Un futuro sustentable
Hoy día en Venezuela al igual que en muchos otros países los ciudadanos ven peligrar sus libertades en razón de interpretaciones discrecionales de funcionarios públicos, en clara desviación del principio de la legalidad

La estructura política venezolana se resquebraja frente a nuestras narices, en momentos en que la tecnología de la información alcanza niveles de desarrollo insospechados. Como nunca antes, se nos presenta la extraordinaria oportunidad de modificar el esquema de balances constitucionales para someter el poder político al control civil de una manera sustentable. Llegó la hora de la sociedad civil.

El concepto de Democracia que nació en Grecia entre los siglos VI y V a. C. consistió en la toma de decisiones por la Asamblea del Pueblo y funcionó relativamente bien, en buena medida, gracias a lo reducido de su población. Con el devenir del tiempo y el crecimiento poblacional las dificultades logísticas imposibilitaron su eficacia y derivaron en sistemas, en mayor o menor grado, de corte absolutista (Teocracias, Imperios, Monarquías) que ocuparon los espacios políticos hasta bien entrado el siglo 18 d. C..

El concepto de separación de poderes basado en las ideas de John Locke y desarrollado por Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu en su obra publicada en 1748 “El espíritu de las leyes” ha servido de base al modelo político dominante durante los últimos tres siglos. Su principal bondad, a decir de Montesquieu, es el de establecer “un gobierno de forma tal que ningún hombre tenga miedo de otro”.

El modelo político basado en la separación de poderes le ha brindado al mundo gran estabilidad y le ha permitido a la humanidad el mayor nivel de paz y progreso jamás alcanzado.

No obstante a lo anterior, durante las última décadas se ha comenzado a subvertir el principio de la legalidad, fundamental en toda democracia, conforme al cual a los ciudadanos les está permitido hacer todo aquello que no les esté prohibido expresamente por la ley mientras que a los funcionarios públicos les está prohibido hacer todo aquello que no les esté expresamente permitido por la ley. Este principio obviamente favorecía las libertades civiles y exigía una conducta reglada de los funcionarios públicos.

Hoy día en Venezuela al igual que en muchos otros países los ciudadanos ven peligrar sus libertades en razón de interpretaciones discrecionales de funcionarios públicos, en clara desviación del principio de la legalidad.

La causa de esta tendencia pudiera derivarse de la llamada Ley de Hierro de la Oligarquía formulada por el sociólogo alemán Robert Michel, que se basa en “la contradicción de por qué los partidos políticos, que son las principales instituciones de la democracia, no son organizaciones democráticas”.

El problema inherente de la referida desviación es que los líderes de los partidos políticos terminan configurando una clase política dominante, aceptando su perpetuación, enfermando de poder y beneficiándose del erario público en desmedro de los ciudadanos, confiscando la progresividad de sus derechos y, finalmente, también sus libertades civiles.

La aguda crisis política que confronta Venezuela, la falta de representatividad que siente la inmensa mayoría de sus ciudadanos y la vertiginosa democratización comunicacional producto del desarrollo de la Internet nos muestran a las claras el desgaste y agotamiento del modelo político y la urgencia de su revisión y actualización.

Irónicamente, ese mismo estado de crisis está abriendo una rendija histórica para incorporar al torrente constitucional venezolano los mecanismos de control ciudadano, que minimicen el riesgo de cooptación del resto de los poderes públicos por parte de los gobernantes en el futuro.

Es hora de revisitar el concepto originario de la democracia conforme al cual las decisiones que afectan a la colectividad son adoptadas por el pueblo o por sus legítimos representantes, es hora de volver a valorar las bases civilistas que justifican la Política y también es hora de remozar los principios que la rigen, a la luz de las nuevas realidades y de los avances tecnológicos. Llegó la hora de la sociedad civil.

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