José Rolando Casares es una de las últimas víctimas del régimen cubano. En pleno siglo XXI ha sido condenado a trabajos forzados. Su delito: “atentado” y “desacato a la figura de Fidel Castro”.
El 14 de julio de 2016, José Rolando Casares y su esposa, Yamilka Abascal Sánchez, fueron interceptados por oficiales de la Seguridad del Estado cuando se dirigían a una reunión en La Habana de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), organización a la cual pertenecen ambos. En la reunión se ultimarían detalles de la campaña Poder Joven, que impulsa la Mesa de Diálogo. En aquel julio de 2016, Casares estuvo preso por varios días en San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, y de ahí provienen los presuntos delitos de “atentado” y “desacato a la figura de Fidel Castro”.
En aquel momento, activistas de la oposición cubana argumentaron que se violaba la Ley de Procedimiento Penal que estipula 72 horas para las detenciones sin acusación fiscal. A Yamilka Abascal se le comunicó que podían mantenerlo detenido hasta por 96 horas.
Una alternativa
Casares se ha negado a cumplir la condena a trabajos forzados del Tribunal Municipal de San Juan y Martínez. Y el régimen cubano ha dictaminado que entonces deberá pasar cinco años en la prisión provincial de Pinar del Río, conocida como Kilo 5.
DIARIO LAS AMÉRICAS ha establecido contacto telefónico con Casares, quien explica que el pasado 24 de mayo fue coaccionado por representantes de la Federación de Mujeres Cubanas, de Prevención, del Poder Popular y del Partido Comunista. Estaban también el jefe de sector de la policía, y la persona que dirige el centro de trabajos forzados a donde quieren enviarlo. El régimen castrista no cede y lo quieren internar en un centro de construcción civil, pero el activista de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana se sigue negando.
Casares y su esposa tienen tres hijos: Jennifer de la Caridad, de un año y siete meses; Cristian David, de 5 años; y José Alejandro, de tan solo un mes de nacido.
A los represores del régimen cubano poco importa la situación familiar del opositor. Su esposa ha sido también condenada a dos años de prisión domiciliaria. “Me amenazaron con que el próximo martes 6 de junio debo presentarme para comenzar con los trabajos que estipula la condena”, añade Casares. “Si no lo hago, pues iré por cinco años a la prisión provincial de Pinar del Río”.
El Directorio Democrático, organización del exilio cubano en Miami, ha denunciado el caso del matrimonio a la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo.
René Bolio, presidente de la Comisión, tras recibir la denuncia declaró que el caso tiene “todos los indicios de constituir un encarcelamiento ilícito y una amenaza de trabajo esclavo, ambos crímenes de lesa humanidad”.
El abogado Bolio, que reside en México, interrogado por DIARIO LAS AMÉRICAS, aclaró que por ser Cuba les está costando reunir la información para el expediente del caso de Casares y Abascal. “Debemos identificar a los oficiales que participaron en la detención, sus cargos, circunstancias, fotografías, videos”.
Viejo método
La condena a trabajos forzados ha sido desde 1959 un método practicado por el castrismo para castigar a desafectos o “desviados ideológicos”.
El cubanoamericano Joseph Tahbaz explica el funcionamiento de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en su artículo Demystifying las UMAP: The Politics of Sugar, Gender, and Religion in 1960s Cuba, publicado en Delaware Review of Latin American Studies.
Los campos de trabajo forzado, según Tahbaz, eran el castigo para “universitarios ideológicamente inconformes, sacerdotes, artistas, intelectuales, hippies, marihuaneros, drogadictos, prisioneros políticos, funcionarios acusados de corrupción, emigrantes potenciales, criminales, chulos, campesinos reacios a la colectivización de las tierras, vagos, o trabajadores ilegales por cuenta propia”.
Tras su investigación, el autor concluyó que de los 35.000 reclusos que pasaron por las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, “500 terminaron bajo cuidados psiquiátricos, 180 eligieron el suicidio y 70 murieron por torturas”.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el artículo Demystifying las UMAP: The Politics of Sugar, Gender, and Religion in 1960s Cuba, eran los presidentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) quienes proponían los candidatos a trabajos forzados. De esta forma llegaba a aquellos campos cualquiera que subjetivamente pareciera "antisocial" o "contrarrevolucionario".
