civil, antes o después de la asonada, ello no puede ser excusa para que el gobierno goce de total autonomía en las decisiones políticas y se erija en juez último de los destinos del país.

Erdongan juega con fuego, dentro y fuera de su nación. Y aunque se repiten los mensajes que advierten de que la situación no puede seguir así, por el grave riesgo que supone para Turquía y para toda la región, el gobernante turco ha insinuado la posibilidad de reponer la pena de muerte contra todo lo que huela a desafío ideológico, lo que acabaría por completo con la posibilidad de que el país euroasiático acceda a la UE.

Los defensores de los derechos humanos en Turquía tienen motivos para estar preocupados. La dinámica política actual se orienta hacia un sectarismo religioso que puede acabar mal: o se vuelve a la normalidad democrática o en el país se impondrá una dictadura, con hegemonía absoluta del islamismo y con evidente tendencia autoritaria.

El agazapado nacionalismo islámico, la amenaza del terrorismo y la cuestión kurda son elementos desestabilizadores que Turquía tendrá que gestionar con sentido de Estado. Y es en este punto donde la Unión Europea y Estados Unidos deberán converger en la misma posición política geoestratégica, sobre la base de una diplomacia exterior que priorice como punto cardinal la defensa y promoción de los derechos humanos, las libertades y el Estado de derecho.

Nadie puede olvidar que cuando comenzó la “primavera árabe”, la Unión reconoció que en el pasado su complacencia con los dictadores islamistas y no islamistas de África y el Medio Oriente no había sido la mejor decisión. A partir de entonces se puso en marcha una diplomacia más pragmática: “Más por más”. Es decir, si hay progresos democráticos habrá más ayuda y más implicación de la Unión.

Hasta ahora, en el caso de Turquía, la práctica de esta estrategia ha brillado por su ausencia. Y deja malherida la política europea para integrar paulatinamente en su sistema de valores a países que siempre han figurado en la órbita de otras potencias que no comparten los valores tradicionales de la democracia.

Se trata, sin duda, de una crisis muy enmarañada en un escenario frágil, dividido entre un Occidente proeuropeo y un Oriente atrapado por el islamismo más fundamentalista. Que de paso ha puesto de manifiesto la incapacidad de los mecanismos de la UE y su falta de eficacia para oponerse resueltamente al acoso del nacionalismo islámico sobre sus antiguos satélites.

En juego está también el papel de EEUU y la UE. El eufemismo ya no es políticamente correcto para desdramatizar una situación en la que se juega el futuro de una nación que debe ser puente para garantizar la convivencia entre culturas y religiones.

En cualquier caso, el equilibrio humanitario y de seguridad depende por completo de la estabilidad política en la frontera de Asia y Europa. Por ello, entregar a los extremistas la dirección de los acontecimientos en Turquía arruinaría la escasa credibilidad internacional de de EEUU y la UE, llamados a soportar los principios democráticos de la comunidad internacional. Pero sobre todo, traicionaría la voluntad soberana de un pueblo que ha batallado mucho para formar parte de un sistema de valores como el que Europa encarna.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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