En caso que la oposición venezolana logre recabar firmas equivalentes a 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral, la consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro no podrá realizarse antes del primer trimestre del año 2017, lo que implica que en caso de que sea revocado de la Presidencia asumiría la conducción del país (hasta enero de 2019) quien para el momento de la consulta popular ocupe la Vicepresidencia Ejecutiva del país.
No obstante, este escenario implica que el CNE tomará todo el tiempo posible previsto en sus normas para organizar el revocatorio, escenario que técnicamente aún podría cambiar.
Por otra parte, la decisión tomada por las rectoras electorales Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio de habilitar entre el 26, 27 y 28 de octubre 1.356 centros de votación en todo el país en los cuales funcionarán 5.392 equipos de identificación biométrica provocará que dos de cada tres venezolanos dispuestos a firmar por el revocatorio contra Maduro no puedan hacerlo.
Según el último estudio de Venebarómetro, el 58% de los venezolanos están muy dispuestos a firmar ante el CNE para que se realice una consulta popular sobre la continuidad de Maduro. Esto significa que hasta 11 millones de venezolanos podrían avalar la consulta popular. Si embargo, la infraestructura técnica que el CNE acordó desplegar durante la última semana del mes de octubre solo permitirá que 4.416.048 personas firmen contra Maduro (si se considera que 273 personas puedan firmar diariamente en cada una de las mesas dispuestas para recolectar las firmas como ocurrió durante la etapa del 1%).
El artículo 72 de la Constitución Nacional establece como requisito para la activación de la consulta popular que esta sea avalada por el 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral, lo que implica que al menos 3.893.129 ciudadanos deben firmar e identificarse biométricamente respaldando que se realice esta consulta.
Algunos técnicos electorales de la oposición aseguran que el promedio diario de firmantes podría elevarse hasta 400 personas diarias por cada mesa de recolección habilitada. Si se cumple este pronóstico entonces 6.470.400 personas estarían avalando el referendo revocatorio contra Maduro.
No obstante, también podrían reproducirse los problemas detectados en el estado Nueva Esparta durante la etapa del 1%, cuando apenas 175 personas lograron validarse diariamente en cada equipo captahuellas desplegado por el CNE. Si los problemas de esta entidad se proyectan al proceso de recolección del 20%, apenas estarían firmando por el revocatorio 2.830.800 personas.
La posibilidad de cumplir con el requisito del 20% se complica aún más por la exigencia de las rectoras electorales de hacer proporcional a los 23 estados del país la recolección de manifestaciones de voluntad, esto significa que la oposición debe contar con el apoyo de 20% de los electores inscritos en cada estado, en caso que no se cumpla con esta couta en alguna entidad se daría por finalizado el trámite del referendo revocatorio presidencial.
A esta exigencia se une una distribución sesgada de los centros de votación habilitados para el proceso del 20%. El análisis preliminar de la distribución geográfica de los 1.355 centros de votación que se usarán en esta etapa indica que 60% se encuentran en zonas de baja densidad electoral y ubicados en jurisdicciones con resultados electorales favorables al chavismo. Esta particular distribución hará aún más compleja la movilización de electores para validar la convocatoria de un referendo revocatorio contra Maduro.