La descomposición de un Estado es siempre perjudicial y comprometida. Por eso, la situación en que se ha sumido Brasil, después de que el Senado brasileño apartara temporalmente del poder a su presidenta, Dilma Rousseff, por manejos inadecuados de fondos del Estado y otras anomalías contables, no puede ni debe dejar indiferente a nadie.

La economía más importante de América del Sur, con enormes posibilidades y recursos y un extraordinario potencial humano, sufre una grave desaceleración marcada por un alto déficit fiscal que no sólo provocará que el PIB retroceda 3,45% en 2016, sino que por primera vez desde la época de la Gran Depresión, Brasil sufra dos años consecutivos de recesión.

De la misma forma, la situación política es extremadamente difícil. El país parece perder cada vez más los referentes del Estado de derecho y acomodarse en el caos y en una escala de corrupción que tiene como epicentro la petrolera estatal Petrobras, y que a su vez ha envuelto a las mayores empresas brasileñas de ingeniería y construcción, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y OAS.

Es innegable que un factor esencial de la situación por la que atraviesa Brasil está en la corrupción del Estado y la perversión de las relaciones institucionales y políticas que provoca el tráfico de influencias y que inhibe la inversión del sector privado, alarmado ante la delicada situación política del país.

La serie de errores cometidos en el tratamiento del caso del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva sonroja a cualquier observador de la política. Y a las evidencias del pillaje practicado -con alevosía e impunidad- por influyentes autoridades y funcionarios del Partido de los Trabajadores (PT), se suman las irregularidades que se investigan sobre Dilma Rousseff, una avalancha que no deja de crecer y que pone en entredicho la credibilidad de la política brasileña.

La cascada de casos judiciales por presunta corrupción revela también la falta de voluntad o capacidad, o ambas cosas, por parte de la clase política para crear un consenso nacional imprescindible en la lucha contra una catástrofe que amenaza a la propia existencia del gigante sudamericano.

Desde luego, a este objetivo no favorece la sinuosidad en su cargo del presidente Michel Temer, que no cuenta tampoco con crédito interno ni externo para encabezar lo que tiene que ser un amplio programa de reformas y de regeneración interna contra la corrupción, después de que el periódico ‘Folha’ de S. Paulo publicara este lunes una grabación del nuevo ministro de Planificación, Romero Jucá, senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en la que avisaba que la salida del poder de Dilma Rousseff contribuiría a aquietar las investigaciones anticorrupción que se centran en el caso Petrobras, y que salpica a varios partidos, incluido el del presidente Temer.

La credibilidad del nuevo gobierno, tras las explicaciones y rectificaciones dadas sobre las conversaciones de Jucá con Sergio Marchado, expresidente de Transpetro, una empresa subsidiaria de Petrobras y recomendado para el puesto por el PMDB, está por los suelos. La mala gestión de algunos de los casos recientes y más sonados de corrupción que relacionan también a dirigentes de su partido, debería hacer reaccionar a Temer con celeridad.

A estas alturas, se puede concluir que el gobierno brasileño no ha dicho toda la verdad. Miembros claves de su gabinete como son los casos de Alexandre de Moraes (Ministerio de Justicia), Carlos Henrique Sobral (jefatura del Gabinete de la Secretaría del Gobierno), Gustavo do Vale Rocha (secretaría de Asuntos Jurídicos) y Marcelo Ribeiro do Val (asesor en la Abogacía General de la Unión) poseen relaciones con Eduardo Cunha, el expresidente del Parlamento brasileño, acusado de tener cuentas millonarias secretas en Suiza, teóricamente con fondos que provenían de la trama corrupta de Petrobras.

En contra del sentido de Estado y del compromiso democrático, el ejecutivo en lugar de subsanar los errores cometidos desde un principio, intenta desde hace semanas esquivar el problema de fondo, jugando con informaciones opacas,  haciendo declaraciones ininteligibles, sin abordar el problema de frente. La justicia no puede trabajar a impulsos de las estrategias del que gobierna.

De ser así, todos tienen en común el desprecio al Estado de derecho. Por eso, si los políticos y las instituciones brasileñas no demuestran con firmeza que no comparten tal ofensa, la democracia y el Estado seguirán esta carrera suicida que paga la sociedad entera.

Es necesario que el presidente Michel Temer afronte cuanto antes con consistencia no solo el turbio asunto de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), sino sobre todo el impulso necesario para una regeneración democrática de toda la clase política, incluida su agrupación política, y del tejido institucional del país.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

 

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