
La Carta, es la espina dorsal jurídica de la OEA para proteger la democracia en la región, que contempla como último recurso la suspensión de un Estado
La Organización de Estados Americanos (OEA) inició este martes su sesión sobre Venezuela gracias al apoyo de 20 de los 34 países miembros, donde analiza, como único punto del orden del día, la situación en el país sudamericano.
La sesión se inició dos horas más tarde de lo previsto, después de que Venezuela, con el apoyo de Bolivia y Nicaragua, tratara de impedir la celebración alegando que la reunión viola el principio de "no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros".
Para celebrar la sesión eran necesarios 18 votos y hubo 20, ya que Belice y Guyana se sumaron a los 18 países que habían solicitado la sesión: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica.
Se abstuvieron Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago, y hubo una ausencia, la de Granada.
El nuevo embajador de Venezuela ante la OEA y viceministro para América del Norte, Samuel Moncada, calificó la sesión como "una flagrante violación de los principios de la organización".
Su argumento es que es un "acto grotesco de presión" y tiene "carácter intervencionista", además de que "viola" el artículo 1 de la Carta de la OEA, que indica que ninguna de sus disposiciones autoriza a la organización "a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros".
El responsable de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, aclaró sin embargo que "los Estados tienen derecho a plantearle al Consejo Permanente los temas que deseen".
Tras la votación se inició una reunión de la que se espera un debate abierto sobre la situación en Venezuela y, si se reúnen los apoyos, una declaración que pide que la OEA siga "examinando distintas opciones para lograr el restablecimiento de la normalidad democrática dentro del marco constitucional venezolano".
El texto, al que tuvo acceso Efe, solo tiene tres puntos y no incluye las demandas de fijar un calendario electoral, liberar "presos políticos" y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, que sí recoge la declaración conjunta que publicaron el pasado jueves 14 países.
Para que el nuevo texto, que circula ahora entre las delegaciones, se apruebe, son necesarios al menos 18 votos, la mayoría simple de los 35 Estados miembros (Cuba pertenece a la OEA pero no participa desde 1962).
La decisión final de la OEA, el único organismo que reúne a todos los países americanos, podría llevar a la suspensión de Venezuela del ente, por mayoría (18) en una sesión extraordinaria convocada por la presidencia de turno del Consejo Permanente.
Para que se inicie la aplicación de la Carta Democrática, al menos 18 países deben votar a favor de declarar que en Venezuela “hay una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”, algo que Almagro respaldó el viernes cuando pidió a los países ir más allá y dar un ultimátum al presidente Nicolás Maduro: si no convoca elecciones en un mes, se suspenderá a Venezuela.
La Carta, es la espina dorsal jurídica de la OEA para proteger la democracia en la región, que contempla como último recurso la suspensión de un Estado. Para suspender a Venezuela habría que llegar hasta el final del proceso gradual que se inicia con la aplicación de la Carta Democrática.
Tendría que aprobarse con 18 votos que “hay una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”, algo que Almagro afirmó ya en su informe del 30 de mayo pasado para invocar la Carta.
Paralelamente, 15 exjefes de Gobierno y Estado Iberoamericanos, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y Las Américas ( IDEA), han dado su apoyo a las gestiones realizadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y en especial a su informe enviado al Consejo Permanente del organismo, el pasado 14 de marzo.
En el documento sobre Venezuela, Almagro enfatiza el fracaso del diálogo llevado a cabo bajo la égida de José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, y en donde además presiona por la realización de elecciones generales completas, con plenas garantías, para asegurar el regreso de la democracia a la nación sudamericana.