CARACAS.-JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial

El chavismo no prestó atención al refrán popular “Cosa hecha aprisa, cosa de risa”, al realizar en diciembre pasado, en cuestión de días, las polémicas designaciones de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 Ahora las fallas y vicios cometidos por ese apresuramiento, que buscaba remodelar el máximo juzgado antes de que se instalara la nueva Asamblea Nacional dominada por la oposición, serán la razón que esgrimirán sus adversarios para revertirlas.

Así lo dejó en claro el presidente de la Comisión especial que el Parlamento constituyó para estudiar esos nombramientos, el diputado Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela-Carabobo), quien afirmó: “Estamos revisando el acto administrativo que realizó la anterior mayoría oficialista el 23 de diciembre y viendo si el mismo se ajusta a lo que dicen la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ y el Reglamento de la Asamblea en materia de los requisitos para ser magistrado, los procedimientos y los lapsos. Si detectamos alguna irregularidad lo informaremos a la plenaria y ella buscará la vía para corregir el problema (…) Nosotros no vamos a destituir a ningún magistrado”.

Aunque rechazó adelantar cómo podrían corregir el problema, Berrizbeitia confirmó que han detectado vicios. “Logramos conseguir el expediente que utilizó la anterior AN para designar a los funcionarios. Ese expediente no está foliado y le faltan páginas”, comentó, al tiempo que agregó: “No hay un expediente por cada candidato y no están los currículos de ninguno, incluidos los que fueron elegidos, por eso tuvimos que pedírselos al TSJ, el cual no nos ha respondido”.

Acto seguido el legislador denunció que los lapsos previstos en la Ley del Supremo “no se cumplieron”.

La anterior mayoría oficialista designó a los magistrados en una sesión extraordinaria el 23 de diciembre, pese a que la lista con los 328 candidatos fue publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales el 8 de diciembre. La Ley da 15 días continuos desde la publicación de la lista de aspirantes para que los ciudadanos objeten, luego de eso el Comité evaluador debe revisar las impugnaciones y de ser necesario llamar al cuestionado para que responda en tres días. Superada esta etapa se debe remitir la lista al Consejo Moral Republicano, integrado por el Contralor, Defensor del Pueblo y la Fiscal General, para que hagan una segunda selección en un lapso de diez días y solo después la plenaria puede hacer la elección. De haberse cumplido estos tiempos los nombramientos se habrían hecho hacia mediados de enero y por el nuevo Legislativo.

Posibles escenarios

¿Cómo podría la AN sacar a los magistrados? El profesor de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, Tomás Arias; y el también profesor y miembro de la organización Un Estado de Derecho, Luis Herrera Orellana, señalaron dos vías: Anular la designación, aplicando el artículo 90 del Reglamento Interior del Parlamento que le permite revisar sus decisiones y dejarlas sin efecto si detecta que estuvieron viciadas o reformar la Ley del TSJ para aumentar el número de magistrados.

“Todos los actos administrativos son revocables y la designación de los miembros del máximo juzgado es un acto administrativo, no legislativo”, afirmó Arias, quien recordó que en 2004 el chavismo la aplicó cuando revocó la designación del entonces primer vicepresidente del alto tribunal, magistrado Franklin Arrieche, bajo el argumento de que presentó documentos falsos.

En similares términos se pronunció Orellana, quien recomendó a los legisladores optar por esta vía y no por la de modificar la ley para aumentar la cifra de magistrados, porque eso “mantendría la politización en el tribunal, solo que cambiaría de signo y desprestigiaría a la AN, pues las organizaciones de Derechos Humanos que en los últimos han criticado la manera como el chavismo ha metido a sus fichas en el tribunal tendrían que hacer lo mismo con la oposición. Además se convalidarían las irregularidades cometidas en las designaciones de diciembre”.

El miembro de Un Estado de Derecho admitió que dejar sin efecto los nombramientos tiene sus inconvenientes, por cuanto “se abrirían 13 vacantes que no podrían ser cubiertas por los suplentes, cuya elección también fue fraudulenta y posiblemente implique la paralización del TSJ durante un tiempo, pero de eso no se puede culpar a esta AN sino a la anterior”.

Los expertos coincidieron pronosticar que cualquier vía que adopten los diputados será contestada desde el máximo juzgado, en particular la Sala Constitucional, pero lo consideraron inevitable.

“Los vicios cometidos en este proceso son públicos y notorios. Aquí designaron como magistrados a militantes de un partido político y funcionarios de otros poderes que no tienen las credenciales judiciales solamente para asegurarse el control del Poder Judicial”, afirmó Herrera, quien calificó de “prioritario” intervenir al TSJ, así como al Ministerio Público, a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo “si queremos que haya una justicia independiente del Gobierno y de la oposición, que sea un árbitro; y que haya control de los fondos públicos y Derechos Humanos”.

Habrá que esperar hasta finales de febrero para ver qué camino toma el Parlamento, pues para esa fecha la Comisión emitirá su informe, calculó Berrizbeitia, quien aseveró que le darán oportunidad a los cuestionados para que se defiendan.

Algunos de los nombrados

Calixto Ortega. El nuevo magistrado de la Sala Constitucional fue diputado del Movimiento Quinta República y luego del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Posteriormente se desempeñó como encargado de negocios en la Embajada venezolana en Estados Unidos y vicecanciller. El Consejo Moral Republicano objetó su postulación, pero no por sus nexos políticos con el oficialismo sino por no presentar los documentos que sustentaban su currículo.

Christian Zerpa. El flamante miembro de la Sala Electoral fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta el mismo día en que fue designado, incluso votó por el mismo. Esto, pese a que la Constitución y la Ley del TSJ establecen que los magistrados no pueden ser militantes de ninguna organización. Pero además no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución como tener 15 años de experiencia jurídica y académica.

Yván Dario Bastardo. El recién designado magistrado de la Sala Civil no podría ocupar supuesto, pues en 2007 fue destituido de su cargo de magistrado de la Sala 7 de la Corte Apelaciones por órdenes de la Sala Constitucional, la cual lo acusó a él y al ahora también magistrado Maikel Moreno de favorecer a dos acusados de homicidio. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial un abogado que haya sido destituido de su cargo en el Poder Judicial no puede aspirar a otro.

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