La audiencia de primera declaración del exsecretario presidencial Gustavo Alejos Cámbara, acusado de liderar una red de corrupción en el seguro social de Guatemala, se reanudó este martes encabezada por la jueza Mélida Vásquez.
La audiencia empezó pasadas las 08:30 hora local (14:30 GMT) y en ella la jueza debe decidir si Alejos queda ligado a proceso.
Alejos, quien se presentó este lunes ante el juzgado tras estar dos meses prófugo de la Justicia, está acusado por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser uno de los operadores principales de la red de corrupción "Negociantes de la Salud".
Esta trama, por la que ya fueron enviadas a prisión preventiva 11 personas, presuntamente favorecía a determinados proveedores de medicinas a cambio de comisiones.
Alejos Cámbara, ligado a varias farmacéuticas y exsecretario privado del actual expresidente Álvaro Colom (2008-2012), según las autoridades se "aprovechaba" de la "posición privilegiada" de algunos funcionarios dentro del seguro social e incluso "realizaba gestiones" para que los médicos recetaran "un mismo medicamento".
Alejos está señalado por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo por la parte acusadora.
El MP presentó este lunes varias escuchas telefónicas en las que se ponía de relieve la relación de Alejos con directores y financieros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como su vinculación con varias empresas proveedoras del mismo, como Droguería Colón, Evolución Farmacéutica S,A y Sabiapharma S.A..
Según la acusación, Alejos ejercía de mediador favoreciendo la contratación de estos proveedores a cambio del cobro de comisiones.
Durante su declaración, ofrecida en el Juzgado Sexto Penal, el exsecretario presidencial insistió el lunes en repetidas ocasiones en que no tiene ningún vínculo con ningún directivo, por lo que no existe el delito de tráfico de influencias, y que algunas de las pruebas son "suposiciones" o conjeturas, no hechos.
La red de corrupción, que operaba en el IGSS, fue desarticulada a finales del pasado mes de octubre por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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