martes 19  de  marzo 2024
Trata de personas

Desarticulan grupo criminal dedicado a explotar a nicaragüenses en España

Las autoridades identificaron a 50 mujeres víctimas de esclavitud desde 2016, con las que habrían obtenido beneficios superior a los 750.000 euros

HUESCA - La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación Ayote, desarticuló a un grupo criminal de origen nicaragüense que se había especializado en la trata de personas de dicho país para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia, y cuyas dos bases de operaciones estaban establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca.

Los miembros de este grupo actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada y han sido detenidos todos los integrantes, en concreto, cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Huesca en una nota de prensa.

Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.

A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

MÁS DE 750.000 EUROS EN GANANCIAS

La Guardia Civil ha identificado a un total de cincuenta mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros.

El grupo criminal sometía y controlaba a todas sus víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.

Además, los productos básicos de primera necesidad que la responsable del grupo recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria los vendía a sus víctimas a precios abusivos llegándoles a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.

Las víctimas interceptadas en el aeropuerto de Madrid fueron trasladadas a Logroño e informadas de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.

MODUS OPERANDI

Los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España.

Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban mil euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.

Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado, advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.

La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas.

A final de mes los demandantes pagaban directamente a las víctimas en negro y estas entregaban a la organización el 85 por ciento del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.

Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un 20 por ciento de intereses, lo que suponía que la deuda no disminuyese, sino todo lo contrario, se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las víctimas más atadas a la organización.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, colaborando en la misma sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.

FUENTE: EUROPA PRESS

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