Mientras comienzan los anuncios de aspiraciones políticas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020, se mantienen los argumentos de debate que siempre son utilizados como fortaleza por cada candidato.

Desde Norteamérica se sigue observando la inmigración ilegal como un asunto por resolver y que sigue pendiente durante décadas. Y como se trata de un problema que arrastra calor extensivo en Washington, hay gobiernos del hemisferio que insisten en rescatar el carácter atractivo de sus naciones, desgastados por vicios políticos anclados.

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En el Triángulo Norte, encabeza el Gobierno de Honduras la iniciativa de un planteamiento sensato para repatriar a esos migrantes que atravesaron kilómetros de sacrificio para llegar a Estados Unidos y deben regresar por el vencimiento del Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés.

El presidente, Juan Orlando Hernández, se ha reunido en febrero con legisladores estadounidenses de ambas cámaras, quienes atienden la inquietud binacional sobre el casi inminente retorno de más de 50.000 hondureños a su tierra natal, tras la expiración de esta herramienta inmigratoria.

En este encuentro de alto nivel sostenido por el mandatario hondureño y parte de su gabinete, estuvieron presentes los senadores demócratas Tom Carper y Jeff Merkley, los representantes de la Cámara Baja; Lou Correa, Don Beyer, Lisa Blunt Rochester y Donald Norcross, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Lawrence Gumbiner, Erick Hanson, consejero legislativo militar y Mazin Alfaquih, consejero político.

Como lo ha reiterado Juan Orlando Hernández, desde comienzos de 2018, el Gobierno de Honduras ha trabajado en exponer un “enfoque más comprensivo” de esta migración, insistiendo en que se trata de una comunidad trabajadora, cuyos integrantes tienen casi dos décadas en Estados Unidos.

Sin desprenderse de una solución para una permanencia legal de los hondureños, ese país está trabajando por lograr condiciones dignas y competitivas para quienes deban regresar. Sin embargo, la delegación estadounidense se ha llevado una exposición real sobre las expectativas de alcanzar un planteamiento coherente, de cara a las soluciones para enfrentar un alivio inmigratorio para centroamericanos.

A pesar de los duros tiempos para el inmigrante en Estados Unidos, la insistencia del Gobierno de Hernández, no solo en Honduras, sino a través de distintas misiones en Washington, conlleva al sostenimiento de esa esperanza para un final feliz de esa incertidumbre de los “tepesianos”.

No en vano, este Gobierno ha reforzado el mensaje de la Fuerza de Tarea de Atención al Inmigrante para concientizar a los padres y familiares de menores sobre el peligroso tramo hacia Estados Unidos, a través del istmo.

La legalidad de los hondureños en territorio estadounidense es compromiso adquirido por este mandatario, quien ha reafirmado esa voluntad, sobre todo durante la actual administración en la Casa Blanca. Sin embargo, aún resta mucho camino por recorrer hacia una llegada en la meta aspirada.

Lo cierto, es que el intercambio de ideas entre la delegación demócrata y diplomática estadounidense con el Gobierno de Honduras, denota la atención que requiere un asunto en progreso, que difícilmente se resolverá con una deportación casi imposible de ejecutar, por los miles de involucrados, solamente al contar a los inmigrantes hondureños. En resumen, el asunto esta vigente.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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